Testimonios

Confiera informaciones compartidas por quienes conocen la agenda socioambiental. Autoras y autores como Juliana Santilli, que expone en detalle la agrobiodiversidad y trata de la sostenibilidad y seguridad alimentaria. Abogada y periodista, investigadora colaboradora del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia y doctora en Derecho Socioambiental, Juliana fue promotora del Ministerio Público del Distrito Federal y socia fundadora del ISA. Michele de Sá, doctora en Ecología, docente del Departamento de Ecología y Zoología de la Universidad Federal de Santa Catarina y colaboradora del Instituto Hórus de Desarrollo y Conservación Ambiental, es especialista en especies invasoras y nos trae muestras de un efectivo voluntariado por la biodiversidad. Marcelo Salazar, ingeniero, y André Villas-Bôas, indigenista, ambos asesores del ISA y desde hace años actores fundamentales en la construcción, defensa e implementación de los derechos socioambientales en Brasil, retratan sus experiencias en y sobre la Tierra del Medio.

Varios otros socios comparten con nosotros las iniciativas y desafíos en otras áreas protegidas: en el Parque Estadual del Matupiri, Sergio Sakagawa (jefe del parque de 2010 a 2015 y licenciado en Gestión de Áreas Protegidas), Henrique Pereira dos Santos (PhD por la UFAM) y Juliane Franzen (licenciada por la UFPR); sobre el PARNA Cabo Orange, David Leonardo Bouças da Silva (licenciado por la CDS/UnB e profesor de turismo/hotelería de la UFMA), Nádia Bandeira Sacenco Kornijezuc (Doctoranda CDS/UnB) e Caroline Jeanne Delelis (investigadora colaboradora del CDS / UnB - Embajada de Francia; y respecto del Mosaico en el Bajo Río Negro, Thiago Mota Cardoso (entonces Investigador del IPÊ-Instituto de Investigaciones Ecológicas), además de contenidos sobre poblaciones y territorios tradicionales, servicios ambientales, elementos de la biodiversidad, SNUC y otros.

¿Quiénes son las poblaciones tradicionales?

Autora: Manuela Carneiro da Cunha (Antropóloga, Profesora de la Universidad de Chicago) & Mauro W. B. Almeida (Antropólogo, Profesor de la Universidad Estatal de Campinas) (2010)

El empleo del término “poblaciones tradicionales” es abarcador en su propósito. Con todo, esa amplitud no debe ser tomada por confusión conceptual. Definir las poblaciones tradicionales por la adhesión a la tradición sería contradictorio con los conocimientos antropológicos actuales. Definirlas como poblaciones que tienen bajo impacto sobre el ambiente, para después afirmar que son ecológicamente sustentables, sería mera tautología.

Si las definimos como poblaciones que están fuera de la esfera del mercado, será difícil encontrarlas hoy en día. En los textos jurídicos y académicos se describen en general las categorías por medio de las propiedades o características que las constituyen. Pero las categorías sociales también pueden ser descritas “en extensión” – esto es, por la simple enumeración de los elementos que las componen –. Por lo pronto, hallamos preferible definir las “poblaciones tradicionales” de manera “extensional”, esto es, enumerando sus “miembros” actuales, o los candidatos a “miembros”.

Tal abordaje está de acuerdo con el énfasis que daremos a la creación y apropiación de categorías y, lo que es más importante, apunta a la formación de sujetos por medio de nuevas prácticas.

Eso no es ninguna novedad. Términos como “indio”, “indígena”, “tribal”, “nativo”, “aborigen” y “negro” son creaciones de la metrópoli, son frutos del encuentro colonial. Y aun cuando hayan sido genéricos y artificiales al momento de ser creados, esos términos acabaron siendo a los pocos habitados por gente de carne y hueso. Es lo que acontece, mas no necesariamente, cuando ganan estatus administrativo o jurídico.

No deja de ser notable el hecho de que con mucha frecuencia los pueblos que comenzaron habitando esas categorías por la fuerza hayan sido capaces de apoderarse de ellas, convirtiendo términos cargados de preconceptos en banderas movilizadoras. En ese caso, la deportación hacia un territorio conceptual extranjero, terminó dando como resultado la ocupación y defensa de ese territorio. Es a partir de ese momento que la categoría que comenzó por ser definida “en extensión”, comienza a ser redefinida analíticamente a partir de propiedades. Al comienzo, la categoría congregaba caucheros y castañeros de la Amazonía, expandiéndose hacia otros grupos que van desde los recolectores de berbigão (Anomalocardia brasiliana, variedad de molusco) de Santa Catarina hasta la babaçueiras (relativas al babaçu, Orbignya phalerata) del sur del Maranhão y los quilombos del Tocantins.

Lo que todos esos grupos poseen en común es el hecho de que tuvieron por lo menos en parte una historia de bajo impacto ambiental y de que tienen en el presente interés en mantener o en recuperar el control sobre el territorio que explotan. Y, encima de todo, están dispuestos a una negociación: a cambio del control sobre el territorio, se comprometen a prestar servicios ambientales.

Aun cuando, como trataremos de mostrar, las poblaciones tradicionales hayan tomado a los pueblos indígenas como modelos, la categoría “pueblos tradicionales” no los incluye. La separación reposa sobre una distinción legal fundamental: los derechos territoriales indígenas no son calificados en términos de conservación, incluso cuando se verifica que las tierras indígenas figuran como “islas” de conservación ambiental en contextos de acelerada devastación. Para realzar esa especificidad de la legislación brasileña que separa a los pueblos indígenas de las “poblaciones tradicionales”, no los incluiremos en esta categoría, y usaremos, cuando sea necesario, la expresión “poblaciones indígenas tradicionales”.

Los Pueblos Tradicionales ¿son realmente conservacionistas?

Los enemigos de la participación de las poblaciones tradicionales en la conservación argumentan:

1. que no todas las sociedades tradicionales son conservacionistas;
2. que incluso las que hoy lo son puedan cambiar para peor en cuanto tengan acceso al mercado.

Durante mucho tiempo existió entre antropólogos, conservacionistas, gobernantes y las propias poblaciones un esencialismo con respecto al relacionamiento entre las poblaciones tradicionales y el medio ambiente- Un conjunto de ideas que representan a los grupos indígenas como siendo naturalmente conservacionistas devino en lo que ha sido llamado “el mito del buen salvaje ecológico”¹. Es obvio que no existen conservacionistas naturales, pero aun cuando se traduzca “natural” por “cultural”, la cuestión permanece: las poblaciones tradicionales ¿pueden ser descritas como “conservacionistas culturales”?

El ambientalismo puede designar un conjunto de prácticas y puede referirse a una ideología. Hay, por lo tanto, tres situaciones diferentes que tienden a ser confundidas cuando se utiliza un único término para designar a todas ellas. Primero, se puede tener la ideología sin la práctica efectiva – tratase aquí del apoyo verbal a la conservación –. Enseguida, viene el caso en el que están presentes tanto las prácticas sustentables cuanto la cosmología.

Muchas sociedades indígenas de la Amazonía defienden una especie de ideología lavoiseriana en la cual nada se pierde y todo se recicla, inclusive la vida y las almas. Esas sociedades tienen una ideología de explotación limitada de los recursos naturales, en la cual los seres humanos son los sustentadores del equilibrio del universo, que incluye tanto la naturaleza como la sobrenaturaleza.

Valores, tabús de alimentación y de caza, así como sanciones institucionales o sobrenaturales les proveen de los instrumentos para actuar en consonancia con esa ideología. Se puede fácilmente encuadrar esas sociedades en la categoría de conservacionistas culturales. El ejemplo de los Yagua peruanos viene enseguida a la mente².

Finalmente, se puede tener las prácticas culturales sin la ideología³. En ese caso, podemos pensar en poblaciones que, aunque no tienen una ideología explícitamente conservacionista, siguen reglas culturales relativas al uso de los recursos naturales que, dada la densidad poblacional y el territorio en el que se aplican, son sustentables. Vale observar que, para conservar recursos, una sociedad no necesita evitar por completo la depredación, basta que la mantenga bajo límites. Si una sociedad aprueba la matanza de una bandada de monos, incluyendo a hembras y crías, y si esa masacre, aunque repugnante, no altera el stock de la población, entonces la sociedad no está infringiendo las prácticas de conservación. Lo que se puede preguntar es si los hábitos en cuestión son compatibles con el uso sustentable, y no si ellos son moralmente errados.

Podemos objetar la caza deportiva en nuestra sociedad; el hecho es que las asociaciones norteamericanas en cuyo origen se encuentran organizaciones de cazadores, como la Wildlife Federation, fueron y son importantes para la conservación ambiental. Los grupos indígenas podrían, de la misma manera, conservar y administrar el ambiente en el que viven, con creatividad y competencia.

Con todo, eso no deriva necesariamente de una cosmología de equilibrio de la naturaleza y puede resultar antes de consideraciones vinculadas al deseo de mantener un stock de recursos. De hecho, grupos indígenas e, incluso, alguno de migrantes como los caucheros protegieron y, tal vez, hayan hasta enriquecido la biodiversidad en los bosques neotropicales. Los bosques amazónicos son controlados por especies que controlan el acceso a la luz solar. Grupos humanos, al abrir pequeños claros en la floresta, crean oportunidades para que especies oprimidas ganen una ventana de acceso a la luz solar – al igual que cuando cae un gran árbol⁴.

El segundo argumento propone que, aun cuando las sociedades tradicionales puedan haber explotado el ambiente en forma sustentable en el pasado, las poblaciones de frontera con las cuales interactúan irán a influenciarlas con estrategias miopes en cuanto al uso de los recursos. En ausencia de instituciones adecuadas y poca información sobre oportunidades alternativas, la economía iría a disolver moralmente los grupos sociales, a medida en que jóvenes con espíritu empresarial entrasen en conflicto con las antiguas costumbres y con valores de reciprocidad. Según esta línea de argumentación, aunque la “cultura tradicional” haya promovido la conservación en el pasado, las necesidades inducidas por la articulación con la economía de mercado provocarán inevitablemente cambios culturales y la sobreexplotación de los recursos naturales. De hecho, con certeza habrá cambios, pero no necesariamente sobreexplotación. Pues lo que la situación equilibrada anterior al contacto también implica es que, dadas ciertas condiciones estructurales, las poblaciones tradicionales también pueden desempeñar un papel importante en la conservación.

Balée hace una revisión pormenorizada de las evidencias de que las sociedades amazónicas enriquecen los recursos naturales, sean ellos ríos, suelos, animales o diversidad botánica^{5, 6 y 7}. Lo que este escenario permite reconocer es que la situación cambió y, con ella, la validez de los antiguos paradigmas. Las poblaciones tradicionales no están más fuera de la economía central ni están más simplemente en la periferia del sistema mundial.

Las poblaciones tradicionales y sus organizaciones no tratan solamente con hacenderos, madereros o garimpeiros. Ellas también se tornan socias de instituciones centrales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial o las poderosas ONGs del Primer Mundo. Tampoco el mercado en el cual actúan las poblaciones tradicionales es el mismo de ayer. Hasta recientemente, las sociedades indígenas, para obtener renta monetaria, suministraban mercaderías de primera generación: materias primas como el caucho, la castaña del Pará, minerales y madera.

Ella saltaron a la segunda generación de mercaderías con valor agregado industrial, y mal pasaron por los servicios o mercaderías de tercera generación. Y comienzan a participar de la economía de la información – las mercaderías de cuarta generación – por medio del valor agregado al conocimiento indígena y local^{8, 9, 10, 11 y 12}. Y entraron en el mercado emergente de los “valores de existencia”, como la biodiversidad y los paisajes naturales: en 1994, había compradores que pagaban por el certificado de un metro cuadrado de bosque en América Central, incluso sabiendo que nunca verían ese metro cuadrado.

Vea más sobre este tema en pagos por servicios ambientales.

*Editado a partir del texto “Poblaciones tradicionales y Conservación Ambiental”, originalmente publicado en: “‘Biodiversidade na Amazônia Brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios’. João Paulo Capobianco et al.(org.). São Paulo: Estação Liberdade - Instituto Socioambiental, 2001 (540 pp).

Lea más:

• Decreto Federal Nº6.040 de 7 de fevereiro de 2000 - Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Referencias

1. REDFORD, K.; STEARMAN A. M. "The Ecologically Noble Savage". Cultural Survival Quarterly, v. 15, n. 1, p. 46-8, 1991.
2. CHAUMEIL, J.P. Voir, Savoir, Pouvoir. Le chamanisme chez les Yagua du Nord-Est Peruvien. Paris: Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1983, 352p.
3. GONZALES, N. "We are not Conservationists". Cultural Survival Quarterly, Fall, p. 43-5, 1992, Interview conducted by Celina Chelala.
4. BALÉE, W. Footprints of the Forest Kaapor Ethnobotani, the Historical Ecology of Plant Utilization by an Amazonian People. Nova Iorque: Columbia Univ. Press, 1994.
5. BALEÉ, W. "The Cultura of Amazonian Forests. Advances in Economic Botany", 7, p. 1-21, 1989.
6. ANDERSON, A. B. "Forest Management Strategies by Rural Inhabitants in the Amazon Estuary". In: GOMEI-POMPA, A.; WHITMORE, T. C.; HADLEY, M. (Orgs.). Rain forest regeneration and management. UNESCO, 1991. p. 351-60.
7. KAPLAN, H.; KOPISCHKE, K. "Resource Use, Traditional Technology and Change Among Native Peoples of Lowland South America". In: REDFORD, K; PADOCH, C. (Orgs.). Conservation of Neotropical Forests: Working from Traditional Resource Use. Nova Iorque: Columbia Univ. Press, 1992, p. 83-107.
8. CUNNIGHAM, A. B. "Indigenous Knowledge and Biodiversity: Global Commons or Regional Heritage?". Cultural Survival Quarterly, Summer, p. 1 - 4, 1991.
9. NIJAR, G. S. In Defense of Local Community Knowledge and Biodiversity. Third World Network Paper, 1996, 62 p.
10. BRUSH, S. "Indigenous Knowledge of Biological Resources and Intellectt Property Rights: the Role of Anthropology". American Anthropologist, 95, n. 3, p. 653-86, 1996.
11. CUNHA, M. C. da et al. "Exploitable Knowledge Belongs to the Creators of a Debate". Social Anthropology, v. 6, n. 1, p. 109-26, 1998.
12. CUNHA, M. C. da. "Populações tradicionais e a convenção da diversidade biológica". Revista do Instituto de Estudos Avançados, 1999. (Também publicado por: Populations Traditionnelles et Convention sur la Diversite Biologique: 1'exemple du Brasil. Journal d'Agriculture Traditionnelle et de Botaniq Appliquee, 1999).    

¿Qué son servicios ambientales?

Autora: Henry Phillippe Ibanes de Novion (biólogo y analista del Ministerio del Medio Ambiente) (2010)

Cada año, en todo el mundo, millones de personas que producen alimentos esperan el momento adecuado para plantar sus semillas. Ellos cuentan con la cantidad correcta de lluvia, para llenar los ríos, que a su vez llevan los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan.

Ellos también cuentan con la ayuda de abejas, mariposas, colibríes y muchos otros animales que transportan el polen de cada una de sus plantas, fertilizándolas y propiciando su fructificación. Si va todo bien y no llueve de más - lo que podría inundar su plantación - o no llueve de menos –provocando una sequía – después de algunos meses el agricultor tendrá una buena producción, con la cual podrá sustentar a su familia, vender lo que sobre y comprar lo que necesite. El agricultor - sea indígena, quilombola, (descendiente de esclavos negros refugiados en quilombos), familiar, o no – trabaja con la naturaleza y depende de sus servicios para producir y vivir bien.

Desde hace algún tiempo, el aumento de la población, el crecimiento urbano, el desarrollo de industrias cada vez mayores y la necesidad de producir en mayor cantidad han aumentado considerablemente la explotación de la naturaleza y de sus recursos. Esta explotación ha causado daños al medio ambiente que, por lo general, no consigue recuperar y recomponer sus funciones, sus nutrientes y el buen funcionamiento de sus ciclos naturales. Los ríos, que traían agua limpia, ahora están cada vez más sucios, transportando basura y agua de alcantarillado. Si antes el río corría vigoroso, ahora avanza con lentitud, debido a que se consume más agua de lo que el río consigue reponer, y, también, a la destrucción de los bosques ribereños y de las nacientes que protegían a los ríos de la obstrucciones y sedimentación, como ocurre con la arena, que se desliza hacia el río, se acumula en su lecho y dificulta el paso del agua. Polinizadores como las abejas y las aves están desapareciendo en muchos lugares, ya sea por la destrucción de sus hábitats naturales, ya sea por la contaminación y el uso excesivo de pesticidas.

Este proceso de explotación y destrucción en ritmo muy acelerado, afecta el funcionamiento de los ciclos naturales y sus servicios. Las lluvias no acontecen más ni en el momento ni con la intensidad adecuadas. Sin polinizadores, las plantas fructifican menos y la producción se ve afectada.

Al secarse los ríos, llevan cada vez menos nutrientes, empobreciéndose los suelos. Todos estas alteraciones en el buen funcionamiento de los servicios de la naturaleza (lluvia, polinización, fertilización de los suelos) perjudican a todos los que dependen de la naturaleza, como por ejemplo, a quienes plantan alimentos. A esa ayuda de la naturaleza, de la cual todos dependemos, se le da el nombre de servicio ambiental.

Servicio ambiental es la capacidad de la naturaleza de proporcionar calidad de vida y comodidad, a saber, garantizar que la vida exista para todos y con calidad (aire limpio, agua limpia y asequible, suelos fértiles, bosques ricos en diversidad biológica, alimentos nutritivos y abundantes), es decir que la naturaleza trabaja (presta servicios) para mantener la vida y sus procesos, y estos servicios que brinda la naturaleza son conocidos como servicios ambientales.

Los servicios ambientales prestados por la naturaleza proporcionan productos tales como alimentos, remedios naturales, fibras, combustibles, agua, oxígeno, etc.; y garantizan el buen funcionamiento de los procesos naturales tales como el control del clima, la purificación del agua, los ciclos de lluvia, el equilibrio climático, el oxígeno que respiramos, la fertilidad del suelo y el reciclado de los nutrientes necesarios, por ejemplo, para la agricultura. Es decir, los servicios ambientales son las actividades, productos y procesos que la naturaleza provee y que permiten que la vida, tal como la conocemos, acontezca sin mayores costos para la humanidad. Otros ejemplos de servicios ambientales son: la producción de oxígeno y la purificación del aire por las plantas, la estabilidad de las condiciones climáticas, moderando las temperaturas, las lluvias y la fuerza de los vientos y las mareas; y la capacidad de producción de agua y el equilibrio del ciclo hidrológico, controlando las crecidas y las sequías. Estos servicios también corresponden al flujo de materiales, energía e información de las reservas del capital natural.

Aunque no tengan un precio establecido, los servicios ambientales son muy valiosos para la supervivencia y el bienestar de la humanidad, puesto que de los servicios ambientales dependen las actividades humanas, tales como, por ejemplo, la agricultura (que requiere suelos fértiles, polinización, lluvia, agua abundante, etc.) y la industria (que necesita combustible, agua, materias primas de calidad, etc.) ¿Cuánto trabajo le costaría a los agricultores hacer el servicio de polinización (que las abejas realizan sin cobrar), llevando el polen a todas las plantas de su huerta y jardín? ¿Cuánto esfuerzo y tiempo serían necesarios para convertir toda la materia orgánica que existe en un bosque en nutrientes disponibles para las plantas, si no hubiera seres de la naturaleza (descomponedores) que lo hacen "gratis"?¿Cuántas máquinas se necesitarían para prestar el servicio de producir oxígeno y purificar el aire, servicio que las plantas y las algas hacen diariamente? ¿Cuánto cuestan todos estos servicios que la naturaleza realiza? Valen la existencia de la vida en el planeta.

La continuación o el mantenimiento de estos servicios esenciales para la supervivencia de todas las especies, depende directamente de la conservación y protección del medio ambiente, así como de prácticas que minimicen los impactos de las acciones humanas sobre el medio ambiente.

Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, que históricamente conservaron el medio ambiente y usaron de modo consciente sus recursos y servicios, también son responsables de la prestación de estos servicios ambientales; ellos son lo que se llama proveedores de servicios ambientales. Al permitir que el medio ambiente mantenga sus características naturales y siga proporcionando los servicios ambientales, estas personas y las comunidades garantizan la prestación de los servicios ambientales que son utilizados por todos. Los servicios de preservar la naturaleza y sus características, conservar la biodiversidad, proporcionar agua de calidad (debido a que preservan el bosque en las nacientes y en la margen de los ríos) tienen un costo para los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, y por eso surgió la discusión sobre mecanismos de remuneración o compensación para aquellos que conservan y garantizan la prestación de servicios medioambientales, denominándose a esa remuneración Pago por Servicio Ambiental.

Notas y Referencias

1. G. Daily desenvolve esse exemplo, originalmente uma idéia de John Holdren, na introdução do livro por ela editado em 1997: Nature’s Services – Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington DC, p. 1-11.

Pago por servicios ambientales

Autora: Henry Phillippe Ibanes de Novion (biólogo, analista del Ministerio del Medio Ambiente) (2010)

El pago o compensación por servicios ambientales es la transferencia de recursos (monetarios o no) a quienes ayudan a mantener o producir servicios ambientales. Como los beneficios de los servicios ambientales son disfrutados por todos, el principio es que resulta justo que las personas que contribuyen a la conservación y el mantenimiento de los servicios ambientales reciban incentivos. No es suficiente el pago de tasas por parte de los que contaminan un río o deforestan una naciente, sino que debemos recompensar a aquellos que garanticen la oferta de servicios en forma voluntaria.

A continuación sigue la definición de servicios ambientales y más ejemplos dados por el Sr. Anselmo de Jesús, Diputado Federal por el Partido de los Trabajadores de Rondônia, en su Proyecto de Ley N° 792 del 2007.

Artículo 1°. Son considerados servicios ambientales aquellos que se presentan como flujos de materia, energía e información de las existencias de capital natural, que combinados con los servicios del capital construido y humano producen beneficios a los seres humanos, tales como:

I – Los bienes producidos y proporcionados por los ecosistemas, incluyendo alimentos, agua, combustible, fibras, recursos genéticos, medicinas naturales;

II - Los servicios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos, como la calidad del aire, regulación del clima, regulación del agua, purificación del agua, control de erosión, regulación de las enfermedades humanas, control biológico y mitigación de riesgos;

III - Los beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida, tales como la diversidad cultural, valores religiosos y espirituales, conocimiento – tradicional y formal –, inspiraciones, valores estéticos, relaciones sociales, sentido de lugar, valor del patrimonio cultural, recreación y ecoturismo;

IV - Los servicios necesarios para producir todos los otros servicios, incluida la producción primaria, formación de suelos, producción de oxígeno, retención de suelos, polinización, provisión de hábitat y reciclaje de nutrientes.

Art. 2º. Toda persona que, voluntariamente, emplee esfuerzos en el sentido de aplicar o desarrollar los beneficios establecidos en el Art. 1° de esta ley tendrán derecho a pago o compensación, según lo establecido en el reglamento.

En 1997, un grupo de investigadores estimó en 33 trillones de dólares anuales el valor de los servicios proporcionados por los ecosistemas, calculando cuánto costaría reemplazar esos servicios, si eso fuera posible. El estudio se llevó a cabo en 16 ambientes diferentes y, para cada uno, fueron considerados los siguientes servicios: regulación de la composición química de la atmósfera, regulación del clima, control de erosión del suelo y retención de sedimentos; producción de alimentos; suministro de materias primas; absorción y reciclaje de materiales ya utilizados; regulación del flujo de agua; suministro y almacenamiento de agua; recuperación de disturbios naturales, como tormentas y sequías; formación de los suelos; el ciclo de nutrientes; polinización; control biológico de poblaciones; refugio de poblaciones migratorias y estables; utilización de recursos genéticos; recreación y cultura.

Para dar una idea de la magnitud del valor de estos servicios, basta recordar que el Producto Bruto mundial, en aquella época, era de alrededor de 18 trillones de dólares al año. Cabe señalar también que en la medida en que los ambientes naturales son alterados y los servicios ecológicos comprometidos, el valor de cada uno tiende a aumentar de forma significativa.

Los bosques y humedales, como el Pantanal mato-grossense, aportaron 9,3 trillones de dólares (28,1% de los 33 trillones de dólares) y los sistemas costeros 10,6 trillones (32,1% del total). El servicio más caro es el ciclo de nutrientes que equivale a 17 trillones de dólares al año. Otros servicios, tales como la regulación de la composición atmosférica, la recuperación de los disturbios naturales, la regulación del flujo de agua, el suministro de agua, el reciclaje de materiales ya utilizados, la producción de alimentos, costaría más de un trillón de dólares cada uno, por año, si necesitasen ser substituidos¹

Referencias

1. CONSTANZA, R. et al. 1997. "The value of the world’s ecosystem services and natural capital". Nature, volume 387, nº6230, p.253-260.

Biodiversidad... ¿y yo qué tengo que ver con eso?

Autora: Nurit Bensusan

La naturaleza como farmacia y biblioteca

Hace miles de años, los pueblos indígenas vienen utilizando plantas y animales en forma medicinal, en la curación de muchas enfermedades, con bastante éxito. Hipócrates prescribía infusiones de corteza de sauce como analgésico. Actualmente, una parte significativa de los remedios y otros productos afines proviene directa o indirectamente de fuentes biológicas. En la industria farmacéutica, esos productos corresponden a algo en torno al 25 y 50% del total de sus ventas. En la medicina natural, en el comercio de plantas ornamentales y ventas de simientes para la agricultura, esos productos equivalen al 100% de las ventas globales. Productos cosméticos naturales conforman el 10% del mercado global de cosméticos. Y, en fin, en todos los productos al servicio de la biotecnología hay participación de derivados de la biodiversidad¹.

Recientemente, una investigadora de la Universidad Federal de Pernambuco probó exitosamente la eficacia del polvo extraído de la pulpa del coco de babaçu (Orbignya phalerata) para prevenir la úlcera gástrica derivada de la ingestión de alcohol. La idea de realizar ese experimento vino de la utilización tradicional de ese polvo para evitar ese tipo de úlcera. Investigadores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Amazonas también se inspiraron en la sabiduría popular para averiguar las capacidades terapéuticas de la carambolera y comprobaron que la planta realmente reduce los niveles de azúcar en la sangre y combate la diabetes del tipo no dependiente de la insulina²

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A cada momento, nuevas drogas son descubiertas en los ambientes naturales. Los ejemplos involucrando plantas incluyen reserpina, un tranquilizante y anti-esquizofrénico derivado de arbustos tropicales; quinodina, una droga contra la arritmia cardíaca, y una hiedra, recolectada inicialmente en el Parque Nacional Korup en Camarões, que viene presentando buenos resultados en la protección de células humanas contra el virus HIV. Los animales también han suministrado substancias promisorias: drogas anticancerígenas fueron aisladas de las asas de una especie de mariposa asiática y de las piernas de un tipo de insecto de Taiwán. Una rápida indagación puede mostrar que los ejemplos se acumulan².

Muchos productos farmacéuticos dependen, inicialmente, de la recolección de material de la naturaleza – esa compleja y vasta biblioteca genética – para la extracción de su principio activo, que puede ser posteriormente sintetizado en el laboratorio.

La biblioteca comprende una enormidad de medicamentos posibles y curaciones potenciales. Es necesario, no obstante, saber “leer” y encontrar en esa gran biblioteca, el “libro” cierto y la “página” correcta. Imaginemos un ambiente tan diverso como la Amazonía, lleno de plantas, animales y microorganismos diferentes. ¿Por dónde comenzar a procurar el medicamento adecuado para una enfermedad? Una de las maneras utilizadas – con bajísima o, incluso, ninguna eficacia – es poner alas manos a la obra y comenzar a buscar, testando planta por planta, animal por animal, hongo por hongo, bacteria por bacteria y así sucesivamente. Algunos institutos de investigación intentaron esa estrategia durante algunos años y fallaron estruendosamente.

Algunas veces los descubrimientos de los usos de los recursos naturales en la preservación de la salud humana acontecen por azar. Por ejemplo, investigadores de la Universidad estadual del Norte Fluminense (Campos, RJ) analizaban las proteínas presentes en las semillas de plantas de la familia botánica leguminosa (como el frijol, por ejemplo) tóxicas para insectos. Como parte del trabajo, secuenciaron una proteína y descubrieron con sorpresa que tal proteína era idéntica a la insulina animal. Hicieron varias pruebas, incluso con ratas diabéticas y probaron que existe una insulina de origen vegetal. Ese descubrimiento también comprobó el valor del uso popular de la planta pata-de-vaca (Bauhinia spp.), un árbol de la misma familia taxonómica, en el combate contra la diabetes².

Otra forma de abordar la cuestión – un poco más exitosa – ha sido observar determinadas características de animales, por ejemplo. Ese es el caso de investigadores de la Universidad de São Paulo que identificaron un antibiótico producido por la araña caranguejeira. El antibiótico, llamado gomesina, es extremadamente eficiente en el combate contra 24 especies de bacterias, nueve hongos y cinco fermentos. Los investigadores afirman que ya conocían la acción de las sustancias antimicrobianas en insectos y que tuvieron la idea de estudiar las arañas imaginando que, como las arañas tienen larga vida, deberían poseer un sistema inmunológico eficiente².

Otra manera eficaz de no perderse en la vasta biblioteca, es descubrir quién conoce los “libros”. ¿Quién no tomó té de boldo para facilitar la digestión después de una comida pesada? ¿O un té quiebra-piedras para obviamente quebrar las piedras de los riñones y expulsarlas más fácilmente? ¿O, asimismo, no uso árnica para ayudar en la curación de una contusión? Ese conocimiento es la llave para comprender la biblioteca, es decir, es la manera de relacionar diferentes especies de animales, plantas o microorganismos con el tratamiento de ciertas enfermedades. Una parte de ese conocimiento es de dominio general, como en los ejemplos antes citados, mientras que otra parte es todavía de dominio restringido y hace parte del patrimonio cultural de muchos pueblos indígenas y comunidades de caiçaras (litoraleños), caucheros, castañeros y otras poblaciones tradicionales.

En Brasil, como en el resto del mundo, hay un creciente interés en los fitoterápicos, esto es, remedios derivados directamente de plantas. Ese mercado mueve actualmente en torno de 700 millones de dólares al año, lo que equivale al 7% del mercado de medicamentos en el país³.

Muchos otros conocimientos tradicionales, sin embargo, todavía no hacen parte de la “sabiduría popular” y son exclusivos de algunos grupos humanos. El acceso y la utilización de esos conocimientos deben ser hechos con el consentimiento de aquellos que los poseen y con el compromiso de la repartición de los beneficios que deriven de ese uso. Por ejemplo, digamos que un pueblo conoce hace centenas de años una raíz infalible en el tratamiento de la hipertensión arterial y que esa raíz es tan buena que basta usarla pocas veces para que la presión dela sangre disminuya y se mantenga así durante semanas. Evidentemente, ese es un conocimiento muy útil para la humanidad y, ciertamente, habrá innumerables laboratorios interesados en producir un remedio en base a esa raíz. No obstante, no sería justo que una empresa farmacéutica cualquiera simplemente llevase esa raíz a su sede, transformase la raíz en un remedio, patentase el “nuevo” medicamento y embolsase los millones de dólares que deriven de la comercialización del remedio.

Al final, ese pueblo imaginado no gana por haber compartido su conocimiento con la humanidad y la empresa farmacéutica, que solamente uso un conocimiento preexistente, gana mucho. Sería bastante más justo que aquel pueblo poseedor de ese conocimiento recibiese una parte de las ganancias derivadas de la venta del remedio hecho con tal raíz.

El balance natural: el control de plagas y enfermedades

Además de los animales bonitos y los que producen repulsa y enojo, hay un conjunto de animales que desempeña un papel fundamental: el control de plagas y enfermedades. Ese grupo incluye, por ejemplo, mariposas responsables por el control de un cactus en Australia; moscas que debelaron la infestación de mariposas en los coqueros de Fidji y escarabajos que dieron fin a una planta perjudicial en los cultivos de California.

La escala del control biológico de plagas es significativa: en los últimos 100 años, cerca de 300 plagas de insectos fueron controladas por 560 especies de enemigos naturales de esos insectos. Se estima que aproximadamente 40% de los programas de control biológico de insectos y 30% de los programas de control de plantas indeseables han tenido éxito. Los procedimientos son, en general, muy baratos y, una vez establecidos, el control biológico se mantiene, evitando nuevos gastos de tiempo y dinero².

Como la presencia de los enemigos naturales de las plagas depende de la existencia de ambientes naturales, la rápida devastación de la vegetación ya está produciendo consecuencias negativas. Los cultivos de eucaliptos en el país, por ejemplo, han sido afectados por esa situación. Como, en general, toda la vegetación natural es removida para esos cultivos, con ella se van también los enemigos naturales de las lagartas defoliantes de eucaliptos, obligando a los interesados a introducir artificialmente enemigos naturales recolectados en otros lugares o a hacer uso de insecticidas, aumentando, en ambos casos, el costo de producción.

Otras alternativas también han sido concebidas para controlar las plagas de forma natural. Una de ellas, bastante interesante, se basa en la idea de que cuando no hay enemigos naturales a la vista, la alternativa es conseguir un ‘amigo’ resistente. Otra es la idea de lanzar en el ambiente organismos potencialmente transmisores de enfermedades, como el mosquito del dengue o de la malaria estériles para competir con los otros y disminuir las tasas reproductivas de éstos. Todas esas alternativas son posibles solamente porque hay áreas naturales, que funcionan como el stock mundial de agentes de control biológico conocidos o todavía por conocer. Su devastación compromete las posibilidades actuales y futuras de utilización de nuevas soluciones de control biológico de plagas y de enfermedades.

Biodiversidad y clima, clima y biodiversidad

Si llevásemos en cuenta tan sólo el balance entre las radiaciones solares incidentes, absorbidas y vueltas a emitir, la temperatura de la tierra sería 30 grados más baja de lo que es. Debido a la presencia de algunos gases, entre los cuales el más abundante es el dióxido de carbono (CO₂), la atmósfera permite que las radiaciones solares entren, pero impide que todo el calor salga. Ese llamado efecto estufa es, naturalmente, muy benéfico para la vida en la tierra. Pero el aumento de emisiones de gases responsables de ese efecto viene causando problemas, inclusive el calentamiento global. Con el incremento de gases en la atmósfera, ella se torna menos permeable al calor que sale y, en consecuencia, la tierra se torna más caliente.

Un servicio ambiental esencial para nuestra sobrevivencia, es el mantenimiento de la composición gaseosa de la atmósfera. Los ecosistemas naturales actúan directamente sobre el ciclo de carbono. La estabilidad del CO₂, producto de la fotosíntesis, y la productividad de las plantas decrece con la reducción de la diversidad de especies. Como esa estabilidad es parte del balance de dióxido carbono en la atmósfera, su disminución puede traer consecuencias graves para el clima global y para el mantenimiento de los otros procesos derivados de la biodiversidad. O sea, la diversidad es importante para el mantenimiento de la estabilidad climática.

Por otro lado, los cambios climáticos pueden tener un efecto significativo sobre la biodiversidad. Actualmente, la mayoría de los científicos está de acuerdo en que los cambios climáticos provocados por el hombre traen riesgos y amenazas para la sociedad y para los ecosistemas. Cómo reaccionará el planeta a los efectos de los cambios climáticos y cuáles son los escenarios derivados del aumento del efecto estufa son cuestiones fundamentales que deben ser respondidas. Los investigadores han usado modelos computacionales para prever la respuesta del clima al creciente efecto estufa y para producir, en base a los datos del pasado y del presente, futuros escenarios posibles.

Cambios ya documentados como las alteraciones en la composición atmosférica, como el aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO₂) y metano; así como las transformaciones en el clima de la tierra, la temperatura, la precipitación, el nivel del mar, el nivel del hielo y eventos extremos como ondas de calor y secas, pueden tener efecto sobre la biodiversidad.

Ya han sido documentados efectos sobre la distribución geográfica de las especies, sobre las interacciones entre ellas, sobre fenómenos biológicos como el crecimiento de plantas, la floración, la reproducción animal y la migración, y sobre las respuestas evolutivas de los organismos.

Los polinizadores y la polinización

A pesar de ser el más vital entre los procesos vitales que une plantas y animales, muchos de nosotros desconocemos la importancia y el alcance de la polinización. La mayoría, tal vez, ignora que el polen desempeña un papel en la reproducción de plantas, siendo su transporte a otra planta un requisito indispensable para la reproducción. Es un proceso que está estrechamente relacionado con nuestra comida y nuestra ropa, así como con la alimentación de nuestros animales domésticos y de sus pares silvestres. Como si esto fuera poco, la polinización es parte integrante de los grandes ciclos de la naturaleza y de sus procesos de retroalimentación.

La diversidad de animales que se dedica a transportar el polen de una planta a otra, permitiendo así que las plantas fructifiquen, es impresionante. Por otra parte, muchas familias de plantas con semillas alcanzaron la gran diversidad que muestran en el presente, en función de la influencia evolutiva de la enorme variedad de animales polinizadores que habitan la tierra. La polinización es uno de los procesos más interactivos entre las plantas y los animales. De las 250 mil especies de plantas con flores, se estima que el 90% son polinizadas por animales, especialmente insectos.

Gran parte de la llamada biodiversidad se encuentra en las plantas productoras de polen y en los animales que lo transportan. Dado que una gran cantidad de plantas que componen nuestra dieta - y otros como el algodón, que es polinizado por las abejas - depende de los polinizadores animales para reproducirse, la crisis de la biodiversidad no acontece sólo en la Amazonía y en otros bosques tropicales, sino que sucede a nuestro alrededor: en las huertas, los campos de agricultura, los supermercados, los restaurantes, las pizzerías y los carros que venden hotdogs.

Se considera que la desaparición de los polinizadores naturales se produce por varias razones, como la destrucción y fragmentación de los hábitats naturales, el uso de prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas, el uso de plaguicidas y herbicidas y la introducción de polinizadores no-nativos. En reconocimiento del problema y sus consecuencias económicas, ciertas acciones para revertir esta situación están en curso, como por ejemplo, la International Initiative for the Conservation and Sustainable Use of Pollinators de la Convención sobre Diversidad Biológica y la Acción Global de los Polinizadores de la Organización Mundial para Agricultura y Alimentación - FAO.

Referencias

• LAIRD, L.A. e KATE, K. ten. 2002. "Biodiversity prospecting: the comercial use of genetic resources and best practice in benefit-sharing". In: LAIRD, S.A. (Ed. ). Biodiversity and traditional knowledge: equitable partnerships in practice. Earthscan, Londres. BENSUSAN, N. 2006. Conservação da biodiversidade em áreas protegidas. Editora FGV, Rio de Janeiro. 176p. Ciência Hoje, vol. 28, nº 167. Dezembro/2000. p.42.

Reservas Particulares y la descentralización de la conservación

Autora: Silvia de Melo Futada

Una Reserva Particular del Patrimônio Natural (RPPN) es un área privada, creada por iniciativa del propietario, demarcada a perpetuidad, con el objetivo de conservar la diversidad biológica. En esta modalidad de unidad de conservación sólo la investigación científica y las visitas con fines de turismo, recreación y educación son permitidas. La RPPN es una herramienta extremadamente importante para la conservación en Brasil, que complementa los esfuerzos públicos de creación de Unidades de Conservación (UC) de áreas públicas.

Muchas veces la importancia de las RPPNs como fuerzas propulsoras en la ampliación de las áreas protegidas fue cuestionada, argumentándose ausencia de una estrategia nacional o regional precisa para la definición de áreas, la dependencia de los propietarios, insignificancia de la representatividad del tamaño de las RPPNs y la falta de control en la gestión y la incipiente fiscalización de las acciones.

Sin embargo, un análisis más refinado muestra que lo que serían obstáculos al establecimiento de las RPPNs, se vienen confirmando en realidad como las peculiaridades que hacen posible un camino paralelo de ampliación del SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservación), con mayor independencia del contexto político en vigor.

El mecanismo de reconocimiento de UCs particulares, permite un aumento de las áreas protegidas y contribuye a la creación de corredores ecológicos y el consecuente aumento de la conectividad del paisaje, que es una importante estrategia no sólo para la conservación de la biodiversidad, sino también para el mantenimiento de las condiciones ambientales y microclimáticas adecuadas.

La espontaneidad en la creación de las RPPNs, permite que ellas se dispersen por lugares estratégicos, tales como ecosistemas amenazados, zonas de amortiguamiento alrededor de la UC o de otras Áreas Protegidas. En entornos en los que la mayor parte de los remanentes se encuentra en propiedades privadas, como en el Bioma Mata Atlántica, la estrategia de fomento de las RPPNs con la participación de los propietarios de tierras en la conservación in situ de la diversidad biológica es de suma importancia.

En el ámbito del Sistema Nacional de Unidades de Conservación, la RPPN presenta índices altamente positivos en la relación costo-beneficio, tanto con respecto a los recursos económicos necesarios para la creación y la gestión de una Unidad de Conservación cuanto a la demanda de técnicos y la aceleración de todo el proceso, debido principalmente a su fácil reglamentación¹. Por otra parte, el hecho de que su proceso de reconocimiento no es pasible de expropiación, como a menudo ocurre con la creación de Unidades de Conservación de protección integral, hace posible el ablandamiento de los conflictos que puedan surgir.

El embrión del concepto de Reserva Particular de Patrimonio Natural ya estaba presente en el Código Forestal de 1934², por entonces llamados "bosques de protección"; inalienables, permanecían en posesión y dominio del titular, quedando exentos de todo impuesto, incluso sobre las tierras que ocupaban (arts. 4°, 11° y 17°). Con el establecimiento del Nuevo Código Forestal³ en 1965, aun cuando el término "bosques de protección" fue suprimido, se mantuvo la posibilidad de asignación de un bosque particular a perpetuidad, anotada en los márgenes de la inscripción en el Registro Público, una vez verificada la existencia de interés público por la autoridad forestal (arts. 6° y 9°). Incluso la posibilidad de exención de impuestos se mantuvo (art. 38°), siendo retirada sólo al año siguiente⁴.

En 1967, el código de caza⁵ innovó instituyendo adicionalmente un marco legal para la conservación participativa, atribuyendo al ciudadano la posibilidad de adoptar una posición contra la caza en sus propia tierras, incluso si en esa particular región del país esta actividad esté legalizada: "La utilización, la persecución la caza o la recolección de especies de la fauna silvestre en tierras de dominio privado, incluso si están permitidas (...), también puede ser prohibidas por sus respectivos propietarios, asumiendo estos la responsabilidad de la fiscalización de sus dominios"(art.1°, § 2°). Desde entonces, se desencadenó la creación y reglamentación de una serie de figuras jurídicas de similar tenor y finalidad, a saber: en 1977, como resultado de los pedidos y presiones de la sociedad, principalmente de Río Grande do Sul, con el objetivo de formalizar la prohibición de la caza en sus propiedades, se creó la figura jurídica “Refugio Particular de Animales Nativos”⁶, poco más de 10 años más tarde reemplazada por la de "Reserva Particular de Fauna y Flora”⁷, permitiendo que ésta última incluya, además de los animales silvestres, la posibilidad de protección de la flora y la fauna marinas.

Por la necesidad de mecanismos jurídicos mejor definidos y un marco más estable, fueron emitidos los Decretos Federales Nº 98.914/1988⁸ y N°1922/1990⁹, disponiendo una serie de normas para la gestión y el proceso de creación de Reservas, e instituyendo el nombre oficial "Reserva Particular del Patrimonio Natural", de modo que la Reserva Particular de Fauna y Flora debería adaptarse a las nuevas normas, incluyendo la nueva denominación (art.10° del Decreto Nº 98.914/1996¹⁰). Desde entonces, hubo también la posibilidad de reconocimiento de las RPPNs por los organismos ambientales estaduales, de democratización y posibilidad de agilidad en los procesos de democratización.

Para la creación de las unidades, el SNUC prevé, además de estudios técnicos, una consulta pública para la identificación de la ubicación y de los límites más adecuados para la unidade de conservación. Además de la importancia de la inclusión y de la participación continua en la gestión de áreas protegidas, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación estableció la obligatoriedad de consulta previa para la creación de unidades de conservación. El proceso de consulta, reglamentado por el Decreto nº 4.340/2002, colabora en la democratización de los procedimientos de selección y de creación de unidades de conservación, además de rastrear los conflictos de intereses en la región.

En Brasil, la RPPN es la única categoría de Unidades de Conservación que puede ser creada a partir de un acto voluntario y en una única propiedad privada, que pasa a ser aprobada notarialmente ad perpetuum. La comprensión del papel de la RPPN y la participación civil en su creación, reconocimiento y manejo son pasos que promueven y fortalecen la ciudadanía y las relaciones socioambientales. Además, hay también beneficios garantizados para el propietario, como el derecho de propiedad, la exención del Impuesto sobre la Propiedad Territorial Rural, prioridad en el análisis de los proyectos por el Fondo Nacional del Medio Ambiente y en el análisis de pedidos de concesión de crédito agrícola, posibilidades de cooperación con entidades públicas y privadas en la protección, administración y manejo de las RPPN (ver los detalles de las condiciones para la creación de RPPN en el ámbito federal, haciendo aquí). Es decir, la RPPN también funciona como una estrategia que puede fortalecer y hacer más fructíferos los vínculos de afecto y de pertenencia de los propietarios con sus tierras, que diversifican las directrices de gestión y participación de la comunidad de acuerdo con su historia, sensibilidad y propósito. Por lo tanto, las RPPNs pueden diferir en su propósito secundario, además del conservacionista, en el desarrollo de actividades de educación ambiental, restauración o investigación, entre otras.

En la actualidad, las RPPNs todavía pueden ser creadas por la Unión o los estados, a través de sus organismos ambientales ejecutivos. Con la aprobación del SNUC, la RPPN se integró al Sistema Nacional, sin perder ninguno de los derechos que tenía anteriormente, tornándose incluso candidata a los fondos de compensación ambiental para actividades prioritarias (plan de gestión, investigación y ejecución de programas) y, en virtud del Decreto Nº 5.746/20061 que regula esta categoría, en el caso de que la RPPN esté insertado en un mosaico de Áreas Protegidas, su representante legal tiene el derecho a integrar el consejo gestor del mosaico.

Ver cómo crear una RPPN haciendo clic aquí.

Lea Más

• Instrução Normativa Nº 7, de 17 de dezembro de 2009 - Regulamenta os procedimentos para a criação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).
• Decreto Nº 1.922, de 5 de junho de 1992 - Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e dá outras providências.
• Decreto Nº 5.746, de 5 de abril de 2006 - Regulamenta o art. 21 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.
• RPPN web
• RPPNs federais e o Instituto Chico Mendes (ICMBio)
• Federação das Reservas Ecológicas do Estado de São Paulo
• Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 2004.
• Roteiro para Criação de RPPN Federal.

Referencias

1. MESQUITA, C.A.B. 2004. RPPN – Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica. Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
2. Decreto Federal Nº 23.793 de 23 de janeiro de 1934 – Código Florestal 1934.
3. Decreto Federal Nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 – Institui o Novo Código Florestal.
4. Lei Federal Nº 5.106 de 02 de setembro de 1966.
5. Lei Federal Nº 5.197 de 3 de janeiro de 1967 – Código de Caça.
6. WIEDMANN, S. M. P. 2001. "Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) na Lei Nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC". in Direito Ambiental das Áreas Protegidas – O Regime Jurídico das Unidades de Conservação. BENJAMIN, A. H. (coord.). Forense Universitária. 547pp.
7. Portaria IBDF Nº 327 de 29 de agosto de 1977 – Regulamenta dos Refúgios Particulares de Animais Nativos.
8. Portaria nº 217, de 27 de julho de 1988 que instituiu as Reservas Particulares de Fauna e Flora.
9. Decreto Federal Nº 98.914 de 31 de janeiro de 1990 - Dispõe sobre a instituição, no território nacional, de Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
10. Decreto Federal Nº1.922 de 05 de junho de 1996 - Dispõe sobre o reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural e dá outras providências.
11. Lei Federal Nº 9.985 de 18 de julho de 2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e dá outras providências.
12. Decreto Federal Nº 5.746 de 05 de abril de 2006 – Regulamenta do art. 21 da Lei Federal Nº 9.985 de 18 de julho de 2000.

Alto Juruá RESEX: la conservación adquiere sentido local

Autora: Manuela Carneiro da Cunha ( Antropóloga, Profesora de la Universidad de Chicago) & Mauro W. B. Almeida (Antropólogo, Profesor de la Universidad Estatal de Campinas)

** Tomado del texto "Poblaciones Tradicionales y Conservación Ambiental", originalmente publicado en: "Biodiversidad en la Amazonía Brasileña: evaluación y acciones prioritarias para la conservación, uso sostenible y distribución de beneficios". Joao Paulo Capobianco et al. (org.). São Paulo: Estação Liberdade - Instituto Socioambiental, 2001 (540 págs.).

El gobierno del estado de Acre publicó, en 1975, anuncios en la prensa invitando a los interesados a "plantar en el Acre y exportar hacia el Pacífico". El declive económico de los antiguos cauchales basados en el sistema de encargos creaba oportunidades para comprar tierras baratas. Por el hecho de que estas tierras no tenían títulos legales, la primera tarea de los compradores de la tierra era expulsar a los caucheros, que podían reivindicar derechos de ocupación.

Como reacción a la invasión de los ganaderos y los especuladores que veían en la tierra barata de Acre una nueva frontera para el enriquecimiento fácil, se creó a partir de 1977 una red de sindicatos rurales que, junto con la acción de la Iglesia, canalizaron la resistencia de los caucheros contra la expulsión. Esta lucha contra la tala de los bosques tomó la forma de "empates" - el término viene del verbo "empatar", bloquear, retrasar - liderados originalmente por el presidente del STR de Brasiléia, el sindicalista Wilson Pinheiro. Este líder de acciones de base fue asesinado en la década de 1980, pero Chico Mendes, en el sindicato del vecino municipio de Xapuri, continuó y amplió las tácticas de los empates. En ese momento, el trabajo del comercio era apoyado no sólo por la Iglesia (en su diócesis del río Purús, y no en la Diócesis del río Juruá), sino también por las nuevas organizaciones de apoyo a las luchas indígenas y de los caucheros.

En 1984, varios sindicatos amazónicos propusieron, en la reunión nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), una solución de reforma agraria para los caucheros que preveía módulos de tierra de 600 hectáreas, chocando a muchos de sus compañeros que no entendían la necesidad de tantos bosques para una sola familia. Y desde 1985, Chico Mendes comenzó a actuar con valentía para sacar al movimiento de los empates de la situación defensiva en que había sido colocado. Una de las acciones fue llamar a habitantes de la ciudad para participar en los empates: así, en 1986, la joven profesora y sindicalista Marina Silva, dos agrónomos, un antropólogo y un fotógrafo participaron al lado de una centena de caucheros en más de una operación de empate, con la diferencia de que ahora el movimiento estaba claramente orientado, tal como las acciones de desobediencia civil organizadas por Gandhi en la India y Martin Luther King en los EE.UU., a la nación en su conjunto. El empate de 1986 terminó bajo el liderazgo emergente de Marina Silva y el comando de Chico Mendes con la ocupación del entonces existentes Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal (IBDF) - autoridad del Ministerio de Agricultura a cargo de asuntos pertinentes relacionados con los bosques y afines, embrión de la Secretaria Especial de Medio Ambiente (SEMA), que finalmente dio origen al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) en 1989 - y la atención de los medios de comunicación enfocando en las irregularidades contenidas en las autorizaciones para talar el bosque.

Otra de las acciones de Chico Mendes fue proponer a Mary Allegretti, una antropóloga que trabajaba en el Amazonas por más de 30 años, involucrándose e investigando movimientos sociales y políticas públicas, especialmente en relación a los caucheros y las reservas de extracción, una acción de impacto público en apoyo a los caucheros. En respuesta, Mary Allegretti organizó en Brasilia, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales y del gobierno, un sorprendente encuentro en que 120 líderes sindicales de toda la Amazonía, con perfil de caucheros, se enfrentaron directamente con los técnicos del gobierno encargados de la política del caucho – con los parlamentarios y ministros, intelectuales y expertos.

Al final de la reunión, ellos habían creado una entidad igualmente extraña e imprevista: el Consejo Nacional de Recolectores de Caucho, cuyo nombre reflejaba el del Consejo Nacional del Caucho, en el cual no tenían representantes. Otra cosa igualmente importante fue la elaboración de una carta de principios que incluye en su sección agraria la demanda de creación de "reservas de extracción" para los caucheros, sin división en lotes, y con módulos de un mínimo de 300 hectáreas.

Aunque los caucheros tenían años luchando por una reforma agraria que les permitiese la continuación de sus actividades de extracción, era la primera vez que la palabra "reserva" era utilizada, en una transposición directa de la protección asociada a las tierras indígenas.

En los años siguientes, los caucheros percibieron que la conexión entre los empates contra la deforestación y el programa de conservación de los bosques en forma de Reservas de Extracción tenía el potencial para atraer aliados poderosos.

Los caucheros, que pocos años antes formaban una categoría que se suponía condenada a la rápida desaparición, asumieron al final de la década de 1980 una posición de vanguardia en movilizaciones ecológicas. A finales de 1988, surgió en el Acre una alianza para la protección de los bosques y de sus habitantes con el nombre de Alianza de los Pueblos de los Bosques, abarcando caucheros y grupos indígenas a través de dos organizaciones nacionales que se habían formado en los años anteriores: el Consejo Nacional de Recolectores de Caucho y la Unión de Naciones Indígenas. La reunión de Altamira, organizado por los Kayapó contra el proyecto de represa del Xingu, tenía una connotación ambiental explícita. A finales de la década de 1980, la conexión ambientalista se había tornado inevitable. En contraste con el modelo de Yellowstone, que buscaba crear un ambiente norteamericano "virgen", sin población humana, se procuraba que las comunidades locales, que habían protegido el medio ambiente y que basaban su vida en él, no fuesen víctimas, sino socios de las preocupaciones sobre el medio ambiente.

Por el contrario, para que el entorno fuese protegido, ellos debían ser responsable de la gestión y control de los recursos naturales en los ambientes en los que vivían. La novedad fue el papel activo asignado a las comunidades locales. A principios de 1992, la conexión explícita entre los pueblos indígenas y la conservación ganó dimensión internacional con la creación de la Alianza Internacional de Pueblos Tribales e Indígenas de los Bosques Tropicales, de la cual una de las organizaciones fundadoras fue la Coica (Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica). El Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 21, aprobada en 1992 reconoce explícitamente el papel importante que desempeñan las comunidades indígenas y locales. Correspondería a Colombia en 1996 poner en práctica a gran escala la idea de hacer los pueblos indígenas oficialmente responsables por una gran extensión de bosques tropicales. En Brasil, como veremos más adelante, la misma idea se aplicó seis años antes que en Colombia, en una escala más pequeña pero no por eso menos importante, en las reservas de extracción. Allí fueron los caucheros y no los grupos indígenas, los primeros protagonistas de la experiencia.

Tierras Indígenas y Unidades de Conservación

Se estima que la población indígena en Brasil es de alrededor de 600 mil personas, de los cuales 450 mil viven en las tierras indígenas. A pesar de que esta población es relativamente pequeña, es rica en diversidad social. Hay pueblos indígenas – 60% de los cuales están en la Amazonía - y aproximadamente 180 idiomas y dialectos diferentes. Se estima que existen, además, 46 grupos indígenas que aún viven aislados y sin contacto regular con el mundo exterior¹. A excepción del corto y violento ciclo del caucho que duró desde 1870 hasta 1910, la mayor parte de la Amazonía lejos del cauce principal del río Amazonas permaneció relativamente indiferente a la ocupación. En consecuencia, la mayoría de los grupos indígenas que sobrevivió y la mayor parte de las tierras indígenas que consiguieron conservar están en la Amazonía, que concentra casi el 99% de la extensión de las tierras indígenas en Brasil.

A pesar de que están muy diseminadas, la extensión de las tierras indígenas en conjunto es impresionante. Los indígenas tienen derecho constitucional a casi el 13% del territorio brasileño, con tierras divididas en 655 zonas diferentes y que comprenden el 21,73% de la Amazonía brasileña. Las unidades de conservación en la Amazonía donde se permite la presencia humana, las unidades de conservación de uso directo, cubren otro 10,77% de la región – excluyéndose las APAS¹.

En la década de 1980, la extensión de las tierras indígenas en Brasil parecía exagerada: "mucha tierra para poco indio". Este enfoque ha cambiado. La portada de Veja del 20 de junio 1999 hablaba de 3,6 mil indios Xingu que "preservan un paraíso ecológico" del tamaño de Bélgica. El punto era que un pequeño número de indios podía hacerse cargo de un vasto territorio. La idea de que las personas más calificadas para la conservación de un área son las personas que viven allí en forma sustentable es también la premisa de la creación de reservas de extracción.

Por supuesto, no todas las áreas de conservación pueden ser manejadas por los residentes preexistentes en ellas. Pero también es claro que en Brasil una política ecológica sólida y viable debe incluir a las poblaciones locales. Además de eso, expulsar a las personas de las áreas protegidas sin ofrecerles medios alternativos de subsistencia es camino seguro hacia el desastre.

¿Cómo es que la conservación adquirió sentido local?

Una de las dificultades en la participación de las comunidades locales en proyectos de conservación es que, por regla general, desde el inicio estos proyectos han sido elaborados por alguien en una posición de poder y sólo después se "incluyen" grupos locales. Pero incluso en los casos en que el origen de los proyectos de conservación proviene de iniciativas de grupos locales, sigue existiendo la dificultad de ajustar los planes de acción en diferentes ámbitos, de obtener recursos externos, de obtener la capacidad técnica necesaria.

A continuación describiremos brevemente el proceso de combinar la conservación con la reforma agraria que dio lugar a la invención de las Reservas de Extracción. Al hacer esto, entraremos en detalles, pequeños en apariencia, para destacar el papel desempeñado por la iniciativa local y también por universidades y organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, nacionales y extranjeras.

El 23 de enero de 1990 se estableció la Reserva de Extracción del Alto Juruá, por el Decreto N º 98.863. Era la primera unidad de conservación de ese tipo, un territorio de un millón de hectáreas que pasaría del control de los patrones a la condición jurídica de la tierra de la Unión destinada al usufructo exclusivo de los residentes, a través de contratos de concesión, y cuya gestión podría ser por ley realizada a través de los acuerdos entre el gobierno y las asociaciones representativas locales.

Este logro fue el resultado de una articulación de organizaciones y personas en diferentes niveles, incluyendo a los militantes de las delegaciones sindicales del bosque, los líderes del Consejo Nacional de Recolectores de Caucho, investigadores y asesores, el Banco Nacional de Desarrollo Económico, la Procuraduría General de la República y algunas organizaciones no gubernamentales brasileñas y extranjeras. Fue también el resultado de acontecimientos inesperados y de conexiones contingentes, de un efecto de "desarrollo desigual y combinado", que coloca en la vanguardia del ambientalismo uno de los lugares más remotos y aislados del país, donde la lucha de los caucheros no era contra los nuevos hacenderos, sino contra los patrones de los barracones².

En los años anteriores, la idea de las Reservas de Extracción se había difundido en Brasil y en el extranjero con éxito, asociándose a las ideas de programas sustentables basados en las comunidad locales^{3 y 4}. Cuando la palabra "reserva" se difundió públicamente en 1985, leída por Chico Mendes en el comunicado que clausuró el Encuentro Nacional de Recolectores de Caucho, celebrado en Brasilia, ella no tenía un significado preciso. Lo que él señalaba, en conformidad con la delegación de Rondonia que introdujo el texto, fue que las tierras de caucheros deberían tener la misma protección que las reservas indígenas.

El término sólo obtuvo un significado más específico en diciembre de 1986 en la zona rural del municipio de Brasiléia, Acre, un lugar de castañeros que sobreviven en medio de un paisaje devastado. En esa reunión de trabajo, que incluía a miembros del Consejo Nacional de Recolectores de Caucho y a un pequeño grupo de asesores, uno de los temas era el estatuto de la tenencia de las reservas de extracción. La condición expresada en el documento Brasiléia se limitó a decir que las tierras no podían ser "divididas en lotes", debiendo respetarse el sistema tradicional de las colocaciones. Una antropóloga con experiencia en la Funai explicó la situación jurídica de las tierras indígenas y las otras alternativas de tenencia de tierra.

Líderes caucheros socialistas se inclinaron por el sistema de las tierras indígenas, pues era el único que impedía por completo cualquier posibilidad de reprivatización del bosque por la venta de las tierra. Así, después de deliberar a puerta cerrada, sin interferencia de la asesoría, el Consejo optó por la solución de "propiedad de la Unión" y "usufructo (colectivo) exclusivo de la tierra" por los caucheros.

Otro tema importante de esa reunión en Brasiléia fue la cuestión económica. Hasta entonces, todos los líderes sindicales de los caucheros, incluyendo a Chico Mendes, estaban convencidos de que la producción del caucho amazónico del Amazonas tenía una importancia fundamental para la economía nacional. Esta creencia era aparentemente confirmada por la importancia de la actividad extractiva en la economía del estado de Acre. Una exposición realizada por uno de los asesores resumió algunos datos básicos, entre ellos el hecho de que el caucho natural del Amazonas suministraba sólo una pequeña parte del caucho utilizado por la industria nacional y con precios protegidos por el gobierno, ya que era más barato para las empresas importar que comprar en el país. Aun cuando la población de los cauchales nativos fuese apoyada por el gobierno, la producción total de la Amazonía probablemente no pasaría de las 40 000 toneladas que habían alcanzado en el ápice del auge del caucho, aún muy por debajo del volumen de materias primas demandado por la industria nacional, y un volumen casi insignificante en el mercado mundial. Por lo demás, en aquella ocasión, en 1986, comenzaban a ser desmantelados los mecanismos de protección a los precios y los subsidios a los patrones del caucho. Uno de los líderes presentes, justamente aquel que acaba de defender la solución colectivista de las Reservas, y que había preguntado antes lo que era la "ecología", rompió el silencio diciendo que si no querían caucho, por lo menos querían ecología. Y eso era algo que ellos sabían hacer.

En 1987, la conexión entre la reforma agraria de los caucheros y la cuestión ambiental fue ampliada en forma de una alianza entre los caucheros y ambientalistas^{5, 6 y 7}. Pero para entonces las Reservas de Extracción formaban parte de un programa agrario, no de un programa ambiental, y las primeras iniciativas legales se dirigían al INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) y no al IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables). Antes de 1988, de hecho, pocas personas, como María Alegretti, pensaban en la posibilidad de que las Reservas de Extracción se constituyeran en áreas de conservación. Para los caucheros, la cuestión de fondo todavía era agraria y sindical.

En octubre de 1989, el Partido de los Trabajadores perdió las elecciones presidenciales en la segunda ronda con la victoria de Collor sobre Lula. En vista de la base política de derecha del nuevo presidente, la esperanza de una reforma agraria a nivel federal se desvaneció, luego de haber sido ya afectada seriamente por la derrota del programa agrario de la izquierda en 1985. Pero había una posibilidad: si las reservas de extracción fuesen decretadas como áreas de conservación, el procedimiento de expropiación no tendrían que afrontar todas las dificultades encontradas en el ámbito del INCRA. Así, poco después de las elecciones de octubre, el Consejo Nacional de Recolectores de Caucho, tomando como base el caso específico de la Reserva de Extracción del Alto Juruá - con medio millón de hectáreas completamente fuera de los planes del Incra - dio luz verde para la búsqueda de una solución en el ámbito del IBAMA. Cuando se promulgó la Reserva de Extracción Juruá en enero de 1990, con la victoria de los caucheros de esa remota región sobre los patrones liderados por Orleir Cameli, otros tres proyectos fueron preparados y presentados con carácter de urgencia, siguiendo el mismo modelo. Estos tres proyectos - en Acre, la Reserva de Extracción Chico Mendes , en Rondônia, la Río de Ouro Preto y en el Amapá, la Río Cajari, – fueron aprobados en la noche del último día del gobierno de Sarney, el 15 de marzo de 1990, después de largas audiencias con los militares en Sadem.

La alianza conservacionista fue, por consiguiente, una estrategia, y crear las reservas de extracción como unidades de conservación fue una decisión táctica. Pero decir que la alianza conservacionista era una estrategia no quiere decir que ella era una mentira, ya sea en la substancia o en el proyecto. En cuanto al proyecto, éste todavía estaba siendo traducido al plano local. En cuanto a la substancia, los caucheros estaban de hecho protegiendo la biodiversidad. En el Alto Juruá, como ya se mencionó, el caucho era explotado hacía más de 120 años, y la zona resultó ser un hot spot de diversidad biológica, con 616 especies de aves, 102 especies de anfibios y 1.536 especies de mariposas, de los cuales 477 Nimphalidae⁸.

Es cierto que, como Monsieur Jourdain, que no sabía que hablaba en prosa, los caucheros no sabían que estaban conservando la biodiversidad. Pensaban que estaban produciendo caucho, no biodiversidad. El caucho es tangible e individualizado. No obstante las fluctuaciones de precios, tenía un valor relativamente estable en comparación con el poder adquisitivo de la moneda. Mientras que la inflación devastada el país entero, y los salarios al final del mes valían menos de la mitad que a principios del mes, los caucheros conseguían medir el valor de su trabajo en caucho, tanto para el intercambio entre sí cuanto para las compras externas. Si alguien quería contratar los servicios de un cauchero como jornalero, el precio de un día de trabajo sería el valor de 10 kg. de goma. En comparación con el resto del país, ese jornal era alto.

Eso no quiere decir que todo cauchero producía 10 kg. de goma todos los días. Un cauchero explotaba en promedio dos senderos de goma y cada árbol era sangrado dos veces a la semana durante un máximo de ocho meses. Con dos senderos, él trabajará cuatro días a la semana y en el resto del tiempo cazaría en el invierno y pescaría en la estación seca. Además, 10 kg. de goma por día no eran la productividad de toda la región, sino un patrón de las zonas más productivas. Como jornal, sin embargo, esos 10 kg. representaban dignidad e independencia: lo que un hombre podía ganar en un día si quería, cuyo dimensión monetaria es lo que los economistas llaman costo de oportunidad del trabajo (los pocos empresarios que trataron de establecer plantaciones de caucho en el Alto Juruá pronto descubrieron que uno de los grandes problemas era encontrar mano de obra). La casa de un cauchero depende simultáneamente de la extracción de caucho (para obtener dinero), de la agricultura coivara (itinerante para obtener la harina que es la base alimentaria), un pequeño criadero de pollos, patos, ovejas, cerdos y algunas vacas (como ahorro para el futuro), la caza y la pesca. También tiene importancia la recolección estacional de frutas de las palmeras y algunos otros productos medicinales y alimenticios, así como materiales de construcción. Incluso cuando no están produciendo caucho, los caucheros están lejos del desempleo.

Se sabe que las plantaciones de caucho no prosperan en la Amazonía – principalmente a causa del mal de las hojas –, al menos si se planta con la misma densidad que en las plantaciones de Asia. Los árboles se mantienen saludables bajo la condición de estar dispersos por todo el bosque. Un sendero de caucho se compone de alrededor de 120 árboles del género Hevea. Una casa de cauchero utiliza un promedio de dos y hasta tres senderos, y el área total cubre en el primer caso por lo menos 300 hectáreas, o 3 kilómetros cuadrados. Se trata de una superficie mínima, pero si se incluye todo el bosque, incluidas las zonas que no son atravesadas por senderos de caucho, pero están habitadas por animales de caza, en la Reserva de Extracción del Alto Juruá las casas ocupan una superficie media de 500 hectáreas o 5 kilómetros cuadrados. Este hecho - la baja densidad natural del propio caucho en la selva virgen - explica la baja densidad humana en los zonas del caucho, que es de alrededor 1,2 personas por kilómetro cuadrado (una familia de 6 personas cada 5 kilómetros cuadrados). Esta densidad es compatible con la conservación de los bosques. En este área total, la extensión deforestada por las pequeñas rozas de los caucheros (pero incluyendo aquí los pastos de las pequeñas haciendas en las márgenes del río Juruá) apenas alcanza el 1%.

Como era de esperar, la traducción local del proyecto de conservación varió de acuerdo con las situaciones y los planes. Mientras que en el este de Acre los compradores “paulistas” talaban el bosque y se enfrentaban con los caucheros, en el oeste de Acre aún prevalecía en la década de 1980 el antiguo sistema de los cauchales. Algunas compañías paulistas habían comprado la tierra, pero no para su uso inmediato, sino como una inversión especulativa, a la espera de la pavimentación de la carretera BR-364. Mientras esto no se hacía, arrendaban el bosque a los jefes locales, como Orleir Cameli, que a su vez lo subarrendaba a otros patronos comerciantes. En cada boca de un río importante se establecía un almacén o barracón de mercaderías entregados a crédito, donde el candidato a cauchero se registraba como "titular" de un par de senderos, a condición de pagar 33 kg. de caucho por año por cada uno. Así, un cabeza de familia era por un lado arrendatario de un sendero de caucho con el patrón, y por otro cliente deudor de mercancías del mismo patrón.

Lo importante para el patrón era mantener el monopolio sobre el comercio. Los patrones procuraban controlar el flujo de caucho, para evitar la deuda que los extractores de caucho endeudados (que eran la gran mayoría) vendiesen caucho a regatões y marreteiros (comerciantes itinerantes), lo que siempre ocurría en cierta medida. Este contrabando era motivo de expulsión de los caucheros de sus colocaciones, con el uso de policías llamados de la ciudad para este fin. Por eso, los caucheros de Juruá, en contraste con los caucheros de Acre Oriental, fueron vistos como cautivos. Los caucheros del valle del Acre hacia el este, abandonados por los antiguos empleadores que habían vendido sus títulos a los agricultores recién llegados, fueron liberados, pudiendo vender su trabajo a quien quisieran. En la práctica, era imposible controlar a las personas repartidas en un amplio territorio de bosque. Durante la década de 1980, los patrones de Juruá económicamente más exitosos fueron aquellos que ofrecían abundantes mercaderías en sus barracas, gracias a grandes préstamos subvencionados por el Banco de Brasil. El valor de un patrón era medido por el tamaño de su deuda. Y el de un cauchero también.

Los terratenientes del Acre, que eran también los monopolistas comerciales tenían una base jurídica muy débil respecto de sus supuestas propiedades. En la década de 1980, si había un título legal, él cubría una pequeña fracción de la tierra, alrededor del 10% como máximo. La renta de 33 kilogramos por sendero de caucho, y no por la tierra en sí misma, era una renta pre-capitalista. Al ser fija en especies, no dependía de la producción efectiva o potencial de los senderos, ni de los precios actuales. Sin embargo, representaba el reconocimiento por parte de los caucheros de que el patrón era el "dueño de los senderos", legitimando así el dudoso status como propietarios del que gozaban los patrones: propietarios de facto, si no de jure. La batalla de los caucheros del Juruá superior no era en contra de los hacenderos, sino contra una situación humillante de servidumbre. El programa básico de las primeras reuniones era la negativa a pagar la renta y la protesta contra la violencia utilizada para prohibir el libre comercio. Las primeras escaramuzas de esa lucha, mucho antes del proyecto de reservas de extracción, fueron las excepciones al pago del alquiler (en caso de caucheros, o de los más antiguos, que abrieron sus propios senderos), y luego la lucha contra el pago de toda renta9.

La rebelión contra el pago de la renta y contra la violencia del monopolio estalló en 1988, después de una reunión de 700 caucheros en la pequeña ciudad de Cruzeiro do Sul, capital del oeste acreano. Ese mismo año, se habían iniciado las reuniones en las que la propuesta de una Reserva de Extracción comenzó a ser discutida. A principios de 1989, tras el asesinato de Chico Mendes, a finales de 1988, fue fundada en el Tejo, una asociación de caucheros con una cooperativa con capital de trabajo, otorgado por el BNDES. Eso significaba un desafío directo al monopolio patronal, junto a la negativa a pagar el alquiler. Venciendo acciones judiciales de prohibición patrocinadas por la UDR, conflictos violentos, detenciones y amenazas, en mayo de 1989 un desfile de barcos de la "cooperativa" entró triunfante en el río Tajo, en la zona que se convertiría en la Reserva de Extracción, cargado de mercancías, una cargo apoteósica y simbólica que representaba el final de una era. Este primer intento de crear un sistema de comercialización y suministro cooperativista se descapitalizó después de dos o tres años de funcionamiento, y una de las razones es que casi nadie entendía de administración, mucho menos en un entorno de altísima inflación. Otro problema es que muchos recolectores de caucho no pagaron sus deudas, ante una ola rumores venidos de los patrones que decía que "el dinero es del gobierno, no tiene que ser pagado".

Pero la importancia de la iniciativa fue que, después del primer año de funcionamiento de la Asociación, fue fundada la Reserva Extractiva del Alto Juruá, bajo la jurisdicción del IBAMA. Fue una solución al problema de la tierra y social (que incluía indicios de "esclavitud por deudas" en las plantaciones arrendadas por Orleir Cameli), pero también fue una solución al problema de la conservación, con el apoyo de informes de biólogos y otros especialistas.

En contraste con las luchas contra la tala de árboles en Xapuri, en Juruá las movilizaciones no eran abiertamente ecológicas – excepto por el hecho de que los delegados sindicales anticipaban el inicio inminente de la explotación de caoba en el estilo practicado por Orleir Cameli, y denunciaban la negligencia con los senderos del caucho. Pero después de la creación de la reserva, y junto a la actividad cooperativista, empezó una actividad de construcción de nuevas instituciones en torno a la Asociación de Recolectores de Caucho y Agricultores, comenzando por el Plan de Utilización elaborado y aprobado en asamblea a finales de 1991. Se iniciaron proyectos de salud y un proyecto que incluía investigación, asesoramiento y capacitación de personal, patrocinado por entidades que iban desde la Fundación MacArthur a la FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo) y al CNPT (Centro Nacional de Desarrollo Sustentable)-IBAMA, y contaba con la participación de varias universidades del país, con el objetivo de demostrar que, en condiciones adecuadas, era posible que poblaciones locales administrasen un área de conservación. Estas condiciones incluyen derechos legales bien definidos, calidad de vida aceptable, instituciones democráticas a nivel local, acceso a recursos tecnológicos y científicos. El proyecto apoyó a la Asociación en muchas actividades, desde la realización de catastros, mapas y proyectos hasta la intermediación con organizaciones nacionales e internacionales. En una siguiente fase, el mismo IBAMA comenzó a canalizar los recursos de los países europeos (Proyeto PPG-7) para la zona, como una de las "experiencias-piloto" de la conservación.

El impacto de estas políticas en todos los aspectos de la vida en el Alto Juruá fue notable, pero no sorprende que ha sido muy diferente de lo esperado. Un ejemplo es que el pueblo de Juruá desarrolló su propia versión de la conservación del medio ambiente. Mientras que las personas más jóvenes tendían a entrar en la arena política por medio de la Asociación y luego de los cargos locales, los hombres más maduros y respetados constituían un marco de "fiscales de base ", cuya línea de conducta seguía el modelo de los viejos mateiros del caucho. Los mateiros eran trabajadores cualificados que fiscalizaban el estado de los senderos del caucho y tenían autoridad para imponer sanciones (por ejemplo, la interdicción de senderos) en caso de cortes mal hechos que amenazaban la vida de los árboles. Los nuevos “fiscales de base”, en contraste con los viejos mateiros, no tenía autoridad para imponer sanciones, y reclamaban mucho por eso, hasta que recibieron del Ibama el estatus de "colaboradores de impuestos" con autoridad limitada para llevar a cabo notificaciones de infracción.

Con o sin autoridad formal, los fiscales de base realizaban su tarea con gran celo. Las principales infracciones estaban relacionadas con la caza. Toda y cualquier forma de actividad de caza estaba prohibida por el Código Forestal, bajo penas draconianas, como se sabe; pero a nivel local esta severa legislación era traducida básicamente en una política de equidad social. Así, en el Plan de Utilización aprobado en asambleas después de mucho debate, fue prohibida por los caucheros no sólo la caza comercial (por entonces había un pequeño mercado local de carne de caza en lo que era el pueblo de Thaumaturgo, que poco después se convirtió en una capital municipal), sino también la "caza con perros". Hay dos tipos de perros en la zona: los perros "pie-duro" y los "perros paulistas". Nadie sabe con certeza si estos perros mestizos llegaron realmente de Sao Paulo, o si su nombre viene de su capacidad depredadora exacerbada, pero en cualquier caso, los "paulistas" son perros que persiguen su presa con mucha persistencia, luego de localizarlas, sin desviar la atención, a diferencia de los perros pequeños "pie-duro" que van detrás de cualquier animal cuyo rastro encuentran. El problema de los perros paulistas, según el razonamiento del Juruá, es que ellos asustan la caza – “cuando no matan, espantan" –y tornan la caza de animales mayores (venados, jabalíes) casi imposible para quien no los posee. Había entonces un conflicto local en cuanto el acceso igualitario a la caza, y los caucheros decidieron igualar todo por abajo: nadie podría tener perros. Esta prohibición se convirtió en la principal bandera del conservadurismo local. No tener perros, al comienzo paulistas y luego cualquier perro, se convirtió en el signo externo de adhesión al proyecto de la reserva, tal vez incluso mayor que el comprar en la cooperativa y no donde los patrones, que seguían actuando como comerciantes itinerantes.

Hay una discordancia importante que se relaciona con el concepto mismo de producir y mantener la diversidad biológica. Como se mencionó anteriormente, lo que los caucheros pensaban que estaban produciendo era antes que nada su propio sustento, y por eso destinaban el caucho al mercado. En relación con todo lo que hay en el bosque, eran reglas generales la moderación y el compartir la comida con grupos de vecinos y familiares, las precauciones y los pactos mágicos de diversos tipos que se celebran con las madres y protectores de lo que podemos llamar "dominio-reinos", tales como la madre-del-caucho, la madre-de-la caza y así sucesivamente. La agricultura, en contraposición, no tiene "madre". Aquí, es la gente, según se cree, la que controla todo el proceso. Existe, pues, una separación radical entre lo que se explota en la naturaleza y lo que es controlado por hombres y mujeres, una aguda disyunción entre lo domesticado y lo salvaje. Se puede ver esto, por ejemplo, en el hecho de que no existe una categoría para lo que llamamos plantas cultivadas: la palabra "planta" existe, por supuesto, pero se refiere sólo a lo que llamamos plantas cultivadas, un significado que, por lo demás, parece evidente para cualquiera que sabe que "planta" viene de "plantar". Y como las especies silvestres no son plantadas, ¿cómo llamarlas "plantas"? Pues en el bosque hay también palos, pajonales, bejucos, arbustos, etc.

Otra pista en la misma dirección es la distinción entre bravo y manso. En el uso regional, "bravo" se traduce aproximadamente como "salvaje, silvestre, incivilizado o inculto," en oposición a domesticado. En términos generales, puede hacer referencia al contraste entre las criaturas que huyen de hombre y las que no tienen miedo de él. En el sentido más estricto de no-domesticado o inculto, la palabra "bravo" es aplicada a los recién llegados, inexpertos en el trabajo y la supervivencia en la selva: en la Segunda Guerra Mundial, los soldados del caucho eran llamados "bravos" o "salvajes”, lo que no deja de ser un tanto sorprendente. Eran dejados en el bosque con víveres e instrucciones, a veces bajo la orientación de caucheros más experimentados, a fin de que sean “amansados”.

La oposición entre bravo y domesticado es amplia y radical. "De de todo en este mundo existe el bravo y el manso. Hay el tapir y la vaca, hay el venado y el cabrito, hay el coatí y el ratón, hay la perdiz y la gallina. Hasta en la gente hay mansos y bravos, que son los cabocos" - antigua designación de los indios (Sr. Lico, fiscal de base).

Producir la biodiversidad, producir la naturaleza, es un oxímoron, una contradicción en términos (locales). Pero eso es precisamente lo que los recursos del G-7 están financiando. ¿Como se debería traducir eso en términos de políticas? Una respuesta económica directa sería pagar directamente a los caucheros por aquello en lo que el mercado mundial está hoy en día realmente interesado, que es la biodiversidad. Pero esto va en contra de la percepción local. La biodiversidad es un subproducto de una forma de vida, es el equivalente de lo que los economistas llaman una externalidad positiva. Las externalidades son productos que resultan de una actividad del productor y que son "consumidos" por los otros libremente, como el humo de una fábrica que es inhalada por un vecino (externalidad negativa) o como la seguridad de la calle que es traída por una casa bien protegida (externalidad positiva). El mercado hace caso omiso de las externalidades. Sin embargo, la biodiversidad y los servicios (y dis-servicios) ambientales comienzan a ser tenidos en cuenta, y sus beneficios comienzan a ser considerados como algo que debe pagarse. Eso es consecuencia, además, de una noción ampliada de lo que es el sistema en su conjunto. Si los servicios ambientales fueran pagados directamente en la Reserva, eso invertiría lo que es figura y lo que es fondo: lo que era un subproducto, una consecuencia no planificada de un modo de vida, se convertiría en el producto mismo.

Por el contrario, el IBAMA y otros órganos centraron sus esfuerzos en el desarrollo de los llamados productos forestales sustentables, y esperan que las reservas sean económicamente viables sobre la base de estos productos, sin incluir en su contabilidad los servicios de conservación. El problema podría ser resuelto a través de una combinación criteriosa de productos forestales de buena calidad, por ejemplo, que constituirían una fuente de renta monetaria para las familias, y un fondo que remunerase globalmente la diversidad biológica, proporcionando beneficios colectivos relacionados al bienestar de la población, así como recursos para financiar las organizaciones colectivas locales y proyectos sustentables. Hay que recordar que, hasta ahora, sobre la base de una idea naturalizada de que los pueblos del bosque son esencialmente conservacionistas, no se reservan fondos permanentes para los costos de gobierno local en el bosque, a pesar de los altísimos costos de viaje para todos los líderes que viven en la parte alta de los ríos.

Estas tendencias están empezando a concretarse. La conservación fue inicialmente un arma política en una lucha por la libertad y por los derechos a la tierra. Hoy en día, los recursos para la conservación están siendo utilizados para obtener motores de canoas, barcos, escuelas, centros de salud. La conservación se está tornando parte de proyectos locales y su importancia va en aumento.

Revisitando los pueblos tradicionales

Comenzamos con una definición "en extensión" y afirmamos que a su debido tiempo iría a emerger una definición analítica. De lo que vimos, ya podemos dar algunos pasos en esa dirección y afirmar que pueblos tradicionales son grupos que conquistaron o están luchando por conquistar (por medios prácticos y simbólicos) una identidad pública que incluye algunas, pero no necesariamente todas las siguientes características: el uso de técnicas ambientales de bajo impacto, formas equitativas de organización social, la presencia de instituciones con legitimidad para hacer cumplir sus leyes, liderazgo local y, finalmente, trazos culturales que son selectivamente reafirmados y reelaborados.

Por lo tanto, si bien es tautológico decir que "los pueblos tradicionales" tienen un bajo impacto destructivo sobre el medio ambiente, no es tautológico decir que un grupo específico, como los recolectores de berberechos de Santa Catarina son o se tornaron "pueblos tradicionales", ya que se trata de un proceso de auto-constitución. Internamente, este proceso autoconstituyente requiere el establecimiento de normas de conservación, así como de liderazgos e instituciones legítimas. Externamente, necesita de alianzas con organizaciones externas, tanto fuera como dentro del gobierno.

Debe estar claro ahora que la categoría de "poblaciones tradicionales" está ocupada por actores políticos que están dispuestos a darle sustancia, es decir, que están dispuestos a constituir un pacto: comprometerse a una serie de prácticas a cambio de algún tipo de beneficio y, sobre todo, de derechos a la tierra. Desde esta perspectiva, incluso aquellas sociedades que son culturalmente conservacionistas son, no obstante y en cierto sentido, neotradicionales o neoconservacionistas.

Referencias

1. CONSTANZA, R. et al. 1997. "The value of the world’s ecosystem services and natural capital". Nature, volume 387, nº6230, p.253-260.
2. G. Daily desenvolve esse exemplo, originalmente uma idéia de John Holdren, na introdução do livro por ela editado em 1997: Nature’s Services – Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington DC, p. 1-11.
3. G. Daily desenvolve esse exemplo, originalmente uma idéia de John Holdren, na introdução do livro por ela editado em 1997: Nature’s Services – Societal dependence on natural ecosystems. Island Press, Washington DC, p. 1-11.
4. ALMEIDA, M. W. B. Rubber Tappers of the Upperjurua River, Acre. The Making of a Forest Peasantry, 1993. Tese (Doutorado), University of Cambridge, Cambridge.
5. BROWN JR, K.; FREITAS, A. V. "Diversidade biológica no Alto Juruá: avaliação, causas e manutenção". In: CARNEIRO DA CUNHA, M. e ALMEIDA, M. B.(orgs.). 2002. Enciclopédia da Floresta: o Alto Juruá: práticas e conhecimentos das populações. São Paulo: Cia. das Letras. 735 pp.
6. SHOUMATOFF, A. Murder in the Forest: the Chico Mendes Story. Londres: Fourth Estate, 1991.
7. HECHT, S.; COCKBURN, A. The Fate of the Forest: Developers, Destroyers and Defenders of the Amazon. Londres: Verso, 1989.
8. MENDES, C. Fight for the Forest: Chico Mendes in his own Words. Londres: Latin American Bureau, 1989.
9. SCHWARTZMAN, S. "Extractive Reserves: The Rubber Tappers' Strategy for Sustainable Use of the Amazon Rainforest". In: BROWDER, J. (Org.). Fragile Lands of Latin America: Strategies for Sustainable Development. Westview Press, 1989, p. 151-63.
10. ALLEGRETTI, M. H. "Extractive Reserves: An Alternativa for Reconciling Development and Environmental Conservation in Amazonia". In: ANDERSON, A. (Org.). Alternatives for Desforestation: Steps Toward Sustainable Use of the Amazon Rain Forest. Nova Iorque: Columbia Univ. Press, 1990. p. 252-64.
11. ALMEIDA, M. W. B. The Struggles of Rubber Tappers. Massachusetts, 1996c.
12. INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). Laboratório de Geoprocessamento com dados RAISG (Red Amazônica de Información Socioambiental Georreferenciada). 2010.

¿Tierras Indígenas y otros Territorios Tradicionalmente Ocupados se complementan?

Autoría: Leandro Mahalem de Lima*, antropólogo, extrato del texto publicado originalmente en el libro Povos Indígenas no Brasil 2011/2016

*lmahaleml@gmail.com

Las dos regiones con la mayor cantidad de TIs aún no identificadas en la Amazonia brasileña - el Medio Solimões (Amazonas) con 30 y el Bajo Tapajós (Pará) con 14 - incluyen varias superposiciones con otros territorios tradicionalmente ocupados.

Estos casos involucran a pueblos en proceso de renacimiento cultural-también llamados resistentes o emergentes- que pasaron a asumir identidades indígenas desde el marco constitucional de 1988. Y también a las llamadas "comunidades caboclas" o ribereñas - pescadores, labradores y extractivistas - cuyas ocupaciones, como las de los indígenas, fueron regularizadas por medio de reservas de usufructo colectivo sustentable destinadas a poblaciones tradicionales, en el ámbito del ICMBio (Resex, RDS, Flona), Incra (PAE, PDS, PAA), y de órganos estaduales.

A pesar de sus diferencias, los derechos garantizados a esas poblaciones en la Constitución Federal de 1988 se asemejan en sus aspectos fundamentales - los arts. 231 y 232 para los indígenas; y los arts. 215, 216 y 68 del Acta de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, para quilombolas y otras comunidades tradicionales. Los indígenas, quilombolas y poblaciones tradicionales también son amparados por la Convención 169 de la OIT, que, además de garantizar la participación en procesos que les afecten, veda la remoción forzada de territorios tradicionales (artículo 16). Tierras Indígenas, Territorios Remanentes de Quilombos y de Uso Sostenible son Áreas Protegidas por la Unión, que no se encuentran a disposición del mercado y están destinadas a la posesión colectiva. La gran diferencia es que TIs y TRQs garantizan usufructo permanente, mientras que, en las de Uso Sostenible, la posesión colectiva está condicionada a renovación periódica.

Soluciones conjuntas para estos casos son enunciadas en diversos planes y políticas instituidas a lo largo de las últimas dos décadas. En la Política Nacional de la Biodiversidad (Decreto 4.339 / 2002) consta la orientación de "promover un plan de acción para solucionar los conflictos debidos a la superposición de UCs, TIs y de TQs". El Plan Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto 5.758 / 2006) propone "definir y acordar criterios conjuntamente con los órganos competentes y segmentos sociales concernidos para identificar los casos y proponer soluciones" así como "apoyar la participación de los representantes de las comunidades locales, quilombolas y pueblos indígenas en las reuniones de los Consejos de las UCs. La Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales reafirma la necesidad de "solucionar o minimizar los conflictos" (Decreto 6.040, 2007) y la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas (Decreto 7.747, 2012) destaca la construcción de "planes conjuntos de administración de las áreas de superposición (...) garantizada la gestión por el órgano ambiental y respetados los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas".

La cámara temática "Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales", la 6ª Cámara de Coordinación y Revisión del MPF, viene dedicando especial atención al tema. Para la subprocuradora general de la República y ex coordinadora de la 6ª CCR, Deborah Duprat, "al asumir el carácter pluriétnico de la nación, la Constitución de 1988 hizo imperativa la aplicación analógica del tratamiento dado a la cuestión indígena y a los demás grupos étnicos".

Para la procuradora Maria Luiza Grabner, coordinadora de la 6ª CCR, "los derechos territoriales de los pueblos quilombolas y otros pueblos y comunidades tradicionales gozan de la misma jerarquía que los pueblos indígenas, pues ambos disfrutan de estatura constitucional", de modo que "en casos de conflicto" se hace "necesario buscar la armonización entre estos derechos, consideradas las especificidades de cada situación". La elaboración de un "plan de acción", según lo señalado por la Política Nacional de la Biodiversidad (Decreto Federal nº4.339 / 2002), es una "vía posible para la resolución de conflictos entre APs, TIs y TQs". Para la procuradora Maria Luiza Grabner, la interpretación legal depende de una evaluación caso por caso, teniendo en cuenta principios de razonabilidad y proporcionalidad, buscando traducir las formas de entendimiento entre indígenas y tradicionales en acciones coordinadas en los contextos locales. Estas acciones son fundamentales para estimular soluciones creativas, que apunten a la complementariedad, la cogestión y el mutuo fortalecimiento entre los pueblos. Al final, las superposiciones son sólo uno de los modos de interconexión entre TIs y otros territorios tradicionales. Incluso si un día dejan de superponerse formalmente, estas zonas de ocupación multicomunitaria continuarán relacionadas, formando extensos corredores de circulación entre cuencas hidrográficas.

Lea más

• O Estado Pluriétnico, Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, 2013, Disponível aqui.
• Direitos territoriais, dupla afetação e gestão compartilhada apresentação de Maria Luiz Grabner no Seminário “Aspectos Jurídicos da Convergência entre a garantia de direitos fundamentais e a conservação ambiental da 4ª e 6ª CCR/MPF, 2015" - Disponível aqui.

Tartaruga Imbricata en el Parque Nacional Cabo Orange

Autora: David Leonardo Bouças da Silva (máster CDS/UnB, profesor turismo/hoteleria de la Universidad Federal de Maranhão); Nádia Bandeira Sacenco Kornijezuc (Doctoranda CDS/UnB) &; Caroline Jeanne Delelis (investigadora colaboradora do CDS/UnB - Embajada de Francia) (2010)

El Parque

El Parque Nacional del Cabo Orange (PNCO), creado por el Decreto Federal Nº 84.913 del 15 de julio de 1980, tiene una superficie de 619.000 hectáreas, con un perímetro de 590 kilómetros. Se encuentra en el extremo norte del Estado de Amapá, en la frontera con la Guayana Francesa, y en la desembocadura del río Oiapoque. Comprende partes de los municipios de Calçoene y Oiapoque y tiene una costa de 200 kilómetros de largo, entrando 10 kilómetros en el mar. Entre la ciudad de Oiapoque y el PNCO, las tierras indígenas Juminã, Galibi y Uaçá forman una zona continua de áreas protegidas.

El PNCO abarca diversos ecosistemas, como manglares, campos naturales, bosques fluviomarinos, inundables y de tierra firme, además de rica fauna. Las bellezas naturales, bien conservadas y con evidente atractivo turístico – es el caso de los ríos Cassiporé, Cunani, Uaçá y Oiapoque, que permiten paseos de barco, canoa, lancha y rafting –. La gran biodiversidad permite visitas para contemplar especies de plantas y animales, especialmente aves, además de trabajos de educación ambiental y de investigación científica (que son objetivos principales de los parques nacionales).

En cuanto a la ocupación humana, de modo general la población en torno al PNCO presenta bajas puntuaciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH). En el 2000, la ciudad de Oiapoque presentó una puntuación de 0,738 y Calçoene de 0,688¹. Se encuentra un modus vivendi rural, con predominio de actividades de subsistencia, a partir de la utilización y extracción de productos naturales como el cacao, la yuca, y actividades como la caza, la pesca y la recolección de frutas tropicales, en un ambiente conservado al interior de la selva amazónica.

Potencial para el turismo de base comunitaria

La privilegiada ubicación geográfica y las características telúrico-cultural del PNCO propiciaron la elaboración de un proyecto de turismo que reúne a los dos países (Brasil y Guyana). Tratase del Proyecto Tortuga Imbricata (TI). Este proyecto se enfrenta al reto de crear un producto turístico sustentable de frontera, respetando los objetivos de los parques nacionales de Brasil y garantiza la participación e inclusión de las comunidades locales.

La estrategia de preservación y conservación de la biodiversidad a través de la creación de áreas protegidas es una herramienta de probada eficacia en muchos países. Avanzando por este camino, se instituyó en Brasil el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza (SNUC) – Ley 9.985/00 – que define los parques nacionales como unidades de protección integral, cuyo objetivo básico es:

Art. 11°. El Parque Nacional tiene como objetivo básico la preservación de ecosistemas naturales de gran importancia ecológica y belleza escénica, haciendo posible la realización de la investigación científica y el desarrollo de actividades de educación e interpretación ambiental, de recreación en contacto con la naturaleza y de turismo ecológico.

En este sentido, hacemos hincapié en las perspectivas positivas generadas por el uso público en los parques nacionales en Brasil. Para el PNCO, se reiteran las posibilidades de trabajar en forma conjunta estas tres actividades - la educación ambiental, el ecoturismo y la investigación científica - para construir un itinerario turístico sustentable. Para cumplir con este propósito, el proyecto asume la metodología del turismo de base comunitaria (TBC) - segmento turístico que explora el potencial de mantener la calidad y el atractivo de los recursos naturales y culturales asociado al objetivo de proporcionar inclusión social y viabilidad económica a los destinos2. La principal diferencia del TBC radica en la concepción del producto turístico, debido a que los hábitos tradicionales de las comunidades, experimentados por los turistas, constituyen el foco principal de la visita, estimulando el mantenimiento y la valorización de su identidad cultural.

El Proyecto Tortuga Imbricata (TI)³

El proyecto TI, desde su concepción inicial4, fue diseñado a partir de diálogos con las poblaciones que rodean el PNCO, buscando considerar características capaces de generar beneficios relevantes y duraderos para la región. Así, el proyecto TI tiene como objetivo ensayar una ruta de turismo integrando Roura, en la Guayana Francesa, y el PNCO, en Brasil, por vía marítima y terrestre, dentro de un modelo de TBC a ser desarrollado conjuntamente con las comunidades aledañas al Parque, creando condiciones de conservación del medio ambiente, de mejora económica de esas poblaciones y de fiscalización / inhibición de actividades ilícitas en la Unidad de Conservación aludida. Además, el proyecto en cuestión enfrenta el desafío de la consolidación de las áreas protegidas en la Amazonía.

Iniciado en mayo del 2009, el proyecto TI prevé ensayos a lo largo de dos años, después de lo cual será evaluada para su viabilidad. La parte física cuenta con el apoyo de dos embarcaciones: una lancha de la Guayana Francesa (Yatoutatou) y el barco Peixe-Boi (Manatí - (ICMBio). La empresa turística Yatoutatou utiliza la lancha para conducir grupos de ciudadanos franceses de Roura (Guyana francesa) al PNCO. En aguas brasileñas, la lancha cuenta con el apoyo del barco regional Peixe-Boi. La visita incluye la desembocadura del río Oiapoque, la región de Taperebá y las comunidades de Primeiro de Cassiporé, Vila Velha do Cassiporé y del Quilombo de Cunani. La ejecución del proyecto está siendo conducida por un equipo mixto (comunidades ribereñas, Yatoutatou, PNCO), con el apoyo de instituciones asociadas brasileñas y francesas – como la Universidad de Brasilia (UnB) y la Embajada de Francia –. Todo el proceso es evaluado por un consejo integrado por expertos de diversos áreas⁵.

Beneficios comunes

La actuación del ICMBio en el PNCO, en la medida en que acarreaba restricciones en el uso y la ocupación del área protegida, generó resistencia por parte de algunas comunidades, especialmente de aquellas situadas dentro de la UC. El enfoque adoptado ha sido el de utilizar el potencial cultural de la comunidad en combinación con el atractivo de las bellezas naturales del PNCO, sin poner por encima el atractivo turístico de la naturaleza, como es usual en los destinos de Brasil. Esta estrategia permitió una mejora en PNCO del equipo / ICMBio con el pueblo, expresó el deseo de desarrollar un localidades turísticas y mejorar su trabajo en las comunidades.

El discurso que presenta el TBC y el proyecto TI despertó el interés de la gente, sobre todo porque, en esencia, se preocupa por:

a) reconocer las actividades culturales de la comunidad como atracción turística, promoviendo una mejor calidad de vida, la integración de las actividades del parque y el fortalecimiento de la cultura local;

b) contribuir con el transporte de algunos productos – ofreciendo una salida a la producción local - a través de los barcos movilizados por las visitas; por prevenir, además, las actividades ilegales en el ámbito de la PNCO. Es evidente la importancia del proyecto TI, ya que la visita torna más eficaz el monitoreo de la zona y / o la investigación de las acusaciones de pesca ilegal;

c) asegurar beneficios económicos para las comunidades, a través de la distribución equitativa de los beneficios entre sus poblaciones; el turismo puede generar ingresos directos a través de las visitas y la compra de productos locales (chocolate, artesanías, etc.).

Obstáculos y facilidades

Entre los problemas del PNCO destacan la pesca predatoria, principalmente por barcos procedentes del Estado de Pará, y las quemadas clandestinas para implantar monocultivos y la crianza de animales. En cuanto a los aspectos sociales, el alto costo del transporte de los productos de las comunidades circundantes obstaculizan las posibilidades de aumento de los ingresos de estas poblaciones. Esto confirma la importancia del proyecto TI, que hace uso de embarcaciones turísticas para dar salida a algunos productos locales.

Otra cuestión importante es la falta de recursos financieros y humanos, comunes en los parques nacionales y otras áreas protegidas, agudizando las dificultades en la articulación de proyectos, propuestas y trabajos de manejo^{6, 7 y 8}. En cuanto al desarrollo del turismo, los principales desafíos radican en las dificultades de acceso y en las distancias entre las comunidades, factores que implican largos viajes y una logística complicada; en la necesidad de capacitación, especialmente en el sector del turismo, para generar calidad en la prestación de servicios que garanticen hospitalidad, atendimiento, higiene y, en suma, la gestión del proyecto; en la precariedad de la infraestructura y en el desconocimiento de idiomas extranjeros, especialmente el francés.

Hay que mencionar también las facilidades para el desarrollo del TBC en PNCO, que son: la disposición amable y servicial de la comunidad; un interés cada vez mayor por parte de ciudadanos europeos en vivenciar la cultura de las comunidades rurales; el interés de los empresarios guyaneses en asociar aspectos económicos a los socioambientales; interés de las poblaciones del PNCO, manifiesto en la participación de escuelas, asociaciones y miembros de la comunidad, y la creciente voluntad de las comunidades para participar en actividades de formación.

Existe una tendencia mundial de reorientación estratégica de los parques nacionales a nivel bottom-up, hacia la adopción de estrategias de gobernanza concertada9. Los reuniones y los acuerdos hechos en torno al proyecto han determinado nuevos apoyos o restricciones, lo cual también mejora la gobernanza. El caso del PNCO cuenta con una ventaja: tanto los colaboradores del parque como los representantes de la empresa Yatoutatou y los miembros de la comunidad quieren el turismo de base comunitaria y lo apoyan.

Turismo e Historia Local

Irving (2002) sostiene que el turismo puede ayudar a la recuperación de la historia oral y el mantenimiento del patrimonio inmaterial de comunidades locales. Teniendo en cuenta que la cultura involucra todos los símbolos de un pueblo, las atracciones mostradas a los visitantes pueden denotar la continuidad temporal y la especificidad de las comunidades. Como testimonia Irandi Miranda, guarda parque del PNCO:

“(...) El área de aquí es muy grande, muy hermosa y no es conocida, nunca fue filmada, nunca fue mostrada; tenemos una manera antigua de preparar cacao, licor, chocolate, barras de cacao ... tenemos varias bebidas de licor, bebidas típicas de Cassiporé, como licor de açaí, de jenipapo, y otras bebidas que las personas están incentivando y ofreciendo a los turistas que vienen a visitarnos, para que prueben y salgan con el gusto de decir: “ah, probé eso sólo allí, en la Vila Velha del Cassiporé”.

En 2007 se celebró en la Vila Velha del Cassiporé una encuesta socio-cultural, coordinada por los profesores João Batista Ramos Filho y María del Perpetuo Socorro Calado Pinheiro, y apoyada por la Directora de la Escuela Estadual Vila Velha Jocilene Silva. Este esfuerzo de valorización de la historia local rescata hechos e historias que ilustran la forma de vida de los ribereños y su preciosa cultura de pesca y supervivencia. "En Amapá, la Historia Local se encuentra totalmente ausente de las propuestas del plan de estudios del Estado, escamoteando todo el proceso de formación social marcado por la presencia de varia etnias y pueblos"¹¹. También dicen los autores:

Que Dios nuestro padre, proteja e inspire a los hijos de esta tierra para seguir contando la saga de este pueblo y sus bellas historias, a veces olvidadas por el poder público, pero que ciertamente no se extinguirán con la vida, sino que serán inmortalizadas a través de la Historia, contadas por ellos mismos que, sin duda, pueden contarlas para las generaciones futuras¹¹.

En el registro de la cultura inmaterial, los profesores y estudiantes de la escuela estadual procuraron conocer el origen, los primeros habitantes y el tiempo de existencia de la comunidad, para tratar de comprender las razones que llevaron a las primeras personas a residir en Vila Velha. En el registro de la cultura material, fue reconocida la importancia de los sitios arqueológicos como "documentos históricos esenciales para comprender el pasado de un pueblo, incentivando en los alumnos el interés en la preservación de sus raíces históricas y culturales”¹¹.

Conclusión

El proyecto Tortuga Imbricata se justifica por los siguientes aspectos: la integración turística entre la Guayana Francesa y Brasil; el intercambio de recursos humanos, técnicas y materiales; y el fortalecimiento del turismo de base comunitaria. La situación geográfica de frontera internacional del PNCO, en las proximidades de la Guayana Francesa, también permite aprovechar un flujo de turistas que ya existe, impulsado por los vuelos domésticos que vienen de Francia, en busca del "exotismo" de Brasil.

Sin dejar de considerar el gran potencial del turismo en el PNCO y las facilidades para ejecutar el proyecto, se identifican, por otra parte, limitaciones que deben ser enfrentadas y necesariamente discutidas con el apoyo de todas las partes interesadas., tales como: las limitaciones de uso turístico del parque en vista de la legislación vigente, incluso atendiendo a los posibles y preocupantes impactos socioambientales; las limitaciones de comunicación en un proyecto con diferentes lenguas y culturas; dificultades en el acceso a las localidades visitadas y en el transporte de la logística necesaria para las visitas; ensayos realizados con pocos recursos financieros, y la necesidad de determinar la viabilidad económica del proyecto, en virtud de la demanda turística y de los gastos que implica.

A pesar de estas dificultades, el fuerte potencial, los beneficios comunes, así como la valorización sociocultural del territorio en la zona fronteriza, permiten afirmar que este proyecto representa una innovación para los parques nacionales de la Amazonía. Por otra parte, el proyecto de TI puede aportar un aumento significativo en la gobernanza ambiental del parque y de las comunidades de su entorno. Se entiende que el trabajo de discutir con las poblaciones locales las posibilidades de generar ingresos y una mejor calidad de vida ya ha traído resultados positivos, puesto que motivó la aceptación de la actividad turística. Esto se debe a que las comunidades involucradas tenían participación directa en la preparación de los programas y del molde pretendido de la actividad turística.

*Las informaciones contenidas en el artículo "La experiencia del Turismo de Base Comunitaria en el PARNA (Parque Nacional) Cabo Orange", incluyendo algunas referencias, fueron tomadas del plan de manejo del Parque Nacional Cabo de Orange, que está en fase de elaboración, y de las observaciones de campo realizadas en diciembre del 2009.

Agradecimientos: al equipo del ICMBio (PNCO y Brasilia) Kelly Bonach, Denise Arantes de Carvalho e Iván Machado de Vasconcelos por el acompañamiento in situ y por la escritura de textos e informes, y por la dedicación en el desarrollo del proyecto TI; a los profesores del CDS / UnB José Augusto Drummond, José Luis Franco y Elimar Pinheiro do Nascimento por su lectura crítica y valiosas sugerencias sobre el texto; y a la empresa de turismo francesa Yatoutatou, a las Comunidades de Vila Velha del Cassiporé y Primeiro do Cassiporé por poner a nuestra disposición las informaciones contenidas en este texto y por la asociación en el proyecto TI.

Notas y Referencias

1. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). "Estados@". Acesso em: 28.05.09. Disponible haciendo clic aqui.
2. (WWF-INTERNATIONAL, 2001)
3. El nombre del proyecto Tartaruga Imbricata denota una filosofía imbricata, palabra latina que significa "algo que está parcialmente superpuesto a otro adyacente", como los escudos de la concha de una tortuga. En el caso del proyecto: la integración de socios, la superposición de beneficios para el parque, para las comunidades y para el turismo.
4. La concepción inicial del proyecto provino de iniciativas conjuntas, en 2004, entre una empresa de turismo de la Guayana Francesa (Waiki Village/Yatoutatou) y el PNCO/ICMBio. Ese año, la Waiki Village/Yatoutatou manifestó interés en conocer los atractivos turísticos del parque. En el 2007, algunos estudios centrados en el uso público de la Unidad de Conservación permitieron conocer mejor las poblaciones locales. Desde entonces se fueron realizando ensayos de turismo, con la intención de verificar la posibilidad de visitas al PNCO y a las comunidades.
5. En esta oportunidad, el equipo del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Brasilia (CDS/UnB) organizó un equipo interdisciplinario para evaluar la propuesta del TBC en el PNCO.
6. DRUMMOND, José Augusto; FRANCO, José Luis e NINIS, Alessandra. "O Estado das Áreas Protegidas no Brasil – 2005". Brasília, 2006. Disponible haciendo clic clicando aqui.
7. KINKER, Sônia. "Ecoturismo e conservação da natureza em parques nacionais". – Campinas, SP: Papirus, 2002. Coleção Turismo.
8. ROCKTAESCHEL, Benita Maria Monteiro Muller. "Terceirização em Áreas Protegidas: estímulos ao ecoturismo no Brasil". São Paulo: SENAC, 2006.
9. União Internacional pela Conservação da Natureza (UICN / IUCN-INTERNATIONAL), outubro 2009. "Advancing the National Park Idea". Acesso em: 13 dez 2009. Disponible haciendo clic aqui.
10. IRVING, Marta. Participação: questão central na sustentabilidade de projetos de desenvolvimento. In p. 35-45. In: IRVING, M. A AZEVEDO, J. "Turismo: o desafio da sustentabilidade". São Paulo, Futura, 2002.
11. RAMOS FILHO, João Batista e PINHEIRO, Maria do Perpétuo Socorro Calado. "Levantamento sócio-cultural de Vila Velha do Cassiporé: resgatando a cultura – um estudo introdutório". Vila Velha do Cassiporé, no prelo, 2007.
12. BRASIL. Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, com alterações introduzidas pela Lei 11.132, de 4 de julho de 2003, e pelo Decreto nº 5.566, de 26 de outubro de 2005. "Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000". Brasília: MMA, 2006. 56 p.
13. DRUMMOND, José Augusto. "O Sistema Brasileiro de Parques Nacionais: análise dos resultados de uma política ambiental". Niterói: EDUFF, 1997.
14. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). "Parque Nacional do Cabo Orange". – Amapá: ICMBio, s.d.
15. World Wildlife Fund (WWF-INTERNATIONAL), Julho 2001. "Directrices para el desarollo del turismo comunitário".

Acuerdos de compromiso en la REBIO

Autora: Patricia Ribeiro Salgado Pinha (Jefa de la Rebio del Lago Piratuba/ICMBio) (2010)

La Reserva Biológica (Rebio) del lago Piratuba está situada en el extremo oriental del Estado de Amapá, abarcando parte de los municipios de Tartarugalzinho y Amapá, en la región del curso bajo de los ríos Araguari y Cabo Norte. La unidad fue creada mediante Decreto Federal Nº 84.914 del 16/07/1980 y sus límites fueron alterados por el Decreto Federal Nº 89.932 del 07/10/1984. Es administrada por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), agencia federal vinculada al Ministerio del Medio Ambiente, responsable desde el 2007 de la gestión de unidades de conservación federales en virtud de la división del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama).

Antes de la creación de la unidad, ya había habitantes en esta región y muchas familias aún viven en la reserva, incluso después de casi treinta años de su creación. Los ocupantes habitan comunidades, alojamientos estacionales y haciendas.

Las comunidades se dedican a la ganadería extensiva de búfalo, la agricultura familiar y la pesca. Los hacendados, a su vez, se dedican exclusivamente a la crianza extensiva de búfalos y poseen la mayor parte de la manada de búfalos existente en el área de la unidad. Los alojamientos estacionales aparecen en la forma de factorías¹ de los habitantes de la Vila do Sucuriju, situada en el límite nororiental de la unidad, cuya única actividad económica productiva es la pesca.

Las comunidades establecidas y la Vila do Sucuriju muestran una fuerte identificación cultural con la región, habiendo cambiado sus vidas en función de las restricciones de uso impuestas por la unidad. Los grandes terratenientes, por su parte, a pesar de tener lazos con la región, no podrían ser considerados tradicionales. Por lo general, viven en Belén o Macapá y las zonas de la reserva no representan su fuente principal de ingresos, solventándose por medio de otras actividades en la ciudad, en especial el comercio.

Implicaciones de la creación de la Reserva Biológica del Lago Piratuba

 

Al crearse la Rebio del lago Piratuba, la situación más delicada se presentó con los residentes de la Vila do Sucuriju, pues los lagos utilizados por los pescadores se convirtieron en parte de la unidad, a pesar de que el pueblo se encuentra fuera de sus límites. En su momento (todavía durante el régimen militar), no hubo ningún tipo de consulta ni de participación en la delimitación, como tampoco las hubo en la creación de la reserva. Los pescadores tradicionales del Sucuriju (que ya utilizaban los lagos desde antes del siglo XX) asumieron una condición de "ilegalidad", debido a la necesidad de supervivencia. Así, a pesar de la creación de la unidad, la pesca en la región de los lagos se mantuvo, continuando hasta hoy en día de manera bastante tradicional, utilizando canoas a remo y arpón en la captura del pirarucú. Los lagos son muy especiales para la gente de Sucuriju porque representan la dimensión ancestral del pueblo, ya que las viviendas permanentes comenzaron allí; son muy apreciados por su belleza natural, su abundante agua dulce² y por haber proporcionado siempre sustento para las familias de la zona.

El caso de la Rebio del lago Piratuba ilustra de manera muy apropiada el análisis de Monjeau (2007)³ sobre los principales factores sociales y naturales que influyen en la conservación de la fauna silvestre. En su estudio, la mayoría de los problemas a escala local ocurre cuando los procesos de creación de unidades de conservación ignoran el contexto social y, en muchos casos, llegan a usurpar las tierras de los pueblos pioneros.

Desde la creación de la reserva hasta el año 2001, la relación de la comunidad del Sucuriju con el órgano administrador de la unidad (el IBDF - Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal y luego con el Ibama) siempre ha sido represiva. Sólo eran realizadas esporádicas acciones de fiscalización, que incluían la destrucción y quema de las factorías. Con las demás comunidades y con los hacendados, en cambio, la relación fue siempre más tolerante, porque se creía que los ocupantes debían ser indemnizados.

Elaboración de un documento de compromiso

Desde el 2002, no obstante, comenzó una estrategia para resolver este conflicto a través del proyecto "Gestión Participativa: Una alternativa para el desarrollo ecológico de la Rebio del Lago Piratuba/ Amapá", financiado por el Fondo Nacional del Medio Ambiente (FNMA). Como uno de los resultados de este trabajo, en el 2005 comenzó el proceso de elaboración de un documento de compromiso² para regular el uso de los lagos por los pescadores de la Vila do Sucuriju, el que fue firmado en noviembre del 2006.

Dada la experiencia positiva, en el 2007 se desarrolló un proyecto específico para la construcción de otros compromisos con las demás comunidades y hacendados. En este caso, las comunidades residentes y los hacendados fueron tratados por separado por constituir grupos sociales distintos. Según la legislación actual, los acuerdos de compromiso sólo deben ser establecidos con las poblaciones tradicionales residentes. Por lo tanto, se optó por formular un término de compromiso con las comunidades y un acuerdo de ajustamiento de conducta con los hacendados.

El trabajo de construcción de estos acuerdos ha sido financiado por el Programa ARPA (Áreas Protegidas de la Amazonía), que es un programa del gobierno federal brasileño para consolidar 60 millones de hectáreas de unidades de conservación en la Amazonía hasta el año 2016.

La experiencia de elaboración de documentos de compromiso

La construcción del documento de compromiso con la comunidad Sucuriju hizo posible compatibilizar la actividad pesquera en los lagos con los objetivos de creación de la unidad a través de la regulación del acceso a esta región, la identificación y registro de los pescadores, y la definición de los pertrechos de pesca, la cantidad y el tamaño mínimo del pescado, los períodos y los locales de pesca, así como el establecimiento de multas y sanciones por el incumplimiento de las normas y la realización de reuniones de evaluación cada seis meses sobre el cumplimiento de las cláusulas acordados.

Según Sautchuk (2007), el establecimiento de este término de compromiso fue posible por una situación específica en el marco del control del territorio y de las diferentes concepciones del ambiente de los lagos y no por convencimiento de las partes. Por un lado, los pescadores de Sucuriju se dieron cuenta de la posibilidad de garantizar para sí el uso exclusivo de los lagos y de resolver la incomodidad causada por el uso de la red para la pesca del pirarucú. Por otra parte, el equipo gestor de la unidad veía la compatibilidad del uso de los recursos naturales de los lagos y la supervivencia de la comunidad Sucuriju, con la conservación de la reserva. Para los pescadores, la red espantaba a los peces porque delataba al pescador, impedía la relación directa del pescador con el pirarucú y funcionaba como un instrumento de competencia entre ellos. Para el equipo de gestión, la red provocaba serios daños a las poblaciones de peces, impidiendo caracterizar esta actividad como de bajo impacto.

De cualquier manera, el proceso de elaboración del término de compromiso para regular la pesca en los lagos de la Rebio del Lago Piratuba hizo que los pescadores (por la primera vez) se sintieran valorados y empiecen a confiar en el equipo gestor de la unidad, lo que permitió una aproximación extremadamente positiva que todavía no había sido posible desde la creación de la reserva.

La firma del documento de compromiso (el primero en una unidad de conservación federal) fue un importante avance en la gestión de la reserva, que además contribuyó a la transformación de un grave conflicto en una oportunidad para la conservación de la naturaleza. Su oficialización significó el reconocimiento de los derechos históricos y culturales de la comunidad del Sucuriju y permitió que los residentes se convirtiesen en aliados importantes de la gestión, no obstante tratarse de una unidad de conservación de utilización extremadamente restringido.

La elaboración del acuerdo de compromiso con las comunidades residentes se perfiló, además, como una excelente oportunidad para la reducción de conflictos de uso e impactos ambientales en la unidad, aparte de permitir una mayor participación en la gestión de la reserva. Fueron establecidas normas para la crianza de búfalo (que es la actividad más impactante), el cultivo de rozas, la crianza de pequeños animales, la pesca artesanal, la eliminación adecuada de la basura, el tratamiento de aguas residuales domésticas, la realización o ampliación de mejoras y el registro de las reservas legales.

A pesar de que el esfuerzo fue el mismo en relación a las comunidades y los agricultores, sólo el proyecto del término de compromiso con las comunidades fue finalizado y evaluado por la Junta Consultiva así como por la Procuraduría Federal Especializada conjuntamente con el ICMBio, restando sólo la realización de la ceremonia de firma.

La elaboración del término de ajuste de conducta con los hacendados es aún objeto de debate. Era previsible que la negociación con los hacendados sería más lenta y difícil. Sin embargo, no se esperaba que los procesos (que se iniciaron al mismo tiempo) necesitasen de períodos de tiempo tan distintos. Lo cual quiere decir que el esfuerzo previsto para los hacendados no era suficiente y que, en el menor tiempo posible, las negociaciones deben ser finalizadas para que las normas y las reglas también sean pactadas con los agentes que más contribuyen a la degradación de la unidad, a fin de evitar favorecer a un grupo sobre otro.

Referencias

1. MONJEAU, A. "Conservación de la biodiversidad, áreas protegidas y gente: escalas diferentes, problemas diferentes". 2007. In: Nunes, M. de L.; Takahashi, L. Y.; Theulen, V. (orgs.). Unidades de Conservação: Atualidades e tendências 2007. Curitiba: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza. p. 77-91.
2. SAUTCHUK, C. E. 2006. Esse rio abriu da noite pro dia: A Vila do Sucuriju, Comunidade Pesqueira do Litoral do Amapá. ACT Brasil Edições. 1ª ed. Brasília. 50p.
3. SAUTCHUK, C. E. 2007. O arpão e o anzol: técnica e pessoa no estuário do Amazonas (Vila do Sucuriju, Amapá). Tese de doutorado. Universidade de Brasília.Brasília. 401p.

Seguridad alimentaria y sustentabilidad ambiental

Es la diversidad de plantas y animales domésticos, y su capacidad de adaptarse a condiciones climáticas adversas (clima, suelo, vegetación, etc.) y necesidades humanas específicas, la que asegura a los agricultores la posibilidad de sobrevivencia en muchas áreas sujetas a tensiones ambientales. Es el cultivo de especies diversas el que protege a los agricultores, en muchas circunstancias, de una pérdida total del sembradío en casos de peste, enfermedad, sequía prolongada, etc.. Con los monocultivos, de estrechísima base genérica, ocurre lo contrario: las pestes, las enfermedades, etc., atingen a la única especie cultivada y destruyen completamente la plantación.

La uniformidad genética crea enormes riesgos e incertezas para los cultivos agrícolas, que se tornan especialmente vulnerables. La situación de vulnerabilidad genética¹ se debe al hecho de que, en virtud de su constitución genética, una planta cultivada a gran escala es uniformemente susceptible a pestes, enfermedades o tensiones ambientales, provocando, de esta forma, riesgos de pérdidas totales en las plantaciones. Aun cuando una variedad moderna haya sido desarrollada para tener resistencia contra un determinado patógeno², cualquier mutación de ese patógeno, por menor que sea, podrá ser suficiente para quebrar tal resistencia, tornando vulnerable todo el cultivo.

Uno de los más famosos ejemplos de los peligros que representa la uniformidad genética fue la “Gran Hambruna” ocurrida en Irlanda, entre 1845 y 1851, provocada por la devastación generalizada de las plantaciones de papas a causa de un hongo (Phytophthora infestans). El 90% de la población de Irlanda dependía de la papa como alimento principal. El hongo acabó con las plantaciones de papa y mató de hambre a dos millones de irlandeses (25% de la población). En ese período, 1,5 millones de irlandeses migraron a los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia. Muchos murieron durante el viaje o poco después de llegar, debilitados por la desnutrición³.

Pero hay ejemplo más recientes. En la década de 1970, una enfermedad de planta causada por un hongo (Bipolaris maydis), conocida como la “plaga de la hoja de maíz suc”, atacó las plantaciones de maíz de los Estados norteamericanos (inicialmente los del sur, llegando después hasta el norte, afectando Minnesota, Michigan y Maine). Algunos Estados llegaron a perder la mitad de sus cultivos. Esto ocurrió también en 1971, en una plantación soviética de una misma variedad de trigo, conocida como Besostaja, en un área de 40 millones de hectáreas, que se extendía de Kuban a Ucrania. Tal variedad presentaba altos rendimientos cuando era cultivada en Kuban, donde las temperaturas eran más moderadas. En aquel año, Ucrania sufrió un invierno extremadamente riguroso, que devastó sus plantaciones y causó la pérdida de 20 millones de toneladas de trigo, que correspondían del 30 al 40% del cultivo. Conforme destacan Cary Fowler y Pat Mooney⁴, en ambos casos, tanto en Estados Unidos como en Ucrania,  la culpa por las pérdidas de los cultivos de maíz y de trigo no debe ser atribuida a la plaga que infestó las plantaciones de maíz o al invierno riguroso de Ucrania, sino a la uniformidad genética de los cultivos⁵. Estos no habrían sido tan drásticamente devastados si hubiesen sido plantadas variedades diversas.

La agrobiodiversidad es esencial para la seguridad  alimentaria y nutricional, que consiste en el cumplimiento del derecho de todos al acceso regular y permanente a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, teniendo como base prácticas alimenticias promotoras de salud que respeten la diversidad cultural y que sean ambiental, cultural, económica y socialmente sustentables.

Ese es el concepto establecido por el artículo 3° de la Ley N° 11.346 del 15 de setiembre del 2006, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el fin de garantizar el derecho humano a la alimentación.

La agrobiodiversidad no sólo está asociada a la producción sustentable de alimentos, sino que también tiene un papel fundamental en la promoción de la calidad de los alimentos. Una alimentación diversificada – equilibrada en proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes – es recomendada por nutricionistas y es condición fundamental para una buena salud. Sólo los sistemas agrícolas biodiversos favorecen dietas más nutritivas y equilibradas. La erosión genética en el campo no sólo afecta a los agricultores, sino también a los consumidores.

Los modelos de producción agrícola tiene implicaciones directas para la alimentación, la nutrición y la salud humana. La ganadería “moderna” y el cultivo de pocas especies agrícolas han favorecido la estandarización de los hábitos alimentarios y la devaluación cultural de las espécies nativas. En los Andes, por ejemplo, muchas plantas tradicionalmente empleadas en la alimentación de pueblos indígenas y agricultores locales, como quinua (Chenopodium quinoa), amaranto (Amaranthus caudatus), chocho (Lupinus mutabilis), kañina (Chenopodium pallidicaule), viraca (Arracacia xanthorrhiza) e yacón (Polymnia suochifolia), estan siendo abandonadas y reemplazadas por especies importadas, como espinaca, coliflor e apio, cuyo cultivo exige empleo mucho mayor de adubos y fertilizantes químicos.

En las regiones tropicales de las Américas han sido cada vez menos utilizadas plantas como la verdolaga (Portulaca oleracea), también conocida como “ensalada de negro”, cultivada para hacer ensaladas y de valor nutricional casi igual que la espinaca y la capuchina (Tropaeolum majus), que ya fueron muy importantes para los sistemas agrícolas locales y la seguridad alimentaria de las poblaciones rurales⁶.

La alimentación centrada en el consumo de plantas (frutas, legumbres y verduras) fue sustituida por dietas excesivamente calóricas y ricas en grasas, pero pobres en vitaminas, fierro y zinc. Los alimentos son hechos con un número cada vez menor de especies y variedades de plantas, y los derivados del maíz y de la soya, por ejemplo, están presentes en la mayoría de los productos industrializados. Para que se tenga una idea, se estima que existen entre 250 mil y 420 mil especies de plantas superiores, de las cuales sólo 30 corresponderían al 95% de la nutrición humana, y apenas siete de ellas (trigo, arroz, maíz, papas, mandioca, batata dulce y cebada) conformarían el 75% de ese total.

Estimativas más optimistas apuntan, entre tanto, que 103 especies serían responsables por el 90% de los alimentos consumidos en el planeta, y no solamente las 20 ó 30 especies comúnmente mencionadas⁷. De cualquier forma, la alimentación humana se basa en un número reducido de especies vegetales, lo que compromete la salud.

La alimentación poco nutritiva y balanceada responde, en parte, por la epidemia mundial de enfermedades crónicas tales como obesidad, diabetes, dolencias cardiovasculares y algunas formas de cáncer. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), cerca de 177 millones de niños de todo el mundo están amenazadas con dolencias relacionadas a la obesidad, y la previsión es que 2,3 billones de personas de más de 15 años serán obesas hasta el 2015. Actualmente hay 1,5 billón de personas obesas en el mundo, mientras que 854 millones son desnutridas. En los países en desarrollo, el enfrentamiento del hambre y de la miseria pasa necesariamente por la adopción de prácticas agrícolas más sustentables⁸.

La agricultura interactúa con el ambiente de diversas formas que afectan la salud humana. Los efectos nocivos del uso indiscriminado de agrotóxicos son bien conocidos. En casos extremos, llegan a provocar anomalías genéticas, tumores y cáncer. La Organización Mundial de Salud estima que ocurren en el mundo cerca de 3 millones de intoxicaciones agudas por agrotóxicos, provocando 220 mil muertes por año, de las cuales cerca del 70% ocurren en países en desarrollo⁹. Además de la intoxicación de trabajadores rurales que tienen contacto directo o indirecto con esos productos, la contaminación de alimentos atinge también a los consumidores. A causa de su peligrosidad para la salud humana y para el medio ambiente, los agrotóxicos están sujetos a controles legales en muchos países del mundo, inclusive en Brasil¹⁰. Las alteraciones ambientales producidas por la irrigación y la deforestación favorecen asimismo la expansión de enfermedades como la malaria, la esquistosomiasis, etc.

La agrobiodiversidad es un componente esencial de los sistemas agrícolas sustentables. Uno de sus principios es justamente la diversificación de los cultivos. Un mayor número de especies en determinado ecosistema, asociado a otros factores ecológicos, asegura mayor estabilidad y menor necesidad de insumos externos, como los agrotóxicos y los fertilizantes nitrogenados. Los sistemas agrícolas diversificados también propician la cosecha de diferentes cultivos en épocas del año alternadas. El deterioro de una zafra o la reducción de precio de un determinado cultivo, no causa tanto perjuicio como en los sistemas de monocultivo¹¹.

La diversificación de un agrosistema puede ser realizada de varias formas, que van desde el consorcio de cultivos, pasando por la rotación (los “cultivos alternados”), hasta los sistemas agroforestales, que son un sistema de manejo forestal que apunta a conciliar la producción agrícola y la conservación de las especies arbóreas. Esos sistemas promueven el aumento de materia orgánica en los suelos, disminuyen la erosión y conservan la diversidad de especies. Cuando la vegetación ribereña es recuperada, se verifica también la disminución de la turbidez del agua y una ampliación de la disponibilidad de recursos hídricos¹².

Cada agrosistema, sin embargo, presenta características distintas y exige soluciones específicas. La agricultura sustentable requiere una comprensión de las complejas interacciones entre los diferentes componentes de los sistemas agrícolas. Cada agroecosistema deberá encontrar las soluciones adecuadas para sus condiciones ambientales, económicas y sociales. La especialización de los sistemas productivos y la homogeneidad genética que los caracteriza no sólo provocan la disminución de la diversidad de especies y variedades, sino también la reducción de especies importantes al equilibrio de los agrosistemas, tales como las bacterias estabilizadoras de nitrógeno, los hongos que facilitan la absorción de nutrientes, los polinizadores, los dispersores de semillas, etc. Comprometen, asimismo, la resistencia y la resiliencia de los agrosistemas, tornándolos más vulnerables al ataque de plagas, secas, mudanzas climáticas y otros factores de riesgo¹³.

Lea Más

SANTILLI, J. . Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009.

Notas e Referências

1. NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES. Genetic vulnerability of major crops. Washington: 1972.
2. Patógeno es cualquier organismo capaz de causar enfermedad infecciosa en plantas; es decir, hongos, bacterias, nematodos y protozoos.
3. Consultar: Woodham-Smith, Cecil. The great hunger: Ireland 1845-1849. Londres: Penguin Books, 1991; Bartoletti, Susan Campbell. Black potatoes: the story of the great Irish famine, 1845-1850. Michigan: Gale, 2002.
4. FOWLWE, C. & MOONEY, P. Shattering: food, politics, and the loss of genetic diversity. Tucson: The University of Arizona Press, 1990. p. IX-XI.
5. Ibid., p. XI.
6. FAO. Plant Production and Protection Division. Seed and Plant Genetic Resources Service. “Seed policy and programmes in Latin America and the Caribbean.” In: Regional Technical Meeting on Seed Policy and Programmes in Latin America and the Caribbean, 20-24/3/2000, Merida, México. Proceedings. Roma: FAO, 2000. p. 32. (FAO Plant Production and Protection Paper, 164).
7. WALTER, B. M. T et al. “Coleta de germoplasma vegetal: relevância e conceitos básicos.” In: WALTER, B. M. T. & CAVALCANTI, T. B. (eds.). Fundamentos para a coleta de germoplasma vegetal. Brasília: Embrapa, 2005a. p. 28-55.
8. Consultar: Stern, Linda Jo et al. “Trabalhando agricultura e saúde conjuntamente.” Agriculturas: experiências em agroecologia. Rio de Janeiro: AS-PTA; Leusden: Ileia, v. 4, n. 4, p. 18-22, dez. 2007; Jhamtani, Hira & Jenny, Putu Anggia. “Superando a desnutrição com cultivos e sistemas alimentares locais.” Agriculturas: experiências em agroecologia. Rio de Janeiro: AS-PTA; Leusden: Ileia, v. 4, n. 4, p. 23-25, dez. 2007.
9. En el 2008, Brasil asumió el liderazgo en el consumo mundial de agrotóxicos. Las ventas e agrotóxicos totalizaron 733,9 millones de toneladas y movilizaron cerca de 7,1 billones de dólares, según el Sindicato Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Agrícola (Sindag). Brasil superó el record de los Estados Unidos, mayor productor de alimentos del mundo, que consumió 646 millones de toneladas de agrotóxicos en el mismo período. Fuentes: “No reino dos agrotóxicos: a Anvisa pode banir 13 pesticidas do Brasil, novo líder mundial de consumo”. CartaCapital, 20/05/2009, nº 546.
10. La Ley N° 7.802/1989 regula la utilización, comercialización, transporte, almacenamiento, importación y exportación de agrotóxicos.
11. EHLERS, E. . “Agricultura sustentável.” In: Instituto Socioambiental. Almanaque Brasil Socioambiental: uma nova perspectiva para entender o país e melhorar nossa qualidade de vida. São Paulo: ISA, 2008. p. 414-419.
12. BEZERRA, M. C. & VEIGA, J. E. (coords.). Agricultura sustentável. Brasília: MMA; Ibama; Consórcio MPEG, 2000. p. 75.
13. EHLERS, op. cit., p. 419.

Agrobiodiversidad y los derechos de los agricultores

Autora: Juliana Santilli (Socia-fundadora del Instituto Socioambiental) (2010)

El reconocimiento y la efectiva implementación de los derechos de los agricultores son un componente clave de cualquier política de conservación y utilización sustentable de la agrobiodiversidad, o biodiversidad agrícola.

En este texto abordaremos las interfaces entre los derechos de los agricultores y la agrobiodiversidad, a pesar de que consideramos que tales derechos son muchos más amplios y abarcan, asimismo, los derechos a la tierra y a la reforma agraria, a la seguridad alimentaria, a la participación política, a las políticas públicas de apoyo a la agricultura sustentable, entre otros aspectos¹. Aun cuando tales derechos están íntimamente ligados entre sí y son indisociables, trataremos fundamentalmente de los derechos de los agricultores previstos en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura, y, en especial, de los derechos de los agricultores a conservar, usar, intercambiar y vender semillas. Este tratado entró en vigor internacionalmente en el 2004 y, en Brasil, fue promulgado en el 2008. Allí se dedica todo el artículo 9° a los derechos de los agricultores. Consideramos que ese tratado internacional ofrece una oportunidad importante para el debate sobre la construcción y la implementación de los derechos de los agricultores en Brasil. No se trata, con eso, de que los derechos de los agricultores se deban limitar a aquellos reconocidos por el tratado internacional – es importante remarcar –, pero ese puede ser un punto de partida.

Los derechos de los agricultores son reconocidos por el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura en su preámbulo, en el artículo 9°, dedicado específicamente a su reconocimiento, y en otros dispositivos del tratado relativos a la conservación y el uso sustentable de los recursos fitogenéticos (artículos 5° y 6°). La responsabilidad por la implementación de los derechos de los agricultores compete a los países, a través de la aprobación de leyes nacionales. Con la entrada en vigor del tratado internacional en Brasil, el país debe reformular no sólo su legislación de acceso a los recursos fitogenéticos, sino también las demás leyes que tienen interfaces con los derechos de los agricultores. Analizaremos cómo el concepto de derecho de los agricultores se desenvolvió internacionalmente hasta llegar a la formulación expresa en el tratado. Después analizaremos, en especial, los derechos de los agricultores a conservar, usar, intercambiar y vender semillas.

La emergencia de los “derechos de los agricultores” en el plano internacional

La expresión “derechos de los agricultores” fue acuñada en el año 1980 por Pat Mooney y Cary Fowler, dos activistas de la organización no gubernamental Rural Advancement Foundation International (Rafi, que más tarde pasó a llamarse ETC Group), a fin de destacar la enorme contribución de los agricultores para la conservación y el desenvolvimiento de los recursos genéticos agrícolas (simientes y saberes agrícolas). Ellos defendieron el reconocimiento de los derechos de los agricultores ante la Comisión de Recursos Fitogenéticos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en 1986 como una medida de equidad norte-sur y una compensación por los derechos de propiedad intelectual de los mejoradores sobre las variedades de las plantas, que ya existían y estaban aseguradas legalmente. A partir de entonces la expresión “derechos de los agricultores” ganó proyección y pasó a ser incluida en varios instrumentos internacionales, pero produjo pocos resultados concretos.

Los derechos de los agricultores fueron reconocidos formalmente, por la primera vez, en 1989, cuando la Conferencia de la FAO adoptó la resolución 5/89, que reconoce los derechos de los agricultores como “derechos provenientes de las contribuciones pasadas, presentes y futuras de los agricultores para la conservación, el desarrollo, la puesta a disposición de los recursos fitogenéticos, particularmente aquellos de los centros de origen/diversidad)”. Esos derechos fueron conferidos a la comunidad internacional, en tanto guardián, a favor de las presentes y futuras generaciones de agricultores, y a fin de asegurar todos los beneficios a los agricultores y apoyar la continuidad de sus contribuciones para el desenvolvimiento de la agricultura. La resolución 5/89 fue adoptada como un anexo al Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, juntamente con la resolución 4/89, que reconoció los derechos de propiedad intelectuales de los mejoradores de plantas (investigadores que desarrollaron nuevas variedades de plantas) previstos en la Convención para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

Dos años después, la Conferencia de la FAO adoptó una nueva resolución (03/91), que estableció un fondo internacional para apoyar programas orientados a la conservación y la utilización de los recursos fitogenéticos, sobre todo en los países en desarrollo. Ese fondo recibió pocas contribuciones voluntarias y nunca se materializó. El reconocimiento de los derechos de los agricultores fue meramente formal.

En la Conferencia de Nairobi, en Kenia, que aprobó el texto final de la Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), en 1982, fue adoptada la resolución N°3, en la cual la “realización de los derechos de los agricultores” es señalada como una de las principales cuestiones a ser enfrentadas. La Convención sobre la Diversidad Biológica no menciona explícitamente los derechos de los agricultores, pero establece, en su artículo 8 (j), que los conocimientos, innovaciones y prácticas de comunidades locales y poblaciones indígenas deben ser respetadas y la aplicación de tales conocimientos debe ser incentivada mediante la aprobación y la participación de sus poseedores y la repartición de beneficios con las comunidades locales e indígenas.

En 1996, el Plan Global de Acción para la Conservación y utilización Sustentable de los Recursos Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura, adoptado por 150 países en Leipzig, Alemania, previó, entre sus objetivos a largo plazo, la “realización de los derechos de los agricultores, en el ámbito nacional, regional e internacional”².

En 1999, un estudio del Consejo Económico y Social sobre el derecho a la alimentación, sometido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sustentó que los derechos de los agricultores deberían ser tratados y promovidos como una parte integrante del derecho humano a la alimentación, ya que “nuestro futuro abastecimiento de comida, y su sustentabilidad, depende de que tales derechos (de los agricultores) sean establecidos con firmeza”.

A pesar de que el concepto de los derechos de los agricultores fue incorporado a muchos instrumentos internacionales, nunca hubo consenso sobre su significado, la extensión de su contenido ni la forma de implementar tales derechos. Las motivaciones para la protección de los derechos de los agricultores siempre variaron bastante, de las cuales destacamos las principales:

1. El reconocimiento de los derechos de los agricultores sería una medida de “equidad” entre los poseedores de germoplasma vegetal (los agricultores, especialmente los que viven en los centros de diversidad de los cultivos agrícolas, en los países tropicales o subtropicales) y los poseedores de la biotecnología agrícola (con base, principalmente, en los países del norte). Habría la “obligación moral” de garantizar que los agricultores sean recompensados por su contribución para la conservación de la agrobiodiversidad. En cuanto los derechos de propiedad intelectual – en la forma de patentes o derechos de mejoradores – recompensan a los mejoradores y los estimulan a desarrollar nuevas variedades comerciales, no hay forma alguna de compensación y/o apoyo a los agricultores para que continúen conservando y utilizando, en forma sustentable, los recursos de la agrobiodiversidad. Además de eso, los derechos de propiedad intelectual recompensan por innovaciones sin considerar que, en muchos casos, tales innovaciones son solamente el último paso en una serie de invenciones y conocimientos acumulados a lo largo de milenios por generaciones de hombres y mujeres en diferentes partes del mundo.
2. El reconocimiento de los derechos de los agricultores sería una forma de promover la conservación de los recursos fitogenéticos y de los conocimientos tradicionales, garantizando la seguridad alimentaria actual y futura. El reconocimiento de los derechos de los agricultores beneficiaria no solamente a los propios agricultores, sino a toda la humanidad. Esa sería, sin embargo, una visión utilitaria de los derechos de los agricultores , la misma que es criticada por muchas organizaciones de agricultores, pues los derechos de los agricultores deben contribuir no solamente a la conservación de la agrobiodiversidad, sino también a su ponderación y a la mejora de sus condiciones de vida. Es equivocado ver los sistemas agrícolas locales y tradicionales, ricos en agrobiodiversidad, solamente como una fuente de recursos que deben ser conservados para su futura explotación por los mejoradores. Ellos representan, en realidad, la base de sobrevivencia de casi 1,5 billones de personas en todo el mundo.  
3. El reconocimiento de los derechos de los agricultores sería principalmente una forma de garantizar que los derechos de los mejoradores no inviabilicen las prácticas locales, tales como guardar, reutilizar, intercambiar y vender semillas. Los derechos de los agricultores, sin embargo, no se limitan al llamado “privilegio del agricultor”, que es solamente una forma de exención al derecho del mejorador, que permite a los agricultores utilizar semillas de variedades protegidas sin la autorización del mejorador en determinadas situaciones. Los derechos de los agricultores son bastante más amplios que “el privilegio del agricultor”.

El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura, y los derechos de los agricultores

El primer instrumento internacional vinculante (de cumplimiento obligatorio) que reconoce el papel de los agricultores y de las comunidades locales en la conservación de la agrobiodiversidad fue el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura, el mismo que en Brasil fue promulgado en el 2008. Los objetivos del tratado son “la conservación y el uso sustentable de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la repartición justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización para una agricultura sustentable y la seguridad alimentaria, en conformidad con la Convención sobre Diversidad Biológica”.

El preámbulo y el artículo 9° del Tratado, que consideran expresamente los derechos de los agricultores, son reproducidos a continuación:

Preámbulo del tratado Internacional:

“Afirmando que la contribución pasada, presente y futura de los agricultores de todas las regiones del mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad, a la conservación, mejoramiento y disponibilidad de estos recursos constituye la base de los derechos del agricultor".

“Os direitos reconhecidos neste Tratado de guardar, usar, trocar e vender sementes e outros materiais de propagação conservados pelo agricultor, e de participar da tomada de decisões sobre a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura, são fundamentais para a aplicação dos direitos do agricultor, bem como para sua promoção tanto nacional quanto internacionalmente”.

Parte III. Derechos de los agricultores

Artigo 9º – Direitos dos agricultores:

9.1 Las Partes Contratantes reconocen la enorme contribución que han aportado y siguen aportando las comunidades locales e indígenas y los agricultores de todas las regiones del mundo, en particular los de los centros de origen y diversidad de las plantas cultivadas, a la conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos que constituyen la base de la producción alimentaria y agrícola en el mundo entero.

9.2 Las Partes Contratantes acuerdan que la responsabilidad de hacer realidad los derechos del agricultor en lo que se refiere a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura incumbe a los gobiernos nacionales. De acuerdo con sus necesidades y prioridades, cada Parte Contratante deberá, según proceda y con sujeción a su legislación nacional, adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover los derechos del agricultor, en particular:

• a protección de los conocimientos tradicionales de interés para los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;
• el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y
• el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.

9.3 Nada de lo que se dice en este Artículo se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda.

Hay una divergencia entre el preámbulo del Tratado, que reconoce la necesidad de que los derechos de los agricultores sean promovidos tanto nacional cuanto internacionalmente, y el artículo 9.2 del Tratado, que deja la responsabilidad de la implementación de los derechos de los agricultores a los gobiernos nacionales, por medio de sus propias leyes y de acuerdo a sus necesidades y prioridades. A pesar de que el Tratado estipula que los países deben adoptar medidas para proteger los derechos de los agricultores, cada país podrá decidir qué medidas adoptará, y las acciones políticas listadas por el Tratado son apenas ilustrativas, pudiendo los países adoptar otras. El Tratado no estableció parámetros internacionales que deban ser necesariamente adoptados y respetados por los países signatarios, lo que refleja principalmente la falta de consenso entre los países en relación a la forma de implementar los derechos de los agricultores. El Tratado podría haber mantenido alguna flexibilidad, para que los países pudiesen adaptar los derechos de los agricultores a los contextos locales, pero debería haber establecido algunos parámetros internacionales mínimos. El Tratado se limitó, en cambio, a establecer un rol ilustrativo de medidas que pueden ser adoptadas por los países, lo que tornará difícil para su órgano gestor evaluar si un país está o no implementando tales derechos.

Además de eso, el Tratado no reconoce los derechos de los agricultores como derechos humanos, que deben ser garantizados por el sistema internacional. Las organizaciones no gubernamentales defendían que los derechos de los agricultores debían ser reconocidos como derechos humanos, que deban ser asegurados por el sistema internacional, y asimismo integrar el derecho a la alimentación, lo que no fue adoptado en el texto final del Tratado.

Los derechos de los agricultores a conservar, usar, intercambiar y vender semillas

El preámbulo del Tratado internacional se refiere expresamente a los derechos de los agricultores “a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y otro material de propagación conservados”. Sin embargo, el artículo 9.3 afirma que: “Nada de lo que se dice en este Artículo (9°) se interpretará en el sentido de limitar cualquier derecho que tengan los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra o propagación conservado en las fincas, con arreglo a la legislación nacional y según proceda”. Mientras que el preámbulo hace un reconocimiento positivo de tales derechos, el artículo 9.3 es neutro y establece que la decisión compete a cada país. La redacción del artículo 9.3 refleja la ausencia de consenso entre los países que defendían un reconocimiento positivo de los derechos de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender material de siembra, y los países que no querían que el Tratado estableciese cualquier restricción a los derechos de propiedad intelectual de los mejoradores de plantas, protegidos por la Convención de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), en sus Actas de 1978 y 1991.

El artículo 9.3 no crea, sin embargo, ninguna restricción a las opciones que pueden ser adoptadas por los países en relación a la implementación de los derechos de los agricultores, incluso en lo que respecta a limitaciones a los derechos de propiedad intelectual sobre variedades de plantas, y ése es, probablemente, uno de los puntos más controvertidos en relación al reconocimiento de los derechos de los agricultores.

Desde el punto de vista de la conservación de la agrobiodiversidad y de los sistemas agrícolas locales, tradicionales y agroecológicos, es absolutamente fundamental asegurar los derechos de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas. También es importante garantizar el acceso de los agricultores a una amplia variedad de simientes adaptadas a las condiciones ambientales, sociales y culturales locales. Son los sistemas agrícolas locales los que generan y mantienen la mayor diversidad genética on farm (en el campo), y la posibilidad legal de conservar e intercambiar semillas es fundamental para la introducción y la adaptación de nuevas variedades a las condiciones locales. No obstante, tales derechos (a conservar, utilizar, intercambiar semillas) entran en conflicto con las restricciones impuestas por las leyes de protección a los derechos de propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales, especialmente a las que tienen como base el Acta de 1991 de la Convención de la UPOV. La Convención de la UPOV, de la cual Brasil es país signatario (teniendo como base el Acta de 1978) establece los derechos de propiedad intelectual sobre variedades de plantas distintas, homogéneas y estables.

Hay una diferencia importante entre las Actas de 1978 y de 1991 de la Convención de la UPOV, en lo que se refiere a los derechos de los agricultores:

Según el Acta de 1978, los agricultores pueden conservar las semillas de variedades protegidas para utilizarlas en las zafras siguientes sin necesidad de autorización del obtentor. No hay previsión expresa sobre este punto, pero como sólo se exige la autorización del obtentor para la producción con fines comerciales, el ofrecimiento de venta y la comercialización, los agricultores pueden utilizar las semillas guardadas para uso propio en las zafras siguientes, así como intercambiarlas entre sí.

Según el Acta de 1991, los agricultores sólo pueden utilizar las semillas guardadas de cosechas anteriores si las leyes nacionales lo permiten, “dentro de límites razonables y toda vez que sean resguardados los legítimos intereses del obtentor”, y mientras que sea “en sus propias tierras”. El intercambio de semillas entre los agricultores no es permitido porque los agricultores deben reproducir las semillas guardadas en sus propias tierras, y también las otras deben ser utilizadas en sus propias tierras. La venta de las semillas de variedades protegidas a otros agricultores tampoco es permitida, en ningún caso. Según el Acta de 1991, las leyes nacionales pueden decidir que los agricultores no puedan reutilizar las semillas guardadas en las cosechas siguientes, o que sólo algunos agricultores (por ejemplo, pequeños agricultores) tengan ese derecho, o que ellos deban pagar royalties a los obtentores a fin de que puedan mantener esa práctica tradicional. Las leyes nacionales también pueden limitar la extensión de las áreas, la cantidad de semillas y de especies a las que se aplica el derecho del agricultores de reutilización de semillas.

Entre las propuestas destinadas a conciliar los derechos de propiedad intelectual con los derechos de los agricultores a conservar, usar, intercambiar y vender semillas (de variedades protegidas) están: - restringir el derecho del agricultores de conservar, reutilizar y vender semillas de variedades protegidas a las especies agrícolas cultivadas por los agricultores para consumo y abastecimiento nacional, o sea, tal derecho no se aplica a las especies agrícolas cultivadas para su exportación; o - limitar el referido derecho de los agricultores solamente a las especies agrícolas destinadas a la alimentación (humana o animal); tal derecho no se aplicaría, por ejemplo, a las plantas ornamentales, ya que los derechos de los agricultores son establecidos en el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Alimentación y Agricultura, y, por tanto, no se extenderían a las plantas usadas para ornamentación. Las dos propuestas son viables y deben ser consideradas por los países del sur al adoptar las leyes nacionales de protección a los derechos de los agricultores.

Un error común en relación al Acta de 1991 de la Convención de la UPOV es suponer que ella prohíbe de forma general que los agricultores guarden sus semillas para utilizarlas en las zafras siguientes. La Convención de la UPOV y cualquier legislación basada en ella se aplican únicamente a las variedades protegidas (por derechos de propiedad intelectual). Las variedades de dominio público no sufren tales restricciones (aunque sufran, en muchos casos, las restricciones al uso propio establecidas por las Leyes de Simientes).

Actualmente, los países que se quisieran tornar miembros de la UPOV deben adherir al Acta de 1991, pues las adhesiones al Acta de 1978 sólo fueron posibles hasta 1998. Los únicos países africanos que se tornaron miembros de la UPOV son Túnez y Marruecos (que ratificaron el Acta de 1991) así como Kenia y África del Sur (que adhirieron al Acta de 1978). Noruega es miembro de la UPOV teniendo como base el Acta de 1978 y sustenta firmemente su derecho de continuar siendo miembro de la UPOV teniendo como base esa acta. China también es miembro de la UPOV sobre la base del Acta de 1978, y en las Américas, además de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y México también lo son. (Muchos países americanos, sin embargo, han sido forzados a adoptar un régimen de propiedad intelectual más rígido en virtud de los acuerdos bilaterales o regionales de libre comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea.

Pero no son solamente las leyes de protección de cultivos (adoptadas sobre la base de la Convención de la UPOV) las que imponen restricciones a los derechos de los agricultores de guardar, intercambiar, usar y vender semillas. Las restricciones impuestas por los derechos de propiedad intelectual se aplican solamente a los cultivos protegidos. Las leyes de simientes, que establecen normas sobre la producción, comercialización y utilización de simientes también imponen restricciones, que se aplican igualmente a las simientes de dominio público. Las leyes de simientes han estipulado la adopción de variedades de alto rendimiento, homogéneas, estables y dependientes de insumos externos. Los criterios de homogeneidad y estabilidad, exigidos para la inscripción obligatoria de las variedades agrícolas en los catálogos oficiales, a fin de que puedan ser comercializadas, excluyen gran parte de las variedades locales, que no atienden a tales criterios. Son criterios que ignoran la evolución de las variedades agrícolas en el tiempo y en el espacio, así como los contextos socioculturales y ambientales en el que ellas se desarrollan. Toman en cuenta principalmente un patrón de producción agrícola intensivo y de escala, conforme destacan Louwaars y Bonneiul³.

Además de eso, los criterios de homogeneidad y estabilidad, exigidos por el registro oficial, reducen la diversidad de variedades agrícolas.

Aparte de los criterios de homogeneidad y estabilidad, la introducción de pruebas para la evaluación del “valor agronómico y tecnológico” de las variedades agrícolas produjo otro efecto reduccionista sobre la diversidad: los ensayos sólo evalúan algunas características, particularmente el rendimiento y la productividad, anulan la diversidad de ambientes en virtud de la artificiosidad causada por el uso intensivo de fertilizantes químicos.

Diversos países de África, Asia y América Latina han adoptado leyes de simientes inspiradas en el modelo agrícola industrial y productivista, y siguiendo los criterios de la UPOV, dificultando la utilización de las simientes locales. Hay diferentes niveles de intervención del Estado en la regulación del producto y en la comercialización de las simientes. En los Estados Unidos, por ejemplo, la certificación de las simientes es voluntaria, y el lanzamiento de variedades es de total responsabilidad de la empresa. Las leyes de simientes regulan solamente los requisitos para la certificación de simientes. Tal sistema refleja cierta confianza en que el propio mercado eliminará a los productores de simientes de mala calidad. En Europa, por el contrario, la mayor parte de los países obliga al registro y al certificado de simientes para que puedan ser producidas y comercializadas. China, por ejemplo, dejó las simientes desarrolladas por los agricultores fuera del alcance de su nueva ley de simientes. La ley de simientes de Indonesia regula el sistema formal, pero excluye de su alcance las simientes locales comercializadas e intercambiadas en el ámbito local. En otros países (como Camerún, Nigeria y Senegal), solamente las simientes comercializadas tienen que ser registradas y certificadas. Hay, además, países donde la obligatoriedad del registro y de la certificación sólo se aplica a algunas especies y/o variedades agrícolas, y no a todas (Zambia, Malawi, Bangladesh). En otros países, las normas se aplican solamente a las simientes certificadas, a fin de garantizar que únicamente las simientes efectivamente certificadas sean vendidas como tales, dejando fuera los sistemas locales de simientes.

Durante la tercera reunión del órgano gestor del tratado, realizada del 01 al 05 de junio del 2009 en Túnez, fue adoptada una resolución exhortando a los países a rever todas las medidas (leyes, políticas, etc.) que puedan afectar los derechos de los agricultores, y remover cualquier barrera que impida a los agricultores guardar, intercambiar y vender simientes. La resolución apoya la participación de las organizaciones de agricultores en todos los aspectos del Tratado y abre una oportunidad para que los países implementen los derechos de los agricultores y promuevan una revisión de las leyes agrícolas que crean restricciones a los derechos de los agricultores de guardar, usar e intercambiar sus simientes.

Lea más:

• Os direitos dos agricultores em outros países, por Juliana Santilli, promotora de justiça do Ministério Público do DF e doutora em Direito Socioambiental.
• A proteção dos conhecimentos tradicionais associados à agrobiodiversidade, por Juliana Santilli, promotora de justiça do Ministério Público do DF e doutora em Direito Socioambiental.
• SANTILLI, J.. Agrobiodiversidade e direitos dos agricultores. São Paulo: Peirópolis, 2009.

Notas y Referencias

1. A V Conferência Internacional da Via Campesina, a mais importante rede mundial de camponeses, realizada entre 19 e 22 de outubro de 2008, aprovou a “Declaração de Maputo” (Moçambique), em que pede a aprovação de uma declaração dos direitos dos camponeses e camponesas no âmbito da ONU.
2. No Brasil, participam da Via Campesina oito movimentos sociais: Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Pastoral da Juventude Rural (PJR), Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (Feab) e Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
3. Parágrafo 32 do Plano Global de Ação para a Conservação e Utilização Sustentável dos Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura.
4. BONNEUIL, C. et al. “Innover autrement? La recherche face à l´avènement d´un nouveau régime de production et de régulation des savoirs en génétique végétale.” In: GASSELIN, Clèment O. (coord.). Quelles variétés et semences pour des agricultures paysannes durables? Paris: Inra, 2006. p. 27-51. (Dossiers de l’environnement de l’Inra, 30); LOUWAARS, Niels P. Seeds of confusion: the impact of policies on seed systems. Tese de doutorado - Wageningen Universiteit, Wageningen, Holanda.

Agrobiodiversidad y cambios climáticos

Autora: Juliana Santilli (Socia-fundadora del Instituto Socioambiental) (2010)

Sólo si pueden contar con una amplia variabilidad genética, biológica y ecológica, conseguirán las plantas y los animales enfrentar los desafíos del futuro, entre ellos aquellos representados por los cambios climáticos y sus efectos sobre la agricultura. Las interfaces entre agrobiodiversidad y cambios climáticos son múltiples: la biodiversidad agrícola es, por un lado, impactada por los cambios agrícolas, que provocan la reducción de especies y de los ecosistemas agrícolas, y es, al mismo tiempo, esencial para el enfrentamiento de los impactos causado por el calentamiento global¹.

La agricultura será una de las actividades más afectadas por los cambios climáticos, pues depende directamente de las condiciones de temperatura y precipitación. La elevación de las temperaturas de las áreas tropicales y subtropicales, que incluyen a las mayoría de los países en desarrollo, como Brasil, afectará directamente la producción agrícola. Hay estimaciones de que los países en desarrollo perderán 9% de su capacidad de producción agrícola hasta el 2080, si los cambios no son controlados. La América Latina está entre las regiones donde la agricultura será más afectada: el potencial productivo caerá 13%, proporción sólo menor que en el África (17%), y mayor que en Asia (9%) y en el Oriente Medio (9%). La producción de maíz en América Latina sufrirá una caída de 10% hasta el 2055, y, en Brasil, de 25%, lo que aumentará el hambre entre las poblaciones que dependen de este cultivo agrícola para su subsistencia².

Una investigación sobre la conservación in situ (en los hábitats naturales) de parientes silvestres de plantas cultivadas, desarrollada por el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) en sociedad con instituciones bolivianas (el Centro de Investigaciones Fitogenéticas de Pairumani y el Museo de Historia Natural) estima que, dentro de diez años, parientes silvestres de la mandioca (Manihot tristis) y del maní (Arachis duranensis) pueden estar amenazados de extinción en Bolivia, un país en el cual el 43% de la población depende de la agricultura para sobrevivir, siendo cultivado apenas un 3% del área del país³. Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford (EUA) señala que África meridional podría perder más del 30% de su principal producto agrícola, el maíz, en las próximas dos décadas, y que el sur de Asia perderá más del 10% de sus cultivos de maíz y arroz⁴.

En los países desarrollados, la tendencia es opuesta: la producción agrícola debe crecer 8%, puesto que los cambios climáticos tornarán más largos los ciclos de crecimiento de los cultivos agrícolas y aumentarán las precipitaciones en regiones con latitudes elevadas. Las pérdidas en la agricultura tienden no sólo a aumentar el hambre, sino también a agravar las desigualdades entre países ricos y pobres, y las desigualdades internas en los países más pobres. Los cambios climáticos impactarán la productividad de especies importantes para la alimentación de las áreas más pobres del mundo, como gran parte de Asia, del África subsahariana, el Caribe, la América Central y del Sur, donde vive el 95% del total mundial de personas desnutridas.

En Brasil, entre las posibles consecuencias de los cambios climáticos para la agricultura, están el desplazamiento de los cultivos perennes, tales como la naranja, hacia el sur, en busca de temperaturas más moderadas. Elevadas temperaturas en el verano pueden también provocar el desplazamiento de cultivos como el arroz, frijoles y la soya hacia la región centro-oeste, promoviendo la mudanza del actual eje de producción. En la región sur de Brasil, la producción de granos podrá resultar inviabilizada con el aumento de la temperatura, secas más frecuentes y lluvias convertidas en eventos extremos y de corta duración⁵.

En un estudio dedicado al tema, la investigadora de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), Raquel Ghini⁶ muestra que los cambios climáticos también pueden provocar cambios significativos en la aparición y en la severidad de las enfermedades de plantas. Nuevas condiciones de clima y de suelo pueden derivar en infestaciones de distintas plagas y dolencias, en virtud de sus efectos sobre las relaciones patógeno-hospedador, y del efecto del dióxido de carbono en las enfermedades de las plantas y microorganismos. La investigadora cita como ejemplos las correlaciones observadas entre los efectos de El Niño y las epidemias de patata tizón y del hongo azul del tabaco, en Cuba, y la aparición de royas en el trigo, en las regiones septentrionales de China y el medio-oeste de los Estados Unidos⁷. Un estudio realizado por la Universidad de Illinois (Estados Unidos) reveló que, cuanto mayor es la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, más vulnerables a los ataques de insectos se tornan las plantaciones de soja. Los tallos de la soya sometido a altos niveles de CO₂ no sólo producen más carbohidratos – que atraen más insectos – sino que también pierden su capacidad para sintetizar una sustancia química que actúa como mecanismo de defensa natural contra los insectos, concluye la investigación⁸.

Una de las estrategias propuestas por los científicos para hacer frente al cambio climático ha sido el desarrollo de sistemas y variedades agrícolas adaptados a las condiciones climáticas extremas, tales como sequías e inundaciones. Para esto, es crucial recurrir a la diversidad genética de las especies y de sus parientes silvestres. Todas las plantas domesticados por el hombre se originaron, en algún momento, en parientes silvestres. Los parientes silvestres de plantas cultivadas presentan gran variabilidad genética, y son fuentes de genes para el desarrollo de nuevas variedades, adaptables a condiciones socioambientales adversas. Para adaptarse a condiciones socioambientales adversas, desarrollaron resistencia a sequías, inundaciones, calor y frío extremos. Cuando las plantas cultivadas son atacadas por ciertas plagas o enfermedades - o están sufriendo los efectos del cambio climático - agricultores y genetistas necesitan recurrir a sus parientes silvestres, en busca de genes resistentes a esas plagas, enfermedades y tensiones ambientales.

Un estudio realizado por dos centros de investigación vinculados al Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales, y divulgada el 05-22-2007 (en que se conmemora el Día Internacional de la Biodiversidad), indica que, en los próximos 50 años, el 61% de 51 especies silvestres de cacahuate y 12% de 108 especies silvestres de papa (analizadas por el estudio) puede extinguirse debido al cambio climático. De las 48 especies silvestres de frijol-de-cuerda (Vigna unguiculata), dos estarían amenazadas de extinción⁹.

El coordinador del estudio, el ingeniero agrónomo Andy Jarvis, explica que la supervivencia de parientes silvestres de muchas especies, y no sólo de maní, papa y frijol-de-cuerda, estarían en peligro, incluso si se considera la más conservadora de las estimaciones respecto de la magnitud del cambio climático global. Según Jarvis, la vulnerabilidad de una planta silvestre al cambio climático depende de su capacidad de adaptarse, y una forma de adaptación de las plantas para el cambio climático es mediante la migración a regiones con temperaturas más suaves¹⁰.

La investigadora Annie Lane, del centro de investigación agrícola Biodiversidad Internacional, que participó en la redacción del estudio, señala que: "Los genetistas necesitaron, más que nunca, de las variedades salvajes para desarrollar nuevas variedades de cultivos que puedan adaptarse a los cambios climáticos. Sin embargo, es justamente a causa del cambio climático que corremos el riesgo de perder una gran parte de estos recursos genéticos en el preciso momento en que más se necesitan para mantener la agricultura”¹¹.

Lane se olvidó de agregar que no sólo los genetistas y los agricultores convencionales, sino también los tradicionales y locales dependen de una amplia diversidad genética para afrontar los retos que plantea el cambio climático global a la agricultura. La agrobiodiversidad es importante para todas las formas de producción agrícola. De ella se sirven tanto la agroindustria, altamente dependiente de las variedades mejoradas por los genetistas, como los sistemas agrícolas locales y tradicionales, que utilizan semillas seleccionadas y mejoradas por los propios agricultores. La demanda de material genético heterogéneo sólo tiende a aumentar entre los agricultores y ganaderos convencionales.

Otra encuesta realizada por el Centro de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Stanford y otras instituciones de investigación en América del Norte, que se publicó el 02/05/2007, evaluó el impacto del cambio climático en las plantaciones de arroz en Indonesia. La agricultura de Indonesia ya está fuertemente influida por las variaciones en las precipitaciones debido a los monzones y las oscilaciones climáticas. La investigación se centró principalmente en Java y Bali, importantes regiones productoras de arroz en Indonesia, y llegó a la conclusión de que la probabilidad de que las lluvias atrasen más de 30 días (perjudicando gravemente la agricultura) debe aumentar de 9-18% (actualmente) a 30-40% hasta el 2050 - es decir, más del doble. La investigación predice que los agricultores de Asia enfrentarán sequías e inundaciones más intensas y frecuentes¹².

Por último, el impacto del cambio climático en el maíz, una especie clave para la seguridad alimentaria de las poblaciones americanas y africanas, también fue evaluado en un estudio realizado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)  y el Centro Internacional de Investigaciones sobre Crianza de Animales (International Livestock Research Institute - ILRI). Los resultados indicaron una disminución media del 10% en el maíz hasta el 2055¹³.

¿Cuál es la mejor manera de abordar los efectos del cambio climático en el cultivo del arroz y el maíz, tan fundamental para la seguridad alimentaria en las poblaciones asiáticas y afro-americana? Entre las soluciones propuestas por los científicos son: la diversificación de la producción agrícola y el desarrollo de variedades de cultivos tolerantes a la sequía y las altas temperaturas. En ambos casos, la diversidad de especies y variedades de plantas cultivadas - agrobiodiversidad - será un instrumento clave para la lucha contra el cambio climático.

Siguiendo esta línea de razonamiento, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz (International Rice Research Institute) con sede en Filipinas, inició en el 2006, un programa de investigación para desarrollar variedades de arroz que toleren temperaturas más altas y eventos meteorológicos extremos, así como la utilización de niveles más altos de dióxido de carbono para aumentar la productividad agrícola¹⁴.

Otros científicos han argumentado la necesidad de que la investigación agrícola de prioridad al aumento de la resiliencia (capacidad para hacer frente a situaciones imprevistas y presiones externas, manteniendo sus condicione originales) de las plantas en vez de aumentar su productividad, a causa del cambio climático global. Martin Parry, uno de los actuales dirigentes del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, y William Dar, director general del Centro Internacional de Investigación en Zonas Tropicales Semiáridas, en un workshop celebrado el 2007 en la India, argumentaron en favor de que la investigación agrícola se reoriente hacia la adaptación al estrés ambiental, debido a temperatura más altas y a la escasez de agua como consecuencia de las variaciones climáticas¹⁵.

Pensando en el peor escenario del calentamiento global - y en eventuales desastres naturales o guerras - es que el gobierno de Noruega, en colaboración con la organización internacional Global Crop Diversity Trust¹⁶ construyó el mayor banco de semillas en el mundo en una de las zonas más frías de planeta: dentro de una cueva incrustada en una montaña en el Ártico, cerca del pueblo de Longyearbyen en el archipiélago de Svalbard, Noruega. Es una región que permanece tres meses al año en completa oscuridad (la llamada "noche polar"). La temperatura en el interior del banco de semillas debe llegar a aproximadamente -18° C, y el permafrost natural de la zona, junto con la nieve y el hielo que cubre la montaña mayor parte del año debe ayudar a mantener las bajas temperaturas. El banco de semillas fue inaugurado el 26/02/2008, y tiene la capacidad para almacenar 4,5 millones de muestras de semillas. Fue concebido como un lugar seguro para almacenar semillas y mantenerlas útiles durante un largo periodo de tiempo, por lo que, en caso de ocurrencia de un desastre natural o condiciones climáticas extremas, la producción de alimentos puede ser reiniciada en cualquier parte del planeta. Cualquier pérdida de semillas en las colecciones ex situ también puede ser repuesta con muestras conservadas en el banco de Svalbard¹⁷.

Según Cary Fowler, director ejecutivo del Global Crop Diversity Trust, hay más de 1.500 bancos de semillas en todo el mundo, pero sólo 35-40% de ellos cumplen con los estándares internacionales. "El banco de semillas de Svalbard actuará como una copia de seguridad de las otras colecciones existentes en el mundo," dijo Cary Fowler. "Es el mejor congelador del mundo", añade. Según Fowler, incluso si el cambio climático llegase a afectar el banco de semillas, éste se encuentra en el punto más frío de la montaña, que es a su vez uno de los lugares más fríos del planeta. El banco se volvió conocido como un nuevo "arca de No锹⁸.

En su entrada, se instalará una gran escultura de metal del artista noruego Dyveke Sanne, que será visible desde kilómetros de distancia y brillará en las noches de verano, iluminando, con fibra óptica, los largos inviernos en el Ártico¹⁹.

La legislación noruega prohíbe la entrada de semillas genéticamente manipuladas en el país, así como el almacenamiento de semillas modificadas genéticamente en Svalbard, y algunos científicos creen que las colecciones de Svalbard podrán ser utilizadas para futuras comparaciones con semillas contaminadas en sus países de origen.

El banco de semillas en Svalbard es, sin embargo, como cualquier iniciativa de conservación ex situ (fuera de los hábitats naturales) de la agrobiodiversidad, sólo una solución parcial, ya que gran parte de la diversidad genética es conservada por los agricultores en el campo (on farm), y ha sufrido erosión severa, siendo todavía insuficientes las iniciativas y los recursos para la conservación in situ (en los hábitats naturales) y on farm de la agrobiodiversidad. El propio gobierno noruego, que financió la construcción del "Arca de Noé", anunció que, a partir del 2009, destinará el 0.1% de todas las ventas de semillas en Noruega para apoyar iniciativas orientadas a la conservación y gestión de la agrobiodiversidad on farm por los agricultores, e instó a otros países ricos a hacer lo mismo.

Lea Más:

• Para leer más sobre la relación entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica, MP 2186-16 y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y la agro-biodiversidad y el cambio climático, decía: Agrobiodiversidade, mudanças climáticas e Direito, por Juliana Santilli, promotora de Justicio del Ministerio Público del Distrito Federal; y Doctora en Derecho Ambiental.
• A agrobiodiversidade e o acesso aos recursos fitogenéticos: regime jurídico internacional e nacional, por Juliana Santilli, promotora de justiça do Ministério Público do DF e doutora em Direito Socioambiental.

Notas y Referencias

1. Consultar: KOTSHI, J.. "Agricultural biodiversity is essential for adapting to climate change". Gaia – Ecological Perspectives for Science and Society, Zurich: Oekom Verlag, v. 12, n. 2, p. 98-101, jun. 2007. Disponível clicando aqui. Acesso em 30/04/2008.
2. Ibid. Consultar também: ROSENZWEIG, C. et al. "Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change". Nature, London: Nature Publishing Group, v. 453, p. 353-357, 15/05/2008.
3. ZAPATA FERRUFINO, B.; ATAHUACHI, M.; LANE, A.. "The impact of climate change on crop wild relatives in Bolivia". Crop Wild Relative, Birmingham: University of Birmingham, n. 6, p. 22-23, jan. 2008.
4. LOBELL, M. et al. "Prioritizing climate change adaptation needs for food security in 2030". Science, Washington: AAAS, v. 319, n. 5863, p. 607-610, 01/02/2008.
5. MARENGO, José A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006, p. 137.
6. GHINI, R.. Mudanças climáticas globais e doenças de plantas. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2005. Consultar também: DECONTO, J. G. (Coord). Aquecimento global e a nova geografia da produção agrícola no Brasil. São Paulo: Embrapa; Campinas: Unicamp, 2008. La Embrapa creó una Plataforma de Cambios Climáticos con miras a definir su estrategia de acción y prioridades de inversión e investigación a partir de los impactos de los cambios climáticos sobre a agricultura.
7. GHINI, 2005, op.cit., p. 11.
8. Alto nível de CO2 deixa soja vulnerável a insetos. Agência Estado, 25/03/2008.
9. O Grupo Consultivo sobre Pesquisas Agrícolas Internacionais (CGIAR, Consultative Group on International Agricultural Research) é uma rede de centros de pesquisa agrícola, sob os auspícios da FAO. O estudo citado foi realizado pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical (sediado na Colômbia) e pelo Biodiversidade Internacional (sediado em Roma).
10. Climate change threatens wild relatives of key crops. Biodiversity International News, Rome, 18/05/2007.
11. Ibid.
12. NAYLOR, R. et al. "Assessing risks of climate variability and climate change for Indonesian rice agriculture". PNAS, Washington: National Academy of Science, v. 104, n. 19, p. 7752-7757, 08/05/2007. Disponível clicando aqui. Acesso em 07/12/2007.
13. CGIAR. Global climate change: can agriculture cope? Pinpointing the risks to maize production. Washington, 2007.
14. BRAHIC, C. . "'Urgent need’ for rice that tolerates climate change". Science and Development Network, London, 29/03/2006. Disponível clicando aqui. International Rice Research Institute. Acesso em 07/12/2007.
15. PADMA, T. V. "Crop research must switch to climate adaptation". Science and Development Network, London, 23/11/2007. Disponível clicando aqui. International Crops research Institute for the Semi-Arid Tropics. Acesso em 30/10/2014.
16. Consultar: Croptrust. Acesso em 31/01/2008.
17. SHANAHAN, M.. Arctic cave to safeguard global crop diversity. Science and Development Network, London, 13/01/2006. Disponível clicando aqui. Acesso em 30/10/2014; Qvenild, Marte. Svalbard Global Seed Vault: a “Noah’s Ark” for the world´s seeds. Development in Practice, Oxford, UK, v. 18, n. 1, p. 110- 116, feb. 2008.
18. "Nova ‘Arca de Noé’ vai guardar sementes". Folha de S. Paulo, São Paulo, 24/11/2007. O Brasil pretende enviar sementes para Svalbard, inicialmente de espécies como arroz e feijão.
19. Engineers begin critical ‘cooling down’ of Arctic Doomsday Seed Vault for deep-freeze and 24-hour polar night. Global Seed Vault News, Oslo, 16/11/2007. Disponível clicando aqui. Acesso em 17/11/2007.

La concepción del SNUC

Autora: Adriana Ramos (Secretaria Ejecutiva del Instituto Socioambiental) (2010)

El proceso de elaboración del SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservación) se inició en el 1988, a partir de una propuesta elaborada por la Fundación Pro-Naturaleza (FUNATURA), por encargo del antiguo IBDF (Instituto Brasileño de Desarrollo Forestal). El anteproyecto de ley fue presentado al entonces IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) en 1989 y luego presentado al CONAMA (Consejo Nacional del Medio Ambiente). En 1992, el gobierno envió la propuesta con algunas modificaciones a la Cámara de Diputados, dando inicio a su tramitación.

Le correspondió a la Comisión de Defensa al Consumidor, Medio Ambiente y Minorías (CDCMAM) pronunciarse sobre el mérito del proyecto, con poderes determinantes. En otras palabras, de ser aprobado en la CDCMAM y en la Comisión de Constitución y Justicia y Redacción (CCJ), el proyecto sería enviado directamente al Senado, sin necesidad de aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

El comisionado designado por la CDCMAM Fabio Feldmann presentó su informe con propuesta de sustitución a finales de 1994. Como no fue aprobado, a inicios de la nueva legislatura en 1995 el proyecto de ley fue enviado a la relatoría del diputado Fernando Gabeira. Presidido por el diputado Sarney Filho, la CDCMAM tomó la iniciativa sin precedentes de realizar audiencias públicas fuera del Congreso, con el objetivo de ampliar el debate sobre el SNUC. Las audiencias se celebraron en Cuiabá, Macapá, Curitiba, Sao Paulo, Río de Janeiro y Salvador.

El debate público alrededor del SNUC también cobró impulso con la realización de otros eventos, especialmente algunos que trataban directamente los temas más polémicos, tales como la cuestión de los moradores de las UCs de Protección Integral.

En 1996, el ISA celebró un Seminario interno con invitados para discutir perspectivas para la nueva legislación a partir de experiencias concretas de conservación desde una perspectiva socioambiental. Proyectos involucrando la participación de las comunidades rurales o tradicionales, tales como los llevados a cabo en la Reserva de Desarrollo Sustentable Mamirauá , en el Parque Nacional de Jaú y en el Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, entre otros. El esfuerzo se tradujo en la publicación de “Unidades de Conservación en Brasil: aspectos legales, experiencias innovadoras y la nueva legislación” (SNUC).

Otro evento organizado por el ISA en colaboración con el WWF, el IPAM, el PPG7 y la CDCMAM contribuyó al debate. La realización del Seminario sobre la presencia humana en las Unidades de Conservación  en la Cámara de Diputados fue suficiente para generar reacciones contrarias por parte de los sectores más conservadores. Pero  algunas reacciones fueron positivas. Fue entonces cuando se creó la Red Pro- Unidades de Conservación y se concibió el Primer Congreso Brasileño de Unidades de Conservación.

En este período, el ISA presentó dos propuestas para que sean consideradas en la nueva ley. La primera instituía la Reserva Indígena de Recursos Naturales (RIRN), con el objetivo de proporcionar un mecanismo para abordar la cuestión de la superposición de las Unidades de Conservación con los territorios indígenas (TI). La RIRN preveía la creación, por iniciativa de los indígenas, de reservas de protección de los recursos naturales dentro de las tierras indígenas. Estas reservas se podrían crear en los casos en que estudios realizados por un grupo de trabajo interinstitucional (comunidades indígenas, organismos indígenistas y ambientales, entre otras instituciones, públicas o privadas, con presencia reconocida en la zona) llegue a la conclusión de que la coexistencia de la UC y de la TI, sobre la cual incide, resulta incompatible. El área de superposición sería reclasificada, entonces, como RIRN, pasando a a ser gestionada por las comunidades indígenas, bajo un plan de manejo sustentable, con el apoyo de los órganos federales competentes, si así lo desea la comunidad. La propuesta de la RIRN llegó a hacer parte del informe del diputado Gabeira, pero fue rechazada por la oposición de sectores gubernamentales y no gubernamentales (más información: Tierras Indígenas en Brasil: un balance de la era Jobim.

La otra propuesta presentada por el ISA consistía en la interdicción provisoria de las áreas destinadas a las UCs, a fin de permitir nuevos estudios sobre la categoría más pertinente. Esta propuesta tampoco fue aceptada porque algunos ambientalistas alegaron que anunciar la creación antes de llevar a cabo podría estimular una mayor depredación del patrimonio natural. En el 2005, el gobierno federal retomó la idea al crear la figura del Área de Limitación Administrativa Provisoria (ALAP), utilizada en las regiones de influencia de las carreteras 163 y 319, descrita en el artículo 22-A del SNUC por la Ley Nº 11.132 del 04/07/2005 .

A finales de 1996, el Sr. Gabeira presentó su propuesta sustitutiva a votación, después de un largo proceso de negociación que involucró al área ambiental del Gobierno, grupos ambientalistas y diputados directamente afectados. Pero el propio gobierno no permitió la votación por considerar la propuesta demasiado "socioambientalista”.

A principios de 1998, tratando de reanudar la discusión del asunto, el relator solicitó régimen de emergencia para el proyecto, pero a pesar de que el requerimiento fue aprobado, la falta de una decisión política impidió que ella entrase en la orden del día del Plenario.

Después de muchas idas y venidas, y procesos de discusión que involucraron varias organizaciones no gubernamentales, el proyecto fue finalmente aprobado en la CDCMAM el 9 de junio de 1999. Al día siguiente, el Plenario de la Cámara de Diputados aprobó finalmente el proyecto de ley, insertando a último momento una enmienda que prevé que las áreas protegidas sólo pueden ser creadas por ley.

Dado que esta disposición fue incluida hubo una fuerte reacción por parte de los ambientalistas y el gobierno se comprometió a vetarla, ya que retiraba de él mismo la atribución para la creación de nuevas áreas protegidas.

Aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley fue remitido al Senado Federal. Algunas enmiendas y la petición de que el proyecto sea analizado por la comisión de infraestructura fueron presentadas. Pero todas fueron rechazadas en un arduo proceso de negociación, en el cual el gobierno federal asumió el liderazgo. El recelo del gobierno y de varias organizaciones que acompañaron el proceso era que se demorase aún más la aprobación de la nueva legislación, ya que cualquier alteración realizada por el Senado enviaría el proyecto de vuelta a la Cámara de Diputados.

En este proceso también se negociaron los vetos que serían hechos. Además del ya mencionado veto al artículo que restringía la creación de UCs a través de leyes, fue vetada la definición de los pueblos tradicionales que, por una parte, era considerada demasiada amplia e incluyente por el gobierno y, por otra parte, causaba cierta confusión con las poblaciones dedicadas a la extracción, en vista de que el texto de la ley se refiere a ellas cuando se trataba de las UCs de utilización sostenible, pero no las distinguía en la definición.

El resto de los vetos se refería a la posibilidad de explotar los recursos naturales en las Reservas Particulares del Patrimonio Natural (RPPNs); la tipificación de delitos ambientales en las UCs; a la posibilidad de reclasificación de una unidad a otra categoría debido a la presencia de poblaciones en su interior; y a la exención de ITR pretendida para las parcelas privadas de tierras en unidades de conservación, por ya disponer de una ley específica.

Más información:

• JENKINS, C.N. & JOPPA, L. 2009. Expancion of the global terrestrial protected area system. Cons. Biology 142. p. 2166 - 2174.

Avances y retrocesos post SNUC

Autora: Maurício Mercadante (asesor jurídico de la Cámara de Diputados y ex director de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente del 2003 al 2008). (2010)

En este texto hago consideraciones, bastante personales, sobre algunos cambios (avances y retrocesos) observados en el proceso de creación y gestión de unidades de conservación en Brasil después de la promulgación de la Ley N° 9985 del 2000, que establece el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza - SNUC. También es importante decir que las observaciones que siguen se refieren específicamente a las unidades de conservación federales y de protección integral (más los bosques nacionales).

Creación de unidades de conservación

La creación de una unidad de conservación no es tarea fácil. No tanto por las dificultades técnicas, sino sobre todo por las dificultades que podríamos llamar políticas. La creación de unidades de conservación demanda estudios ecológicos, sobre la flora y la fauna, la tenencia de la tierra, los asentamientos humanos y las actividades económicas desarrolladas en la zona. Estos estudios, dependiendo del tamaño de la zona, de las dificultades de acceso o del grado de ocupación humana pueden requerir una cantidad significativa de tiempo, trabajo y recursos. Pero, en general, no son demasiado complejos y pueden ser llevados a cabo sin dificultad por un equipo bien entrenado. Además, recursos inimaginables hace 10 ó 20 años, como imágenes de satélite, sistemas de informaciones geográficas, GPS y notebooks hacen mucho más fácil los estudios y permiten la preparación de propuestas con mayor rapidez y mejor calidad.

Lo que hace de la creación de unidades de conservación una tarea especialmente difícil son las resistencias de las personas, grupos o sectores (y sus sustitutos en la política) que ocupan, exploran o planean la explotación de los recursos naturales, conocidas o potenciales, de las áreas propuestas, cuyos intereses son directa e inmediatamente afectados por la creación de las unidades, tales como, por ejemplo, agricultores, madereros, mineros, empresas de energía (petróleo, hidreléctricas), inmobiliarias etc.

La creación de unidades de conservación se basa en el entendimiento de que las áreas naturales desempeñan funciones esenciales para la supervivencia, el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de las sociedades humanas. Y que, por lo tanto, es necesario garantizar la conservación de importantes extensiones de ambientes naturales, es decir, es necesario limitar o prohibir la explotación de los recursos naturales en estas áreas. La creación de unidades de conservación es un instrumento relativamente eficaz para la planificación de la ocupación del territorio o, si se quiere, de la zonificación ambiental.

Recordemos que el grado de restricción a la explotación de los recursos naturales en una unidad de conservación varía de acuerdo con el tipo de unidad. En el caso de las denominadas unidades de conservación de protección integral, la restricción es severa.

En el caso de unidades de conservación de uso sustentable, es posible la tala, la minería o incluso la agricultura, dependiendo de la categoría de la unidad, pero con restricciones siempre más mayores que aquellas que se aplican al resto del territorio. La creación de una unidad de conservación, por supuesto, crea conflictos y produce resistencias, especialmente en el caso de las unidades de protección integral. Sin embargo, debemos recordar que toda acción u obra que implique la asignación de una parte del territorio para una actividad en detrimento de otras posibles, genera conflicto.

La construcción de una hidroeléctrica genera conflictos. De una carretera, también. Pero la sociedad en general parece comprender mejor las ventajas de la construcción de una hidroeléctrica o de una carretera que la creación de una unidad de conservación. En el primer caso, los beneficios son más fáciles de medir y de inmediato percibidos y apropiados. Hay más recursos para reducir al mínimo los daños y compensar las eventuales pérdidas de las comunidades locales. En el segundo caso, los beneficios son más difusos y más difíciles de medir. Hay menos recursos para compensar los intereses perjudicados. La sociedad, en general, sólo da un valor relativo a los ambientes naturales cuando sobreviene un desastre, como por ejemplo cuando falta de agua o se producen inundaciones.

En el caso de obras como las mencionadas anteriormente, ellas son defendidas por los gobiernos, los empresarios, los trabajadores que buscan e ingresos, por la población local, y criticadas (en el buen sentido de la palabra) por el sector ambiental. En el caso de las unidades de conservación, ellas son condenadas por la población y los empresarios locales, por los gobiernos municipales, cuando se trata de una unidad estadual, por los gobiernos municipales y estaduales cuando se trata de una unidad federal, y son defendidas sólo por los ambientalistas y, en la mejor de las hipótesis, por una parte de la "opinión pública", aquella mejor informada y más consciente de los problemas ambientales. Hay una gran asimetría en la correlación de fuerzas a favor y en contra de la creación de una unidad de conservación, aunque la situación esté mejorando en las últimas décadas.

La fiscalía ha desempeñado un papel cada vez más importante en la defensa de las unidades de conservación y el poder judicial, aunque lentamente, viene avanzando en defensa de los intereses comunes. Problemas tales como la deforestación de la Amazonía y otros biomas nacionales, y el calentamiento global, propagada por los medios de comunicación deben contribuir para aumentar el apoyo de la sociedad a la conservación de las áreas naturales. En verdad, todo mundo, en mayor o menor medida, reconoce la importancia de la conservación de la naturaleza. El problema es que las personas suponen, en general, que la conservación debe hacerse en la tierra de los vecinos.

Consulta pública

La Ley del SNUC introdujo cambios importantes en el proceso de creación de las unidades de conservación. Entre ellas, se destaca, sin duda, el requisito de consulta pública. La ley dice que: "La creación de una unidades de conservación debe ir precedida de estudios técnicos y de consulta pública que permitan definir la ubicación, dimensión y límites más adecuados para la unidad".

Establecer en la ley la obligación de consulta pública para la creación de áreas protegidas no fue una tarea sencilla. El tema dividió a los ecologistas. Los defensores del modelo tradicional de unidades de conservación (Parques Nacionales, Reservas Biológicas) no querían la consulta pública. Justificaban esta posición con dos argumentos: la creación de una unidad de conservación es esencialmente una actividad técnica, que requiere conocimientos especializados, no accesibles al ciudadano común. Este ciudadano no tiene, por lo tanto, nada relevante que decir con respecto al proceso. Dando al público conocimiento del proceso de creación de una unidad de conservación se abriría oportunidad para presiones políticas contrarias que dificultan o incluso inviabilizarían la creación de la unidad, ya que, como se sabe, (casi) todo mundo está en contra de la creación de unidades de conservación. Lo correcto, por lo tanto, sería entregar la decisión sobre el tipo, la ubicación y los límites de la unidad a los técnicos y mantener el proceso tanto como sea posible "en secreto".

El segundo argumento era que, al dar al público conocimiento del proceso de creación de la unidad, se estaría favoreciendo la destrucción de la zona prevista. Los individuos y grupos que se oponen a la unidad acelerarían el proceso de ocupación, explotación o devastación de los recursos naturales de la zona para sacar el máximo provecho o acabar con los recursos que justificarían su creación, inviabilizando el proceso.

Los ecologistas, con fuertes lazos con los movimientos sociales, en especial los pueblos indígenas, las comunidades de extracción y los agricultores tradicionales, argumentaban que la creación de una unidad de conservación, especialmente aquellas que obedecen al modelo tradicional, causa un impacto social (y económico) negativo sobre las poblaciones residentes. Estas poblaciones tienen, como mínimo, el derecho a ser consultados y a participar en el proceso. La consulta permitiría al gobierno conocer mejor la situación local y evitar conflictos innecesarios. Una decisión más informada y mejor negociada facilitaría la futura gestión de la unidad, con beneficios directos para la conservación.

De hecho, la consulta pública fue introducida en la Ley del SNUC para, sobre todo, proteger a las poblaciones tradicionales y los agricultores. Estas poblaciones, poco organizadas, carente de recursos e información, casi siempre fueron, históricamente, ignoradas en el proceso de creación de unidades de conservación.

En la votación sobre la Ley del SNUC, como no podía ser diferente, en un país en franco proceso de democratización y fortalecimiento de la sociedad civil, prevaleció la tesis de la necesidad de consulta pública, con la notable excepción de las Reservas Ecológicas y de las Estaciones Biológicas, que continúan pudiendo ser creadas sin consulta.

Después de ocho años de aplicación de la norma, desde que la ley del SNUC fue reglamentada en el 2002, los beneficios son inequívocos. La consulta obligó al gobierno a realizar estudios sobre la tenencia de la tierra y la situación social mucho mejores. A decir verdad, estos estudios, en muchos casos, ni siquiera eran hechos. No es posible hacer frente a una audiencia pública sin conocer mínimamente la realidad local. El proceso de consulta debe mejorar, pero las comunidades locales, especialmente las más necesitadas, en las decenas de procesos de creación de unidades de conservación realizadas en los últimos años, tuvieron oportunidad de participar en el proceso y hacer reivindicaciones que antes de la Ley eran impensables. Decenas (o centenas) de ajustes en los límites de las propuestas fueron hechos. Se dio a los propietarios privados, en muchos casos, la oportunidad de crear RPPNs. Muchos conflictos innecesarios, en situaciones específicas, se evitaron (aunque eso no haya, en ningún caso, reducido en modo alguno la oposición local a las unidades).

Sin embargo, si la consulta fue un avance indiscutible, la forma en que viene siendo realizada, también trajo algunos problemas. La consulta era realizada a través de grandes audiencias públicas convocadas con antelación a través de, por lo menos, los periódicos de circulación local y cartas a todas las asociaciones, organizaciones y organismos de gobierno municipal y estadual relevantes. Mientras tanto, los "poderosos" del lugar, por lo general para su propio beneficio, movilizaban a la población en contra de la propuesta  de la unidad, diciendo que el gobierno tomaría sus tierras y empleos, y que la unidad iría a perjudicar el desarrollo del municipio. En el día de la audiencia, el estado de ánimo en la ciudad es la guerra. En estas condiciones, la presentación de la propuesta es hecha bajo protección policial. Los políticos y los empresarios locales alientan a sus empleados y al público a asistir a la audiencia para atacar la propuesta y el gobierno. En algunos casos, las personas ya llegan uniformizadas: "conservación sí, parque no".

La audiencia se convierte en un acto político. El alcalde, concejales, diputados estaduales, diputados federales, presidentes de sindicatos, aspirantes a políticos, oportunistas de todo tipo, todo el mundo quiere hacer su discurso. En un año electoral es aún más difícil.

Las audiencias llegan a durar seis, siete, ocho horas. La primera mitad se gasta en los discursos. Cuando la mitad de los políticos ya se ha ido (los diputados estaduales y federales, en general, hacen sus discursos luego se van; el alcalde y los concejales se quedan), y todo lo que se tenía que decir en contra de la propuesta y del gobierno ya fue dicho y repetido varias veces bajo el aplauso de la audiencia, se abre el espacio para el diálogo con aquellos directamente interesados en el proceso. A esa altura de la audiencia, la mayoría de los presentes ya se ha dado cuenta de que sus propiedades se encuentran fuera de la zona propuesta y que la afirmación, siempre pregonado a los cuatro vientos por los políticos locales, que la zona de amortiguamiento de 10 km en el entorno de la unidad, va a acabar con la economía de la ciudad, no es tan así (volveré sobre el tema).

En algunos casos, en los últimos años, el grado de exaltación de los ánimos y de amenaza a la integridad física del equipo de gobierno, impidió la realización de las audiencias. En uno de ellas, el equipo tuvo que abandonar el lugar por la parte posterior, protegido por la policía dentro de la furgoneta. Los poderosos del lugar impidieron la audiencia con un objetivo muy claro: para detener o al menos retardar el proceso de creación de la unidad. La Ley exige que la realización de consultas públicas. Sin consulta, los interesados pueden acudir a los tribunales, alegando la ilegalidad del proceso. Conocedores de ello, los políticos y líderes empresariales crean un clima de abierta hostilidad para, alegando la falta de seguridad, impedir la realización de la audiencia. La suspensión de la audiencia también se puede lograr a través de una medida cautelar de la justicia. En los casos en que el gobierno fue impedido de celebrar una audiencia, ella tuvo que ser rehecha varias semanas después (con un aparato policial mucho más grande). Los políticos locales ya lo saben: una forma eficaz de demorar el proceso y ganar tiempo para, quién sabe, volverlo totalmente inviable, es impedir la realización de la audiencia, por la fuerza (que no les falta) o con mandatos de la Justicia.

Otra forma de frenar el proceso de creación de la unidad es entrando con acciones en la Justicia, cuestionando su legalidad como un todo. Los argumentos son siempre los mismos: el gobierno no ha realizado los estudios técnicos requeridos por la ley o, si fueron realizados, fueron estudios incompletos o ineptos; no se llevó a cabo un proceso de consulta o, si aconteció, no fue lo suficientemente amplio (no fueron hechas audiencias en todas las ciudades incluidas en la propuesta, no hubo tiempo suficiente para que las partes interesadas puedan prepararse para la reunión, los estudios no estuvieron disponibles a tiempo ni para todos los interesados, no se invitó formalmente a todos los sectores pertinentes). El gobierno ha vencido sistemáticamente todas esas acciones, pero ellas dificultan y retrasan los procesos, sobre todo cuando el juez envía un requerimiento de suspensión de la tramitación del proceso de creación.

Me pregunto a cuántos políticos oportunistas no les ayudamos a que sean elegidos, al ofrecerles una plataforma para hacer sus discursos en apoyo de los propietarios rurales y trabajadores presuntamente afectados por la creación de la unidad.

Otro problema observado en las audiencias, en algunos casos, es la oposición de los propios órganos del gobierno federal y del gobierno estatal. Por ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía, insatisfecho con el conjunto de unidades de conservación propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente para proteger el entorno de la carretera 163, en el Pará, en el 2005, amenazó con asistir a las audiencias públicas programadas en la región para combatir la propuesta. La Casa Civil, coordinadora del proceso, se vio obligado a intervenir para neutralizar la intención del MME. En estas mismas audiencias, el Gobierno del Pará, representado por el Secretario de Medio Ambiente, criticó duramente la propuesta del Gobierno Federal, proponiendo como alternativa la Zonificación Ecológica y Económica del Estado del Pará, que había sido presentada recientemente por el Gobierno del Estado, y que hasta entonces había sido muy mal recibida por la población del oeste de Pará. Como las restricciones establecidas para el uso de los recursos en la región de la ZEE (Zonificación Ecológica Económica) paranaense eran menores que aquellas propuestas por el Gobierno Federal con la creación de unidades de conservación, lo que era un problema para la población de la región se convirtió en una solución. Irónicamente, la confrontación con el gobierno federal ayudó a viabilizar en el oeste del Pará el ZEE propuesta por el gobierno de Pará. En la siguiente elección, el mencionado Secretario fue elegido diputado estadual. No debe haber sido mera coincidencia.

Téngase en cuenta que la Ley SNUC no demanda audiencias públicas en la forma en que se están llevando a cabo. La Ley (Art. 22, § 2°) dice que "la creación de una unidad de conservación debe ir precedida [...]de la consulta pública que permita identificar la ubicación, dimensión y límites más adecuados para la unidad, conforme estuviera dispuesto en el reglamento". Y las reglas dicen claramente que "la consulta consiste en reuniones públicas o, según criterio de la autoridad ambiental competente, de otras formas de audiencia con participación de la población local y de otras partes interesadas." (Decreto N º 4340, 2002, art. 5, § 1°). En muchos casos tal vez no sea posible, ni deseable, no hacer grandes audiencias públicas. Pero pienso que la estrategia dominante debería basarse en reuniones sectoriales con grupos específicos (asociaciones, sindicatos, comunidades, etc.) que envolviesen especialmente a las personas directamente afectadas por la creación de la unidad. Incluso si se considera necesario llevar a cabo grandes audiencias, ellas deberían ser precedidas por reuniones sectoriales. Recuérdese que, en muchos casos, las grandes audiencias fueron seguidas de reuniones de trabajo con representantes de los grupos interesados en los municipios locales o en Brasilia, mucho más objetivas y productivas.

Comprimir el proceso de consulta en las reuniones sectoriales aseguraría un mayor control sobre el proceso, con menos conflictos innecesarios, con menos sufrimiento para las personas directamente afectadas y para el equipo de gobierno, y con mejores resultados, desde un punto de vista técnico. Por otra parte, la estrategia de impedir las audiencias para retrasar el proceso sería más difícil de implementar. Lo que no quiere decir, por supuesto, que los políticos y los patrones no convocaran actos políticos en el Congreso, en las asambleas legislativas y en los concejos municipales para tratar de impedir o retrasar el proceso, actos en los que el gobierno podrá decidir si participar o no, dependiendo de la coyuntura.

Más información sobre las consultas públicas, haciendo clic aquí.

Zona de amortiguamiento*

La Ley SNUC (art. 25) establece que "las unidades de conservación [...] debe tener una zona de amortiguamiento [...]", que los límites de la zona de amortiguamiento “podrán ser definidos en el acto de creación de la unidad o posteriormente” y, además, que “el organismo encargado de administrar la unidad establecerá normas específicas reglamentando la ocupación y el uso de los recursos de la zona de amortiguamiento".

La Resolución CONAMA (Consejo Nacional del Medio Ambiente) 13/90 establece que "el organismo responsable de cada unidad de conservación, conjuntamente con los organismos de concesión de licencias y del medio ambiente, determinarán las actividades que puedan afectar la biota de la Unidad de Conservación", y que "en los alrededores de las Unidades de Conservación, dentro de un radio de diez kilómetros, cualquier actividad que pueda afectar a la biota debe contar obligatoriamente con una licencia emitida por la autoridad ambiental competente". Ella también dice que "la concesión de licencias [...] sólo será posible previa autorización del organismo encargado de administrar la Unidad de Conservación".

Como se ve, el poder concedido al órgano responsable de la gestión de las unidades de conservación para regular la ocupación y el uso de los recursos naturales en la zona de amortiguamiento, es considerable. Juristas de renombre sostienen que la citada Resolución CONAMA fue derogada por la Ley SNUC, pero el tema es controvertido. El ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad) entiende que prevalece la zona de amortiguamiento de 10 km hasta que la zona de amortiguamiento de la unidad sea establecida en los términos de la Ley del SNUC.

En la práctica, poca o ninguna limitación al uso de los recursos naturales ha sido impuesta a los residentes de las zonas de amortiguamiento por los órganos responsables de la gestión de las unidades de conservación. Estos organismos, en general, mal consiguen gestionar el territorio de la propia unidad, y tienen aún más dificultades para prestar atención y ejercer cierto control sobre las actividades en los alrededores. Sin embargo, la preocupación de los propietarios y comunidades vecinas es comprensible, ya que con la creación de la unidad, la definición de lo que será o no será posible en la zona de amortiguamiento queda abierta y depende de una decisión futura de la agencia ambiental. La cuestión de la zona de amortiguamiento es muy explotada por los opositores a la creación de una unidad de conservación para poner a la población contra la propuesta. En algunos casos, para limitar el problema y facilitar el proceso, el gobierno se ha visto obligado a establecer una zona de amortiguamiento mínima ya en el acto de la creación de la unidad, cuando lo ideal sería hacerlo después de que el plan de manejo sea elaborado. En algunos de estos casos, la presión por la definición de la zona de amortiguamiento ha venido de sectores del propio gobierno, en particular del sector del transportes y, sobre todo, del sector de energía.

Como se indicó anteriormente, los órganos ambientales han ejercido muy poco su poder para fijar zonas de amortiguamiento y establecer normas para la ocupación y el uso de estos espacios. Cuando lo hizo de manera significativa, en un caso atípico, las reacciones lograron cambiar los procedimientos para el establecimiento de tales zonas.

El 18 de mayo del 2006, el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) emitió el Decreto Nº 39/2006, estableciendo una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, un área de aproximadamente 95 mil kilómetros cuadrados, con el fin de proteger el complejo de arrecifes del Banco dos Abrolhos. La ordenanza estipula que en una superficie equivalente a alrededor del 75% de zona de amortiguamiento se prohíbe cualquier actividad de explotación y producción de hidrocarburos (petróleo y gas). Con la ordenanza, los proyectos de desarrollo de los camarones a establecerse en la ciudad de Goletas, pasaron a depender de la anuencia del IBAMA, además de la licencia ambiental del Estado de Bahía.

La ordenanza provocó la inmediata reacción de los camaroneros, con fuerte apoyo de los senadores (uno de ellos, inclusive, socio de las empresas involucradas) y del gobierno de Bahía, y desagradó profundamente al sector energético y a la Presidencia de la República, debido a las limitaciones impuestas a la explotación de gas y petróleo en la región.

Después de este episodio, la Cámara Civil de la Presidencia decidió internamente, a partir del dictamen de la AGU no publicado, que la definición de la zona de amortiguamiento (y, por extensión, de las normas que regulan el uso de la zona de amortiguamiento) sólo puede ser hecho por decreto del Presidente. Como se ve, el poder de los organismos ambientales para definir y regular el uso de zonas de amortiguamiento fue significativamente reducido. Cualquier decisión en este ámbito, a partir de ese momento, tiene que ser negociada dentro del Gobierno, con todos los sectores directa o potencialmente afectados (excepto, quizás, en situaciones menos críticas, en zonas aún aisladas, donde los intereses afectados sean menos fuertes y la existencia una zona de amortiguamiento no incomode demasiado).

Limitación administrativa provisoria

Cuando se propone públicamente la creación de una unidad de conservación, siempre hay el temor de que aquellos que ocupan o explotan recursos en la zona a que intensifiquen sus actividades o promuevan la destrucción de la vegetación para "tomar posesión de la zona", aumentar el conflicto y las dificultades para el gobierno, distorsionar el medio ambiente para socavar la justificación de crear allí una unidad de conservación e, incluso, para aprovechar al máximo los recursos disponibles. De hecho, se ha observado el problema en muchos casos, a veces con daños al medio ambiente significativos.

Para prevenir el problema se propuso, durante el proceso de redacción de la Ley del SNUC, la introducción de un instrumento llamado "prohibición administrativa provisoria". Mediante este instrumento, el gobierno podría limitar el uso del área de estudio para la creación de una unidad de conservación, en caso haya riesgo de daños a los recursos naturales de la zona. Con la prohibición, quedarían prohibidas todas las actividades u obras potencialmente perturbadoras o el inicio de nuevas explotaciones con fines comerciales. La prohibición valdría por dos años, renovable por dos más. La propuesta no fue aprobada.

A principios del 2005, en el marco de medidas destinadas a frenar la deforestación en la Amazonía, que alcanzaba niveles insoportables, y para apoyar una propuesta agresiva para la creación de unidades de conservación alrededor de la BR 163, que une Cuiabá, Mato Grosso, Santarém, Pará, el Ministerio del Medio Ambiente propuso y el gobierno editó una Medida Provisional introduciendo en la Ley SNUC el instrumento de "limitación administrativa provisora." Según la propuesta, ella valdría por seis meses, siendo renovable por igual período - un plazo mínimo para concluir el proceso de creación de una unidad de conservación, considerando el tiempo que tarda hacer los estudios, las consultas públicas, las negociaciones y los ajustes finales . Al final, después de duras negociaciones, el Congreso aprobó un período de siete meses, sin prórroga.

En febrero de 2005, el Gobierno Federal decretó la limitación administrativa de 8,2 millones de hectáreas en las proximidades de la carretera 163. En enero de 2006 hizo lo mismo con 15,4 millones de hectáreas alrededor de la carretera 319 (Manaos-Porto Velho).

No se sabe si la limitación administrativa contribuyó, de hecho, en el período de su validez, a la reducción de la deforestación en zonas con tal dimensión. El hecho es que contribuyó decisivamente a la creación de unidades de conservación en esas áreas. Cuando el Jefe del Poder Ejecutivo decreta la limitación, él asume un compromiso público con la zona de conservación. En ese momento, parte del difícil proceso de convencer a los principales dirigentes del gobierno de la importancia de la creación de las unidades, ya fue hecho. Este es un mensaje muy importante para el resto de la administración: que el gobierno está comprometido y empeñado en la creación de unidades, es decir, no es sólo una propuesta de la esfera ambiental.

Cuando se estudia un área con las dimensiones mencionadas, varios intereses se ven afectados, dentro del propio Gobierno, y las resistencias son grandes. El decreto de limitación obliga a todos los sectores del gobierno (energía y minas, transportes, de agricultura, relativos a la tenencia de tierras) a dar atención prioritaria a la cuestión y a trabajar intensamente para producir una solución en siete meses. La misma señal se envía a los Estados donde se localizan las unidades propuestas. La limitación administrativa refuerza la acción de los órganos ambientales y hace viable políticamente el proceso de creación de las unidades de conservación.

En los alrededores de la carretera 163, un año después del decreto de limitación administrativa provisoria, fueron creadas ocho unidades de conservación federales sumando un total de 6,4 millones de hectáreas. En el entorno de la carretera 319, en junio de 2008, las unidades de conservación federal creadas sumaban 5,5 millones de hectáreas. Como resultado del proceso iniciado en el 2006, fueron creados, en marzo del 2009, más de 2,3 millones de hectáreas de unidades estaduales.

Otra evidencia de que la limitación administrativa provisoria fue una importante innovación en la Ley del SNUC es el hecho de que ya fue utilizado por los gobiernos del Pará (en un área de 1,3 millones de hectáreas), por el gobierno del Acre (en un área de 90 mil hectáreas) y dos veces por el Gobierno de Sao Paulo (en una superficie de 25 mil hectáreas de la Mata Atlántica y en un área de 8 mil hectáreas de bancos de arena). En el caso de Sao Paulo, en la primera área bajo limitación administrativa, se crearon siete meses más tarde dos Parques Estatales, un Monumento Natural y un Bosque Estadual, abarcando una superficie de 28 mil hectárea.

Compensación ambiental

Vea la opinión de Mauricio Mercadante sobre la compensación ambiental, haciendo clicando aqui.

* Em dezembro/2010, 100ª Reunião Ordinária do Conama aprovou resolução que regulamenta os procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem unidades de conservação (UC) ou suas zonas de amortecimento, de acordo com o texto, quando a zona de amortecimento de UC não estiver estabelecida, os empreendimentos com significativo impacto, confome o EIA/Rima, que afetem uma faixa de 3 mil metros no entorno da UC, terão que obter autorização do órgão responsável pela unidade. Esse procedimento valerá por um período de 5 anos, contados a partir da publicação da norma, o que deverá ocorrer até os primeiros dias de 2011.

Zona de uso especial indígena en el Parque Estadual del Matupiri (AM)

Autoría: Sergio Sakagawa¹, Henrique Pereira dos Santos; Stancik², Juliane Franzen³ (2016)

¹ Jefe del PAREST, de mayo del 2010 a mayo del 2015; biólogo, MSc. en Gestión de Áreas Protegidas. Instituto Nacional de Investigación de la Amazonia-INPA sergiosakagawa@yahoo.com.br

² Ph.D., Universidad Federal del Amazonas – UFAM, henrique.pereira.ufam@gmail.com

³MSc. jstancik@hotmail.com

El respeto y la convivencia como aliados de la conservación

El contexto del Parque Estadual del Matupiri

El Parque Estadual del Matupiri / AM - PAREST Matupiri fue creado con un área aproximada de 513.747 hectáreas a través del Decreto Estadual nº 28.424 del 27 de marzo de 2009, por el Poder Ejecutivo del Estado de Amazonas. Se trata de una unidad de conservación de protección integral creada de forma estratégica junto con otras cinco UCs de uso sustentable con aporte financiero del Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte - DNIT. Ellas fueron consideradas indispensables para blindar las áreas forestales de influencia de la BR-319 contra los avances de los impactos que acompañaran la revitalización de esta carretera, que articulará un corredor vial que liga el Norte al resto del país. Lea más sobre el PAREST y sus atributos ecológicos.

Según su estudio de creación (AMAZONAS, 2006), los principales factores que justificaron la elección de la categoría de parque en la creación de la UC fueron la inexistencia de moradores en su interior y la existencia de complejos de caminos amazónicos, ambientes extremadamente peculiares y poco representados en el Sistema Estadual de Unidades de Conservación del Amazonas - SEUC-AM (Ley Complementaria nº53 del 05 de junio de 2007). Ejerciendo fuerte influencia en su área de entorno, ya que se encuentra cercada por cuatro Unidades de Conservación de Uso Sustentable (RDS Igapó-Açú, RDS Matupiri, RDS del Rio Madeira y RDS del Rio Amapá), por el Proyecto de Asentamiento Agroextractor Jenipapo – PAE Jenipapo y por la Tierra Indígena Cunhã-Sapucaia – TICS, constituye un área de extrema importancia por su papel ecológico como área fuente para la generación, mantenimiento y reproducción de recursos naturales para las poblaciones humanas residentes en su entorno.

Sin embargo, entre estas poblaciones que habitan en el entorno del PAREST, están los Mura de la TICS (BRASIL, 2006), que aún cuando residen fuera de sus límites, reivindican su reconocimiento como usuarios de los recursos naturales y como protectores históricos de la cuenca del río Matupiri, principal acceso fluvial de la UC. En las primeras actividades de monitoreo de la UC, iniciadas en el 2011, ya fueron observados diversos vestigios de uso del área por estos indígenas, tales como cobertizos, estacas de casas y áreas de trabajo maderero. Este uso fue confirmado en la primera reunión realizada con indígenas ex moradores del río Matupiri en el municipio de Careiro / AM, cuando se solicitó aclaraciones sobre las nuevas UCs del río Matupiri, y en el 2012, cuando se realizó dos reuniones en la TI Cunhã-Sapucaia con el jefe del PAREST, con el propósito de presentar a la UC, aclarar sus objetivos, sus reglas y beneficios (AMAZONAS, 2012). Estos reconocimientos iniciales permitieron la constatación de hechos y la comprensión de elementos del contexto socioeconómico local que, posteriormente, fueron considerados en las tomas de decisión en el proceso de implementación de la UC:

• El PAREST es limítrofe con la TI Cunhã-Sapucaia;
• La principal vía de acceso fluvial de la UC es el río Matupiri, y la desembocadura o boca de este río se encuentra dentro del área de TI Cunhã-Sapucaia, dividiendo esta vía fluvial del área de protección integral;
• Como usuarios históricos, también son identificados en la región (Borba / AM, Autazes / AM y BR-319) como los protectores del río Matupiri, desde antes de la creación del PAREST;
• El río Matupiri ya fue muy explotado por su riqueza maderera, de presas de caza, quelonios y pescado, pero gracias a la lucha de estos indígenas hoy en día es un área bien conservada y, actualmente, las invasiones ocurren en menor escala en las áreas de este río;
• El estudio de creación del Mosaico de UCs Matupiri Igapó-Açu (AMAZONAS, 2006), no consideró a estos indígenas en su registro socioeconómico, siendo citados en este documento sólo como "invasores" de lagos de pesca por parte de los habitantes de RDS Igapó-Açú, UC limítrofe con PAREST.

Al identificar estos aspectos, la administración de la UC entendió que, sin la participación efectiva de estos indígenas en un modelo de gestión compartida del PAREST, la estrategia de conservación del Interflúvio Purus-Madeira se tornaría eternamente incompleta, frágil y con la posibilidad de una perpetuación de conflicto entre el área del estado de Amazonas y los indígenas de TI Cunhã-Sapucaia. Por eso, con el objetivo de utilizar este escenario como un fortalecimiento a la gestión de la UC, respetando y reconociendo los derechos constitucionales pasados de los Mura en el área, se creó la Zona de Uso Especial Indígena en la elaboración del Plan de Gestión del Parque Estadual Matupiri.

¿Conflicto o potencialidad?

La Tierra Indígena Cunha-Sapucaia fue homologada en 2006 y presenta un área de 471.450 ha, donde vive una población Mura de aproximadamente 580 indígenas. Según el plan de gestión del Parque Estadual del Matupiri (AMAZONAS, 2014) los Mura, conocidos por su destreza en la navegación por ríos, lagos y ramales, habitan la región de los ríos Madeira, Japurá, Solimões, Negro y Trompetas desde el siglo XVII, de acuerdo con registros históricos.

La TI Cunhã-Sapucaia posee oficialmente 11 pueblos reconocidos por la FUNAI. Las aldeas diagnosticadas como tradicionalmente usuarias y protectoras históricas del río Matupiri, área insertada en los límites del PAREST Matupiri, son las aldeas del Piranha, Vila Nova, Sapuca, Sapucainha, Tapaje y Corrêa. Estas aldeas son representadas por aproximadamente 90 familias indígenas que reivindican el uso del área del PAREST, debido a su contexto de uso y protección pretéritos. En este contexto, se destaca que los indígenas que utilizan los recursos del PAREST realizan esta práctica hace, por lo menos, más de cinco décadas, período durante el cual no existía el PAREST Matupiri. Entre otras actividades, la extracción vegetal y la pesca, además de la caza para la subsistencia son prácticas desarrolladas en las áreas del PAREST.

El PAREST es una de las áreas de explotación de especies madereras para la construcción y reforma de casas y barcos. Las especies explotadas en el PAREST Matupiri para este propósito son: itaúba (Ocotea megaphylla (Meisn) Mez.), marupá (Simarouba amara Aubl.), louro-cedro (Ocotea rubra Mez.), angelim (Hymenolobium sericeum Ducke), entre otras. Entre los productos no madereros extraídos están, por orden de importancia, la castaña, las lianas, los aceites de copaiba y andiroba, açaí, buriti, bacaba, bataua y miel de abeja. Respecto a las actividades de pesca, el plan de gestión apunta dieciocho áreas dentro del PAREST de producción de pescado, que fueron mapeadas por los Mura. El 90% de ellas se destina a la pesca de subsistencia. Otra actividad económica destacada entre los indígenas es el turismo de pesca deportiva. Esta actividad tuvo lugar desde hace mucho tiempo en la TI, en los ríos Igapó-Açú, Tupãna y Matupiri, siendo este último actualmente compartido por la RDS y PAREST Matupiri. Se resalta que, a consecuencia de la creación del PAREST, hubo una reducción significativa en el ingreso obtenido por esta actividad, ya que el área de actuación de ella fue reducida casi a la mitad. Esta actividad merece ser destacada, en vista de que los Mura la consideran como uno de los motivos que mantienen las áreas del PAREST muy bien conservadas, ya que la cultura de conservación de los ríos por parte de los Mura, hizo del Matupiri un excelente y representativo local en las agendas de pesca deportiva de la región.

Ante esta realidad local registrada a través del diagnóstico socioeconómico y del mapeo de uso de recursos naturales del PAREST, el plan de gestión presenta como solución para esta superposición entre derechos constitucionales indígenas y las legislaciones relativas a Parques, la creación de la Zona de Uso Especial Indígena en su zonificación. Consultadas las categorías de zonas existentes en unidades de conservación de protección integral brasileñas que respaldarían este uso histórico del PAREST, se encontró la Zona de Uso Conflictivo en la Guía para la Elaboración de Planes de Gestión del CEUC-AM (AMAZONAS, 2010) y la Zona de Superposición Indígena en la Guía Metodológica de Planificación del IBAMA (IBAMA, 2002). Ambas opciones, sin embargo, fueron descartadas: la primera fue desechada por entenderse que no fueron los Mura que causaron conflicto a la UC, sino al contrario la creación del PAREST que causó esta situación a los indígenas. La segunda, a su vez, mantiene la prerrogativa de zona temporal, determinando así que las prácticas culturales de uso de recursos naturales por parte de los Mura deben tener tiempo de vencimiento, lo cual no resulta pertinente constitucionalmente.

Se buscaron, por tanto, en América Latina otros casos que pudieran auxiliar la gestión del PAREST. Según Maretti (2004), en Perú y Colombia han sido conseguidos avances en la implementación de los derechos indígenas en relación a tierras a través de la adopción de dos prerrogativas: reconocimiento de la propiedad de forma colectiva y permanente, y reconocimiento de la capacidad de gobernar de forma autónoma. En Perú hay equivalencia entre los valores biológicos y las características culturales asociadas al área. En este sentido, la zonificación debe obligatoriamente considerar que su implementación no afecte los derechos adquiridos de grupos indígenas establecidos antes de su creación (SERNANP, 2010).

En Colombia, asimismo, la definición de Parques también entiende las "manifestaciones históricas o culturales" como aspectos tan importantes como los factores biológicos (COLOMBIA, 1974). Una iniciativa de este país, relevante al estudio, es el reconocimiento de líderes indígenas como autoridades públicas con competencias ambientales en sus áreas tituladas, en razón de las áreas indígenas superpuestas con su Sistema Nacional de Parques, donde se respeta el derecho de los indígenas en hacer uso de los recursos naturales con las limitaciones impuestas por la conservación de la AP. Véase aquí (Consulta el 28/03/2014).

De manera que, a partir del conocimiento de esas realidades y con el respaldo institucional del CEUC-AM apoyando la iniciativa a través de la elaboración de Términos de Compromisos, la zonificación del PAREST Matupiri se realizó en dos momentos: en el primero, se procedió a su contextualización, la obtención del diagnóstico socioeconómico, del mapeo participativo y su efectiva elaboración. En el segundo momento se realizó la zonificación, ya en formato de mapas confeccionados por el CEUC-AM, que fueron observados por los Mura y, después de correcciones y ajustes propuestos, validado. Como resultado de esta coyuntura, se creó la Zona de Uso Especial Indígena - ZUEI (Mapa abajo)

De acuerdo con el plan de gestión del PAREST la ZUEI se caracteriza por ser "(...) aquella [zona] donde, mediante la construcción y firma de términos de compromiso entre la población usuaria y el órgano gestor de la Unidad, se prevé el manejo de algunos recursos naturales centrales para la reproducción cultural de esa población "(AMAZONAS, 2014, p. 286). Se considera la creación de la ZUEI una iniciativa para conciliar las especificidades desde el punto de vista biológico del PAREST, con sus factores político-histórico-culturales, en vista de que el PAREST es área de uso tradicional por parte de la población Mura de la TICS.

Como resultados de la creación de la Zona de Uso Especial Indígena del PAREST Matupiri, se puede citar:

• La resolución parcial de la superposición del uso del PAREST Matupiri por la comunidad de TI Cunhã-Sapucaia;
• La disminución de la angustia de los Mura en relación a las acciones de gestión e implementación del PAREST Matupiri;
• El compromiso de los Mura en la conservación de toda la cuenca del río Matupiri, principalmente de las áreas del PAREST del Matupiri, ya que ésta se mantendría accesible a sus necesidades;
• Consecución de una asociación sólida entre la TI Cunhã-Sapucaia y el PAREST Matupiri, a través de los líderes indígenas y CEUC;
• La presencia y actuación efectiva de los Mura y sus representaciones sociales e institucionales en el Consejo Gestor del PAREST;
• Consideración de los acuerdos internacionales, que subrayan el respeto de las poblaciones tradicionales y pueblos indígenas presentes en Unidades de Conservación, de los cuales Brasil es signatario, tales como: OIT 169º, Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas del CDB (SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, (2004), Metas de Aichi (SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, 2010) y Congreso Mundial de Parques de la UICN;
• Respeto a marcos legales nacionales como la Constitución de la República Federativa del Brasil, Plan Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (Decreto Federal nº 5.758, de 13 de abril de 2006) y Política Nacional de Desarrollo Sostenible de Pueblos y Comunidades Tradicionales (Decreto Federal nº 6.040 del 7 de febrero de 2007);
• Garantía de mayor protección de las áreas y poblaciones que estarán expuestas a los impactos generados por la revitalización de la BR-319, a través de la conservación de la biodiversidad y del mantenimiento sociocultural de los Mura.

Con todo, es necesario pensar en cómo esta área será gestionada de aquí en adelante. En este sentido, sólo se inició un camino largo y laboriosa, donde el órgano gestor tendrá que invertir esfuerzos y experiencia para mantener los objetivos de conservación del PAREST y garantizar la reproducción física y cultural de los Mura. Las Unidades de Conservación del Amazonas son indisociables de la presencia humana, sean estas indígenas, caboclas, ribereñas o quilombolas. Sus presencias en estas áreas son mucho más beneficiosas que perjudiciales para la conservación de la naturaleza, ya sean áreas de uso sostenible o de protección integral. Sin embargo, este beneficio sólo se consolida cuando estas presencias son interpretadas como una "potencia" más para alcanzar conjuntamente una meta compleja y audaz, como es la conservación de la biodiversidad.

Lea Más

• AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Estudo de criação do Mosaico de UC Matupiri Igapó-Açú: Projeto Criação e Implementação de Unidades de Conservação Estaduais no Amazonas. Manaus, 2006. 134p.
• AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Centro Estadual de Unidades de Conservação. Roteiro para a Elaboração de Planos de Gestão para as UC Estaduais do Amazonas. Manaus, 2010. 74p.
• AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Centro Estadual de Unidades de Conservação – CEUC. Relatório sobre reunião de apresentação do CEUC e das UC estaduais RDS e PAREST Matupiri na TI Cunhã-Sapucaia. Manaus, 2012. 22p. Documento interno.
• AMAZONAS. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Centro Estadual de Unidades de Conservação. Plano de gestão do Parque Estadual do Matupiri. Manaus, 2014. 324p.
• BRASIL. Decreto nº s/n, de 1º de novembro de 2006. Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Cunhã-Sapucaia, localizada nos Municípios de Autazes e Borba, Estado do Amazonas. Diário Oficial da União, Brasília (03 de novembro de 2006).
• COLOMBIA. Decreto nº 2811 de 18 de diciembre de 1974. Decreta el texto del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. República de Colombia. Bogotá: 18 de deciembre de 1974.
• INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS - IBAMA. Roteiro metodológico de planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica. Brasília, 2002. 136p.
• MARETTI, C. Conservação e valores. Relações entre áreas protegidas e indígenas: possíveis conflitos e soluções. In: RICARDO, F. (org). Terras Indígenas e Unidades de Conservação da Natureza: o desafio da sobreposição. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004, p. 85-98.
• PERU. Resolución Presidencial nº 218-2010, de 16 de noviembre de 2010. Establecen precisiones en el proceso de elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas respecto a titulares de derechos otorgados conforme a Ley. República del Peru, Lima. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, 2010.
• SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA - SCDB. Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas - Programa de Trabajo del CDB. Montreal, 2004. 34 p.
• SECRETARÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA - SCDB. Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 - Metas de Aichi. Montreal, 2010. 2p

El mosaico del Bajo Río Negro

Autoria: Thiago Mota Cardoso (Investigador del IPE, Instituto de Investigaciones Ecológicas)

El Mosaico de Áreas Protegidas del Bajo Río Negro está en proceso de reconocimiento y forma parte de la Reserva de la Biosfera y del Corredor Ecológico de la Amazonía Central. La región de Río Negro se caracteriza por una alta diversidad biológica y cultural. Además de eso, el mosaico converge con el territorio de la ciudadanía, lo que muestra potenciales de gestión y desarrollo territorial sostenible.

La propuesta de creación del MBRN surge en el marco del proyecto Corredores Ecológicos. Después de bastante coordinación interinstitucional, el proyecto "Mosaico de Áreas Protegidas del Bajo Río Negro", fue preparado y presentado por el IPE-Instituto de Investigaciones Ecológicas en el concurso 01/2005 del Fondo Nacional del Medio Ambiente - FNMA. Participan de este proyecto las siguientes instituciones: ICMBio (Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad), SDS, Fundación Victoria Amazónica (FAV), Fundación Almerinda Malaquias (MAF), Secretaría del Medio Ambiente de Manaos (SEMMA), Sindicato de Trabajadores Rurales (STRNA) Asociación de Pescadores (APNA), Asociación de Artesanos (AANA), el Foro Permanente por la Defensa de las Comunidades Ribereñas de Manaos (FOPEC), la Asociación de Residentes del Unini (AMORU), WWF-Brasil, Programa Waimiri-Atroari (PWA), la Asociación de Turismo de Novo Airão, la Asociación de Piscicultores de Novo Airão, asociaciones comunitarias y comunidades ribereñas del Bajo Río Negro.

La creación de un mosaico contribuye a fortalecer políticas públicas y acciones integradas en una escala territorial más amplia que la de solamente un área protegida. La estrategia adoptada apunta a ampliar el enfoque de este instrumento, tornándolo más eficaz en cuanto proyecto de territorio. Este enfoque necesita una visión de gobernanza territorial participativa, formando un solo cuerpo de un grupo diverso de actores sociales, facilitando procesos de concertación, comunicación, interacción y gestión de proyectos de desarrollo territorial y conservación del medio ambiente. También requiere acciones de conservación a escala del paisaje, teniendo en cuenta que el paisaje es el resultado de la interacción entre la sociedad y el medio ambiente.

Características socioambientales del Mosaico

El MBRN se encuentra en proceso de reconocimiento. Abarca 11 unidades de conservación, organizadas en tres sectores distintos - como se ve en la siguiente tabla y mapa de las UCs. El mosaico engloba partes de seis diferentes municipios del estado de Amazonas (Manaus, Novo Airão, Manacapuru, Barcelos, Iranduba, Presidente Figueiredo), en un total de 7.412.849 hectáreas. Además de las Unidades de Conservación, la Tierra-Waimiri Atroari viene participando en el proceso de formación del mosaico, con la posibilidad de que este territorio sea uno de sus componentes.

La región presenta un importante escenario biológico, albergando ecosistemas forestales de gran importancia para la conservación y utilización sostenible, tales como bosques de igapó (vegetación pantanosa), de tierra firme, prados y campinaranas (formaciones vegetales sobre arena o suelos pobres), caatinga (bioma de clima semiárido). Esta compleja matriz del paisaje ofrece a la región una gran biodiversidad en los niveles ecosistémicos, genético y de especies.

El MBRN cuenta con una red de actores sociales, donde se destacan los pueblos tradicionales como los ribereños, los nativos, los pescadores artesanales, los agricultores familiares y arumãzeiras, que viven en las ciudades o a la vera de los ríos y arroyos. En los municipios conviven personas e instituciones involucradas en el turismo, la extracción de recursos, el sector empresarial y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, especialmente las responsables de aplicar las políticas pertinentes para el mosaico.

Unidades de Conservación componentes del mosaico del Bajo Río Negro:

Nombre	Grupo	Órgano Gestor	Año de creación
PARNA del Jaú	Protección Integral	ICMBio	1980
RESEX del Rio Unini	Uso Sustentable	ICMBio	2006
PES del Río Negro – Sector Norte	Protección Integral	CEUC/SDS	1995 y redelimitado en el 2001
RDS del Amanã	Uso Sustentable	CEUC/SDS	1998
PARNA de Anavilhanas	Protección Integral	ICMBio	1981, como Estación Ecológica, y recategorizada en 2008
RDS del Rio Negro	Uso Sustentable	CEUC/SDS	2009
APA de la margen derecha del Río Negro Sector Solimões Puduari	Uso Sustentable	CEUC/SDS	1995 y redelimitada en el 2001
APA de la margen derecha del Río Negro Sector Aturiá-Apuauzinho	Uso Sustentable	CEUC/SDS	1995 y redelimitada en el 2001
APA de la margen izquierda del Río Negro - Sector Tarumã-açu-Tarumã-mirim	Uso Sustentable	CEUC/SDS	1995 y redelimitado en el 2001
PES del Río Negro - Sector Sur	Protección Integral	CEUC/SDS	1995 y redelimitado en el 2001
RDS del Tupé	Uso Sustentable	SEMMA/ Manaus	2002

La creación de la Zona Franca de Manaos en el período de implantación de las políticas regionales de desarrollo, en la década de 1960, generó un crecimiento demográfico, a través de flujos migratorios intensos, y un nuevo reordenamiento del uso del espacio y de los recursos de la región. Tales políticas, a pesar de los beneficios económicos obtenidos, paradójicamente corresponden a las principales causas de los problemas sociales, económicos y ambientales de la región del mosaico. La situación actual en la parte baja del Río Negro todavía está marcada por procesos de extracción socialmente injustos que ponen a la población local en situaciones de extrema dificultad.

La creación de unidades de conservación en las décadas de 1980 y 1990, que se celebró sin consulta popular, generó enormes conflictos que continúan hasta el presente. Hoy en día, las áreas protegidas se configuran como instrumentos fundamentales del desarrollo territorial y la conservación. Pero la cuestión de la tierra sigue siendo un elemento de conflicto, lo que demanda salidas nuevas y creativas en el ordenamiento territorial de la región, teniendo en cuenta los aspectos sociales, ecológicos, económicos y políticos del Río Negro y de sus habitantes así como la convergencia entre la conservación y la calidad de vida.

A pesar de ello, muchos ribereños e indígenas comenzaron a organizarse y reclamar derechos sociales y acceso tradicional a los recursos naturales y al territorio, como es el caso de las negociaciones de acuerdos de pesca, las reivindicaciones de tierras indígenas, los proyectos de reforma agraria, con o sin el apoyo de proyectos ambientales de los entes locales y de las ONGs. Los pueblos que habitan la cuenca del Río Negro poseen diversas estrategias para interactuar con los ecosistemas y el acceso a la biodiversidad. Tradicionalmente, las principales actividades desarrolladas por esa población son la agricultura de roza y quema, la extracción de plantas y animales, la explotación maderera, la caza de fauna silvestre, el turismo y la artesanía, así como actividades asalariadas. Los conocimientos y prácticas de los habitantes de la región generan potencialidades de desarrollo territorial sostenible, tales como el ecoturismo con bases comunitarias, el manejo forestal no-maderero y el maderero de pequeña escala, los sistemas agrícolas, la pesca artesanal, la gastronomía y el arte.

Montando las piezas del mosaico

El mosaico se encuentra en formación y sigue la prerrogativa del Sistema Nacional de Unidades de Conservación en cuanto a la forma de creación y gestión, que requiere la adhesión de los gestores de las áreas protegidas, el reconocimiento por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la conformación de un consejo consultivo. Hasta ahora ya se han realizado las siguientes acciones:

• Movilización de los actores locales y regionales (organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, gobierno, comunidades tradicionales e indígenas, empresarios);
• Realización de una serie de talleres informativos y construcción del mosaico;
• Consultas a los consejos consultivos y deliberativos ya existentes en la región;
• Elaboración del expediente y pedido de reconocimiento del MBRN en el Ministerio del Medio Ambiente;
• Elaboración del Plan de Desarrollo Territorial;
• Inserción en la Red de Mosaicos de la Cooperación Franco-Brasileña para el fortalecimiento de los mosaicos de áreas protegidas.

El MBRN busca innovar la forma de su construcción, proponiendo conceptos, metodologías y formas de gobierno creativas que permitan la participación social, entre las que citamos:

• Tener como principio de conformación de las áreas de cobertura el cruzamiento de los criterios de conectividad, pertenencia e identidad territorial. Este último representa una innovación y consiste en identificar los principios histórico-culturales, económicos, ecológicos y sociales locales que están vinculados con los objetivos de conservación de áreas protegidas, permitiendo definir las áreas del mosaico como territorio de acción. Este criterio es estratégico para la valorización y la participación de la comunidad, y una mejor coordinación entre los actores locales.
• El principal espacio de gestión de un mosaico es su consejo consultivo. Para formarlo es importante involucrar la diversidad de actores sociales teniendo en vista la creación de los "caminos" para una gestión democrática y participativa a través de temas movilizadores e integradores. La propuesta, desarrollada en el curso del proyecto mosaico, es que el consejo se torne un foro/red regional de debates y propuestas para la conservación y el desarrollo sostenible del MBRN, con participación de la sociedad civil y coordinación con otros espacios de gestión territorial. Lo cual significa contar con una estructura más fluida, abierta y participativa que un consejo fundado sólo en la gestión integrada de los administradores.
• De acuerdo con los alcances del II Taller del Mosaico, celebrado en octubre de 2009, se crearán Cámaras Técnicas para discutir asuntos más específicos y detallados con las instituciones interesadas, y las áreas protegidas tendrán acciones articuladas en tres sub-regiones.
• El Consejo Consultivo MBRN no es jerárquicamente superior a los demás consejos. El Consejo MBRN tiene como objetivo fortalecer los consejos existentes y las iniciativas locales, sin imponer objetivos ni burocratizando el proceso. Se distingue por su carácter de articulador regional, es decir, de movilizador de redes sociales del territorio (gobierno, asociaciones, ONGs, empresas, foros) con el fin de establecer procesos de concertación continuos y de definir un proyecto territorial en una escala ampliada.
• La elaboración de un plan de desarrollo con enfoque en productos y servicios de sociobiodiversidad, que debe ser acordado a lo largo del proceso de gobernanza del mosaico. El principal objetivo del plan de desarrollo del Mosaico es garantizar la inclusión social y el bienestar de la población local, a la vez que promueve la conservación de la biodiversidad y el paisaje. Este enfoque implica una visión del desarrollo donde la población local contribuye directamente a la economía local mediante la valorización de las áreas protegidas, el mantenimiento de los servicios ambientales y la protección del patrimonio histórico y cultural.
• El mosaico es percibido por las comunidades locales y los movimientos sociales como una oportunidad para influir e integrarse en redes de una escala mayor.

Aprendizajes y caminos a recorrer

El MBRN se constituye como una herramienta de conectividad y gobernanza territorial que puede contribuir al fortalecimiento de acciones integradas y participativas de protección y conservación de los ecosistemas, de numerosas especies en peligro de extinción y de la biodiversidad en su conjunto. Sin embargo, estas acciones deben converger con el capital social y cultural de las comunidades tradicionales que habitan la región, que tienen otras territorialidades y profundos conocimientos sobre el territorio.

El concepto y construcción de identidad territorial en un mosaico de áreas protegidas, además de facilitar el proceso de gobierno, ofrece una idea de pertenencia a un lugar determinado, y puede ser el punto de apoyo para la construcción de la propuesta de desarrollo sostenible. Este proceso implica un cambio desde una cultura centrada en el territorio unitario o jerarquizado hacia una concepción del territorio como un área de relaciones integradas y prácticas democráticas.

Sin embargo, durante el proceso de construcción del mosaico, sus límites deben ser considerados. En cierto modo, un concejo asesor no permite legalmente la toma de decisiones más concretas y esto mismo es, a menudo, disputado por sectores con diferentes jerarquías de poder y conocimiento, bloqueando o forzando un consenso a fin de perjudicar a ciertos sectores. La falta de planificación territorial y las incertidumbres con respecto a la regularización agraria complica el pensamiento en mosaico. Persiste también el gestor centrado en su propia unidad, lo que dificulta un proyecto integrado. Por último, los mosaicos todavía son proyectos embrionarios, que no poseen una política pública permanente, con graves deficiencias financieras y de recursos.

El MBRN, como proyecto de territorio, debe estar alerta a las políticas públicas en las áreas de educación, salud, transporte y comunicación para la región y a los proyectos desarrollados por los movimientos sociales y ambientales. Es esencial la articulación con otros proyectos de gestión de la tierra. Esta transversalidad de las políticas es fundamental para la gestión del territorio y sigue siendo un objetivo a lograr.

*Texto elaborado em março 2010, antes do reconhecimento do Mosaico. Veja mais sobre o Mosaico clicando aqui.

 

Las Reservas Extractivas (Resex) en la Terra do Meio (Pará)

Autoría: Marcelo Salazar (ingeniero, coordinador adjunto del Programa de Altamira - Xingú y miembro de ISA), André Villas- Boas (indigenista, coordinador del Programa de Xingú - Altamira y miembro fundador del ISA).

*Publicado originalmente como capítulo 2.3 "La experiencia de las Resex en la Terra do Meio" en el libro "Áreas Protegidas". Serie Integración > Transformación > Desarrollo. 2012. Fondo Vale.

El Instituto Xingú del Instituto Socioambiental se inició en 1995 con la misión de promover la sustentabilidad socioambiental en la cuenca del Xingú y garantizar los derechos de los pueblos y las poblaciones tradicionales de la región. Después de casi 10 años trabajando exclusivamente con las poblaciones indígenas en la cuenca y escuchando sus preocupaciones sobre el impacto del proceso de ocupación regional, el Programa asumió varios desafíos que van más allá de la frontera indígena.

La Terra do Meio, en el estado de Pará, surgió como uno de esos desafíos. Después de coordinar los estudios preliminares en 2002, que respaldaron la decisión del Gobierno de crear un mosaico de unidades de protección, y de ser testigos de la situación de abandono y riesgo en que vivían las poblaciones extractivas de la región, no había manera de no asumir el compromiso moral de intentar cambiar este cuadro en las reservas extractivas (Resex) del Riachuelo de Anfrísio, Iriri e Xingú. El pasivo social encontrado en esas Resex en el 2002 era descomunal, muy pocas familias tenían documentación de ciudadanía (certificado de nacimiento, RG, CPF), la tasa de analfabetismo pasaba el 90%, la atención en caso de emergencias médicas y de malaria sólo era posible en las zonas indígenas vecinas. La comunicación con el Estado y el mercado se llevaba a cabo a través de eventuales regatões - comerciantes fluviales - que también proveían medios de transporte de personas y el intercambio de productos manufacturados por los productos extraídos, en gran parte según el modelo de trueque de finales del siglo XIX.

El transporte de la Resex Altamira en la estación seca podía tomar más de una semana. El contexto regional era extremadamente adverso. La región ya estaba sufriendo del grilagem [apropiación de tierras públicas mediante documentos fraguados] y el robo de madera, pero en el año 2002, con el anuncio de que el gobierno podría crear unidades de conservación, las invasiones de tierras tomaron proporciones inimaginables. Una verdadera industria del grilagem se estableció y comenzó a apropiarse de tierras, expulsando a los pueblos tradicionales de sus posesiones y abriendo varios espacios para el pastoreo. En el 2005, a causa de esos mismos conflictos, fue asesinada la hermana Doroty en Anapu. Ese mismo año, fueron mapeados 471 kilómetros de ramales y 5.671 hectáreas de deforestación sólo en los territorios de las Resex¹. En este contexto, garantizar condiciones de vida dignas y la estabilidad de la tierra para aquellas poblaciones, que históricamente habían estado cuidando un patrimonio forestal de millones de hectáreas, era la mejor acción ambiental a ser adoptada en ese momento. En asociación con la Fundación Vivir Producir y Preservar (FVPP) con sede en Altamira, reorientamos nuestras acciones con miras a garantizar el acceso de la población local a los derechos básicos. Se organizó la venida del programa gubernamental Balcón de la Ciudadanía, para que las personas accedas a sus documentos, y fue delineada una estrategia para atraer la presencia de la Prefectura de Altamira en los servicios básicos de salud y educación, principales demandas de la población local. Paralelamente, hubo una cooperación técnica del ISA con el Ministerio Público y con la ICMBio para promover la seguridad de tenencia de la tierra, tratando de desalojar a los ocupantes ilegales de las unidades de conservación creadas recientemente.

Se llevó a cabo acciones que ayudaron a estructurar y desarrollar las asociaciones locales y se comenzó a trabajar en el desenvolvimiento de cadenas productivas de productos de la extracción con el objetivo de presentar opciones para mejorar el desarrollo económico sustentable de estas poblaciones. Se desenvolvió asimismo alternativas de mercado como la aproximación de compradores diferenciados para caucho, nueces, copaiba y otros productos. Se diseñó soluciones tecnológicas para el almacenamiento y el procesamiento de babasú [Attalea speciosa u Orbignya phalerata], andiroba [Carapa guianensis Aubl] de castaña, y para la reanudación de la producción de látex. Se inició experiencias de implementación de fondos comunitarios de capital de giro para apoyar la producción. No fue una tarea fácil atraer políticas públicas a una zona aislada, lejos de los grandes centros, con baja densidad y dispersión poblacional. Pues el costo de la asistencia es a menudo mayor si se le compara con el costo de asistencia de la población urbana y, por sobre todo, no permite una pasar una factura electoral proporcional a las inversiones.

En este contexto, fue crucial el papel de las instituciones que apoyaron las iniciativas, con mención especial del Fondo Vale, la Rainforest de Noruega y la Fundación Moore. Por lo general, estas instituciones son refractarias a apoyar acciones que son, evidentemente, obligación del Estado. Sin embargo, el reto era justamente crear un modelo de asistencia que pudiese atraer a las políticas públicas, que normalmente no son muy afectas a adaptarse a realidades diferenciadas, como es el caso de las Reservas de Extracción de la Terra do Meio. En colaboración con las asociaciones locales y con el ICMBio, fueron creados polos de inclusión social y desarrollo, un conjunto de estructuras para generar la centralidad de los servicios y facilitar la llegada del Estado, asistencia técnica y socios comerciales. Los extractivistas escogieron áreas de referencia dentro de las Resex, donde fueron instalados: (a) Unidad Básica de Salud, con (b) casa para enfermero (c) centro de formación / escuela (d) alojamiento para los estudiantes (e) casa para los profesores (f) un núcleo de apoyo para las organizaciones locales y asociaciones (g) la construcción de una estructura de almacenamiento y procesamiento de la producción extractiva local (h) estructura de comunicación - con servicio de Internet y teléfono público, como complemento del sistema de radios que ya operan en la región, y (i) pistas de aterrizaje para facilitar ayuda de emergencia, iniciativas de trabajos colectivos para la atención especializada de la salud, agilidad en las acciones de protección y de aplicación, facilitar la coordinación con las autoridades públicas y el establecimiento de asociaciones privadas que reconocen y valoran el papel estratégico de esas poblaciones, pudiendo conocer su realidad e interactuar positivamente con la producción extractivista de las Resex sin intermediarios y sin tener que gastar en largos períodos de viaje.

Paralelamente, se firmó acuerdos con las secretarías de Salud y Educación de la Municipalidad de Altamira para que asuma el funcionamiento y el mantenimiento de estos centros. Todo es muy reciente y este acuerdo aún se está consolidando; sin embargo, se sabe que la sustentabilidad de la atención de calidad en áreas remotas depende de las políticas públicas diferenciadas. Por lo tanto, están siendo preparadas propuestas para negociar con el gobierno federal políticas diferenciadas (salud, educación y crédito), que reconozcan las especificidades culturales y los costos derivados de las características de aislamiento, en conexión con la prefectura de Altamira, siguiendo el ejemplo de las políticas que ya existen para los pueblos indígenas. La estructuración de esos polos de servicios es un componente importante del modelo de atención a las Resex que está siendo levantado. Es fundamental, sin embargo, su vinculación con núcleos de asistencia más pequeños, situados en localidades que articulan grupos de familias de determinados tramos fluviales, por motivaciones culturales propias. También es importante reconocer que la dispersión espacial es una característica cultural fundamental de la identidad de las poblaciones extractivistas y debe ser respetada.

En este sentido, la perspectiva no es centralizar espacialmente la población en estos centros de asistencia, pero sí establecer algunos servicios de mayor complejidad y costo. Otras sub-localidades también deben ser consideradas y disponer de una estructura básica de referencia para la atención de la salud, el saneamiento y la educación. Se espera, con este modelo, crear un foco central sin concentrar a la población en torno a estas infraestructuras. El gran desafío para las Resex y el Mosaico de la Terra do Meio como un todo proviene de encontrarse en la región de construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, con el torbellino que esta obra provoca en la región, reverberando en muchos aspectos en el entorno de las Resex y dentro y de ellas. Estos impactos no fueron siquiera considerados en el EIA- Rima de la obra o contemplados en sus condiciones mitigatorias.

Otro gran desafío creciente en la región es la presión por la tala ilegal, asociada en parte a las inversiones regionales y a la población atraída por Belo Monte, pero no exclusivamente. En la Resex Riachuelo de Anfrísio, por ejemplo, la densidad de ramales fue 150 % mayor en 2011 en comparación a 2005, en el auge de la degradación de la región. Se constata la reducción de la deforestación y el aumento del corte selectivo de madera, así como una enorme dificultad del Estado para hacer frente a la embestida, colocando en riesgo la integridad de estas áreas y de su población. Superar un pasivo social histórico de esta magnitud y garantizar las condiciones de protección de los bosques de las Resex y de la Terra do Meio no es algo que se hace en el corto plazo. Es imprescindible la existencia de políticas enfocadas, continuadas y pactadas con la población local, para que este enorme pasivo no siga siendo arrastrado por décadas.

Lea más: Áreas Protegidas. Séries Integração; Transformação; Desenvolvimento. 2012. Fundo Vale. 1ª edição. Rio de Janeiro. 168p.

Notas y Referencias

1. INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. 2012. Relatório “Vetores de Pressão na Terra do Meio”, ISA, 2012. Em 2005, foram mapeados 7.655,7 km na região da Terra do Meio, com destaque para a região onde hoje é a APA Triunfo do Xingu e a Esec Terra do Meio.

Manejo comunitário de espécies invasoras

Autoría: Michele de Sá Dechoum, Eduardo L. Hettwer Giehl, Rafael Barbizan Sühs, Thiago César Lima Silveira e Sílvia R. Ziller

RESUMEN DE ARTIGO CIENTÍFICO - Biological Invasions, publicado en línea el 9 de agosto de 2018.

La participación de ciudadanos en el manejo de pinos exóticos invasores: ¿hace la diferencia?

Citizen engagement in the management of non-native invasive pines: Does it make a difference?

En un artículo recientemente publicado en el periódico Biological Invasions, revista de alto impacto científico en el área de invasiones biológicas, los autores muestran cómo un proyecto de manejo comunitario puede llevar a la erradicación de pinos invasores en un Parque Natural Municipal en Florianópolis, contando con la colaboración de los vecinos del Parque.

Un programa de control de pinos invasores viene siendo conducido desde 2010 a través de una asociación entre el Instituto Hórus de Desarrollo y Conservación Ambiental y la Universidad Federal de Santa Catarina, en el Parque Natural Municipal de las Dunas de la Lagoa da Conceição (Florianópolis, SC). En trabajos colectivos [mutirões] de control realizados mensualmente, plantas invasoras de especies introducidas desde América del Norte son cortadas y arrancadas por voluntarios que auxilian en este programa de restauración de paisajes y ecosistemas. Hasta el momento, casi 350.000 pinos ya han sido eliminados. Todos los recursos necesarios para el desarrollo del programa proceden de campañas de financiamiento colectivo y donaciones de instituciones internacionales. El total de recursos financieros que se ahorraron de las arcas públicas fue estimado en cerca de $ 137.000,000 reales.

Los principales objetivos del artículo fueron presentar los resultados del programa y simular cómo el área estaría en 2028 si el control no hubiera sido iniciado en 2010. La motivación para hacer el artículo fue tanto mostrar que es posible manejar especies exóticas invasoras por medio del compromiso de ciudadanos, como también mostrar a los voluntarios la relevancia de la persistencia y la continuidad de su trabajo para la conservación de la biodiversidad.

Fueron simulados tres escenarios. El primero representa la condición del Parque si nada hubiera sido hecho a partir de la situación encontrada en 2010, cuando el programa se inició. El segundo es una simulación de la continuidad de los trabajos colectivos de control dentro del parque y el tercero es una simulación de las actividades de control tanto dentro del parque como en propiedades particulares vecinas. En esas propiedades, los pinos fueron plantados para fines ornamentales y de contención de dunas hace unos 30 o 40 años y fueron allí dejados, siendo hoy la principal fuente de semillas de pino que son llevadas al interior del parque por el viento.

Los resultados muestran que, si el programa no hubiera sido iniciado (escenario 1), casi la mitad de los hábitats susceptibles a la invasión biológica estarían ocupados por pinos invasores en 2028, representando cerca de un tercio de toda el área del parque. Si el trabajo continúa solamente dentro del parque (escenario 2), habrá una reducción de 4 veces en la extensión del área invadida, en comparación con el escenario 1. Y si el trabajo se realiza en el parque y en las propiedades vecinas (escenario 3) será viable erradicar los pinos de dentro del Parque hasta 2028, especialmente en función de la eliminación de árboles de mayor porte que están en las propiedades vecinas. Siendo así, para los próximos años será fundamental obtener el apoyo y la colaboración de los pobladores del entorno del Parque. La Ley Municipal 9097/2012, regulada por el Decreto Municipal 17938/2017, establece que pinos deben ser eliminados de propiedades particulares del municipio hasta diciembre de 2019.

Además de la restauración de hábitats para la fauna y la flora locales, el compromiso comunitario en la conservación de la naturaleza también puede ser señalado como uno de los resultados positivos del proyecto. Desde el comienzo, casi 800 voluntarios ya participaron en los trabajos colectivos y el número de nuevos voluntarios crece en cada convocatoria. La principal forma de comunicación sobre los trabajos colectivos [mutirões] ha sido Facebook, por medio del cual se les informa de las fechas, y la invitación personal hecha por los voluntarios a personas de sus redes de contactos.

Para saber más

• Facebook: bit.ly/fb_institutohorus
• Youtube: http://bit.ly/institutohorus

Los saberes y las prácticas de los ribereños del Río Iriri y Riozinho del Anfrisio

Ribereños en la Tierra del Medio

Estaciones del año

En la Tierra del Medio, quien define las estaciones es la lluvia y el nivel de los ríos. No existe una fecha fija para marcar el inicio del verano y del invierno, aunque los meses pueden ser usados ​​como referencias más generales. Cuando las lluvias son regulares, intensas y duraderas, los ríos se empiezan a llenar: es el invierno. Cuando las lluvias se vuelven más escasas, los ríos empiezan de nuevo a secarse: es verano.

Dentro de los patrones propios de cada estación siempre ocurren pequeñas variaciones: hay años que las lluvias se atrasan, otro en que se anticipan, hay años de mucha sequedad, otros de inundación fuerte. Siempre existieron sequías fuertes en la ribera, pero la sequía de 2015 les hizo decir a algunos de los ribereños más viejos que esa fue de las peores, si no la peor, que ya vieron en la vida. Las sequías o inundaciones muy severas causan serios daños.

En la sequía los problemas principales son la dificultad de navegar por los ríos, imposibilitando viajes y remociones de emergencia; el riesgo de perder la roza; la interrupción de las actividades caucheras debido a la vulnerabilidad de los árboles y el tipo de leche. Las inundaciones, a su vez, inundan casas, corroen los terreros y canteros, y pueden inundar las rozas.

Las sequías e inundaciones más drásticas son históricas, los más viejos recuerdan y cuentan para los más jóvenes; y sirven de referencia para evaluar situaciones presentes, hacer previsiones y tomar las medidas para minimizar las dificultades en condiciones extremas.

Don Herculano observa que actualmente no hay más un período en que los ríos se queden estables: ellos siempre se están llenando o vaciando.

“Antes el río quedaba un mes en el el mismo nivel, no era como hoy que el río todo el tiempo o se está llenando o se está vaciando.” - Herculano Puerto de Oliveira, 71 años, Bom Jardim, Riozinho do Anfrísio, 2015.

Los períodos de transición de una estación a otra tienen matices, son períodos en que coexisten ciertas características del verano e invierno. Hay por ejemplo los "repiquetes", que son flujos repentinos que pueden ocurrir tanto en la creciente como en el tiempo de seca. Hay también diferentes momentos dentro de cada estación. Enseña la tradición cauchera que el verano se divide en dos partes: el primer-medio-verano y el segundo-medio-verano.

El primer período recae más o menos en los meses de mayo a agosto. El segundo toma los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entre los dos períodos ocurre la piroca, que dura cerca de 30 días y coincide con el auge de la seca, generalmente en el mes de septiembre, pero se puede anticipar y tomar también el mes de agosto. En esa fase, el cauchero interrumpe el corte porque los cauchales están floreciendo y cambiando de follaje, usando toda la leche en este proceso.

En el auge del verano, el estiaje puede llegar a durar más de 30 días. En ese período todavía se ve formaciones de nubes, pero luego se disipan, llevándose la esperanza de ver la tierra humedecer, las plantas del terreno mojándose, la leche del cauchal refinándose. Las primeras lluvias que caen anunciando el fin del verano son generalmente puntuales en duración y extensión, son las llamadas "lluvias de mango", caracterizadas por fuertes tormentas y por ser todavía finas y rápidas. Las lluvias de manga coinciden con el período en que los mangales están terminando la formación de los frutos, hasta que las caudalosas lluvias de invierno se establecen haciendo resurgir grutas y lagos que se habían secado durante la sequía.

De manera general, se considera que el inicio del verano ocurre en mayo y el inicio del invierno en noviembre. Sin embargo, sobre la definición de estos meses no hay consenso entre todos los barrios. Por ejemplo, algunas personas entienden que el verano propiamente dicho sólo comienza en junio, cuando la seca se consolida y el nivel de los ríos baja rápidamente, y que el mes de mayo sería un período de transición en que coexiste aspectos del invierno y del verano. Igualmente, hay quienes consideran que el inicio del invierno ya irrumpe con las primeras lluvias de octubre, aunque sean todavía tímidas, y no con las torrenciales lluvias que empiezan a establecerse entre noviembre y diciembre. Otro factor que interfiere en la definición sobre el período de inicio de las estaciones es la región tomada como referencia. Por ser un territorio vasto, la Tierra del Medio presenta variaciones climáticas en regiones específicas, de modo que las percepciones de quienes viven cerca de las cabeceras pueden no ser las mismas de quien vive en las grandes desembocaduras de los ríos.

La fijación de un mes para marcar el inicio de una estación puede servir como referencia, pero en la realidad ribereña, una estación sólo comienza efectivamente cuando algunos eventos climáticos y ecológicos ocurren. Por eso, es muy común escuchar expresiones como "ese año el verano atrasó", haciendo referencia al hecho de que la creciente se prolongó por más tiempo en aquel año.

A lo largo de un año, muchas transformaciones y relaciones ecológicas son percibidas en el ambiente, y son esas percepciones que sirven de referencia para medir el tiempo. Muchas personas saben hablar de las señales que preanuncian el cambio de estación, las características del verano y del invierno y de los diferentes períodos dentro de cada estación. La mayoría de las señales que marcan las estaciones es compartida, pero algunas observaciones son particulares. En esos casos, las personas respetan, pero no se sienten obligadas a estar de acuerdo.

Este tipo de asunto suele generar largas conversaciones en la ribera, principalmente entre aquellos que se interesan y profundizan en detalles que la mayoría de las personas no perciben. “Porrodó”, por ejemplo, menciona mudanzas en el follaje de los árboles; ya percibió también, durante el auge del verano, las manadas de pecarís se alejan de la orilla de los ríos. Zé Simbereba concuerda y complementa: el invierno es mejor para la caza de pecarís, mientras que el verano es bueno para la caza de espera. Don Regalo mira al cielo de madrugada y sabe que el verano llegó cuando la estrella Dalva despunta en otro lugar.

"¿Señal del verano? Los árboles. Comienzan a cambiar las hojas: amarillear y caer las hojas. Caen las hojas viejas y vienen hojas novas. Usted mira: todos los árboles al principio del verano comienzan a cambiar las hojas. Otros comienzan a florecer, aquellos que dejan caer primero. Luego viene la hoja nueva y la flor. Cuando el verano es muy pesado, el pecarí desaparece. Aquí, en la bajada del río, en la bajada de las aguas, todavía ataca mucho. Pero cuando verano golpea, ni pensar." - Raimundo Pereira do Nascimento, "Porrodó", 57 años, Paulo Afonso, Ríozinho do Anfrísio y Trairão, 2015.

"La temporada seca es buena para los esperadores, para quien gusta de esperar. La época de lluvia, en cambio, es mejor para el pecarí. "Al pecarí se le escucha roncar de lejos." - José "Simbereba", 59 años, Sitio San Esteban, Maribel, Iriri, 2015.

"Yo me guío por los planetas. Porque cuando va a llegar la entrada del verano, a esa estrella que llaman estrella Dalva uno la ve salir en la madrugada. Y cuando ya va a llegar para la franja del invierno, ella ya va a salir por la franja de aquí [apunta el rumbo en el cielo]. A las seis horas ella ya está a ciertas alturas aquí. No así en el verano, ella comienza a salir a las cinco horas de la mañana. Cuando me levanto de madrugada, ya la veo. A ella y siete estrellas. Ella ya viene clareando todo, ella hace una lucecita que usted ve, aclara un poquito. Me voy dando cuenta que allí es la entrada del verano.

Los bichitos de la mata también adivinan tanto la entrada del invierno como la entrada del verano. Por ejemplo, en la senda de los cauchales hay un pajarito que llaman el cauchero, que cuando está amaneciendo usted escucha cantar; cuando usted entra en la mata, que está a veces medio lluviosa, usted escucha cantar; de ahí ve los caucheros que ya está en tiempo de verano; en tiempo de invierno, él no canta, no." - Reginaldo Pereira do Nascimento, "Reginho", 64 años, Boa Saúde, Riozinho do Anfrísio, 2015.

Cuando es tiempo de creciente, necesita llover en las cabeceras, en los cursos de agua y en las grutas del centro de la floresta que se secar en el verano. Cuando las grutas están "botando agua en el río", es señal de que el nivel del río va a subir. Las primeras lluvias que anuncian el invierno todavía no son suficientes para recargar esos cursos de agua que se secaron. Cuando ocurren lluvias más caudalosas y duraderas, las grutas vuelven a fluir dentro de la floresta y desbordan agua para llenar los ríos aún bajos con caídas fuertes que parecen cascadas. Al navegar por los ríos en enero, es común oír comentarios entusiasmados de los ribereños, diciendo "la gruta está botando agua", señal que el río está inundado, que finalmente la sequedad terminará y la floresta producirá abundancia de alimentos.

Don José "Simbereba" observa que el croar de algunos sapos indica el inicio del invierno, y que otros cantan todo el invierno. Menciona también que las lluvias del mango son aquellas que ocurren al inicio del invierno.

Los períodos de transición de una estación a otra están marcados por algunos fenómenos. El arco iris es uno de ellos. José Simbereba reconoce que la presencia del arco iris ocurre tanto en el paso del tiempo seco para el tiempo de lluvias, como al contrario. Según don Antonio Manelito, el arco iris "chupa" el agua de un lugar para el otro. Entonces, cuando es tiempo de comenzar el verano, el arco iris quita la lluvia y la lleva a otro lugar. Y cuando es tiempo de comenzar el invierno, sucede lo contrario: busca agua de otro lugar y la trae para que llueva cerca.

Además de las señales del cambio de estación, las previsiones del clima también pueden ser hechas basándose en la observación de los árboles y de los bichos. Varios ejemplos son citados para "adivinar" cuando va a llover: el paujil grazna en día de lluvia en el segundo-medio-verano. Si hay sol caliente y él grazna es porque el tiempo se va a cerrar y va a llover. Además del paujil, el canto del sabiá también puede indicar lluvia. El cauchero se basa mucho en estas señales para evitar perder la leche recogida en los senderos.

"Al paujil le gusta mucho graznar en el segundo medio-verano, en día de lluvia. Al cauchero no le parecen buenos los días en que esos dos cantan en días de sol caliente: paujil y sabia. Cuando empieza a cantar, el sol caliente, paujil graznando, ese es día de lluvia. Al cauchero no le gusta porque la lluvia viene y toma la leche." - José "Simbereba", 59 años, Sitio San Esteban, Maribel, Iriri, 2015.

"Porque la gente llega a saber que el invierno va a ser realmente crudo con el canto del carretel, un sapo. Él es así, cuadradito, tiene unas orejitas. Él es feo, pero se ve bonito al mismo tiempo, es interesante él. Él canta: “niña, ahora sí que el invierno llegó.” Él canta a lo largo de todo el invierno. Y uando él para la cantadera, ya se sabe que el verano va a llegar. Calló, acabó el invierno.

Al comienzo del invierno hay mucho sapo que grita. Hay aquel del intervalo, no es el carretel, es otro, y la gente ya sabe que ‘va a comenzar la lluvia, el sapo está cantando’. Él anuncia que va a comenzar la lluvia, él hace ‘uuuu’. Es una rana y vive en un hueco, difícilmente se la ve. Ella tiene rayas, tipo cebra. Es toda rayadita, es bonita y canta dentro del hueco. Y cuando uno ella cerca, ella calla, muy lista. Y ella sólo canta en la época de comenzar las lluvias. Después de que las lluvias llegan fuertes, no canta más.

O el arcoiris, él tiene dos sentidos: él anuncia la llegada del verano, ya que cuando se comienza a ver arco iris es señal de verano. Y cuando usted ve el arco iris usted recuerda el compromiso, aquello allí es la alianza que Dios hizo con el hombre. El arco iris significa eso. Mas también puede marcar el paso para el invierno. Porque es una lluvia fina y está abierta detrás. Y ahí muestra aquel diseño. En el invierno fuerte, el arco iris no aparece. Porque el invierno termina como comienza: el invierno termina con la lluvia del mango (lluvia de nube soltera), lluvia fina, tormenta." - José "Simbereba", 59 años, Sitio San Esteban, Maribel, Iriri, 2015.

El calendario ribereño está formado por actividades estacionales y actividades que se desarrollan a lo largo del año. Revela los saberes locales sobre el territorio y el nivel de interacción establecido con él.

Categorías de descripción del rio

Los espacios que caracterizan los ríos también incluyen una serie de categorías definidas por la observación de la anchura, sinuosidad y profundidad de los ríos.

ESTIRADA (estirão): "Es un lugar que no tiene vuelta (o curva), sólo aquel estiramiento sin vuelta" - Francineide Rocha Machado, 54 años, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015; son los tramos más anchos, sin cerrado. Es navegable durante todo el año.

CERRADO: "Es un trecho estrecho del río, el matorral está más cerca de la ribera, hay muchas vueltas y caen muchos pedazos de palo y rama en el río, es más difícil de pasar" - Francineide Rocha Machado, 54 años, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015. "Lugar más cerrado, siempre cae palo, es donde hay caída de palos", Raimundinho. En los años en que el verano es muy seco, los cerrados quedan casi infranqueables; las canoas son arrastradas, en varios tramos, por encima de ramas y bancos de arena.

ATAJO (furo): Es un tramo más estrecho que la estirada. El atajo conecta dos puntos del río, acortando la trayectoria. Muchos atajos se secan en el verano, tanto en el Riozinho do Anfrísio como en el Río Iriri. En el verano, la canoa está obligada a pasar por las vueltas, por qué el atajo está seco.

VUELTAS: Son las curvas del río que dejan de ser utilizadas para navegación si hay atajos que cortan camino; cuando los atajos son permanentes, no se secan en el verano, esas vueltas acaban por ser "olvidadas", siendo penetradas sólo para pesca o caza.

REMANSO: Es aquel lugar donde el agua no corre. Generalmente los puertos son hechos en áreas de remanso.

RESACA: Es un ramal del río que no tiene salida. Algunos de esos ramales, cuando es tiempo de creciente, se tornan atajos, si tienen salida del otro lado.

ISLA: "Es una punta de tierra que se suelta en medio del río, con agua de un lado y del otro y sólo aquella punta en el centro, tal como una que hay aquí cerca y que proporciona piedra para afilar" - Francineide Rocha Machado, 54 años, Playa Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015. Las islas no son como las restingas que en el verano dejan de tener agua alrededor.

POZO: "Es un lugar que es fondo y no tiene piedra. Si tiene piedra es en el fondo, nadie la ve" - Francineide Rocha Machado, 54 años, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015.

GRUTA [loca]: Son hoyos de piedra debajo del agua donde a algunos peces les gusta quedarse.

SANGRADOR: "Es el curso de agua [igarapé] que se queda corriendo directo al río", Francineide Rocha Machado, 54 años, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015.

CORRIENTE [córrego]: Es el río; otro nombre para el lecho principal.

BAJO DE PLAYA: "Son los lugares que se secan y donde queda la playa de arena a la orilla del río, la bajada de la playa". Áreas de arena que quedan visibles a la orilla del río en el verano.

La vida en la localidad

Variedad y Seguridad Alimentaria

En la ribera, las variadas calidades de mandioca cultivadas en las rozas son utilizadas en la producción de harina, torta, papilla, tapioca y tucupi. La mayoría son tipos de mandioca brava que poseen un caldo tóxico (rico en ácido cianhídrico) que debe ser extraído o procesado antes del consumo.

Además de una variedad de tipos de yuca brava y algunos tipos de mandioca, llamada también de mandioca mansa, las rozas tienen maíz, calabaza, pepino, quiabo, varias calidades de haba, frijol, patata dulce, varios tipos de cará, caña de azúcar, sandías, diversos tipos de plátanos y de papaya. Algunos plantan también arroz, ajíes, pepino y tomate.

Pero las actividades agrícolas no se restringen al espacio de las rozas, aunque ellas sean la principal fuente alimentaria. Los terrenos alrededor de las casas están repletos de plantas cultivadas que también sirven de alimento (además de las plantas usadas como remedio). Son huertas colmadas de árboles frutales, hortalizas, condimentos: cebolletas, achicoria, perejil, culantro, ají malagueta, pimienta del reino, couve, vinagre (o vinagrera), repollo, copoazú, mango, papaya, limón, naranja, mandarina, cacao, cajú, maracuyá, palta son los más comunes.

"Además de mandioca y yuca, planto cacao, copoazú, calabaza, sandía, patata, plátano, caña, aguacate, maíz." - Fernando Aguiar Rocha, Garimpero, 28 años, Praia Grande, Riozinho do Anfrísio, 2015.

Tener una roza abundante y variada es una satisfacción y una seguridad para la familia, que tiene cómo alimentarse incluso si la caza y la pesca fallan. La variedad de mandiocas y otros alimentos en la granja depende del interés de cada persona o familia en el cultivo de los distintos tipos de plantas existentes. Algunas personas hacen roza básicamente para la producción de harina y con plantas bien adaptadas, que requieren relativamente poco esfuerzo y cuidado, como maíz, calabaza, patata dulce, plátano. Otras personas buscan diversificar y plantar tomate, pepino, quiabo, pepino, frijoles, haba, couve.

"El alimento viene de la roza. Hay lo que vas a comprar, pero la roza tiene yuca, tiene cará, patata, frijol, allí tienes fava, tienes plátano, tienes caña, una calabaza, tienes sandía. Entonces, eso es una gran ayuda de la roza." - Reginaldo Pereira do Nascimen, "Reginho", 64 años, Boa Saúde, Riozinho do Anfrísio, 2015.

"Me gusta hacer roza porque de ahí yo saco mi alimento, saco mandioca, maíz, sandía, calabaza, frijolito". - Jackson Rodrigues da Silva, "Jacu", 61 años, Maribel, Río Iriri, 2015.

"Las plantas de la roza son importantes, la gente da, la gente vende, es importante para dar esa satisfacción a esa persona. Y para nosotros también. A veces nosotros no tenemos almuerzo, entonces se hace una calabaza en la leche de la castaña, se coge un pepino, y listo." - Francisco Ricardo Santos da Silva, "Ricardo", 48 años, As Croas, Riozinho do Anfrísio, 2015.

La seguridad alimentaria promovida por la roza alcanza también la crianza. Parte de la producción de la roza, principalmente el maíz, pero también la yuca, se dirige a la alimentación de las gallinas y los patos, garantizando la reproducción de estos animales.

"Los animales del corral que se alimentan de la roza son los patos, las gallinas. Los animales criados por la gente también se alimentan de la roza, la gente saca de la roza para eso." - Reginaldo Pereira do Nascimento, "Reginho", 64 años, Boa Saúde, Riozinho do Anfrísio, 2015.

La harina de mandioca es la base de la alimentación ribereña. Es necesario tener una roza abundante para no quedar "brefado"¹. Al final de esta sesión son descritas las formas de preparación de la harina.

¹Estar "en el brefo" es lo mismo que quedarse sin harina.

Cortar caucho

La actividad cauchera fue responsable de impulsar la ocupación no indígena en la Tierra del Medio. Todas las familias que residen en localidades a orillas del Río Iriri y Riozinho do Anfrísio descienden de caucheros del primer y del segundo ciclo del caucho, períodos en los que los moradores de la ribera no tenían otra alternativa segura de renta. Algunas familias de la ribera descienden de caucheros que trabajaron en Fordlândia y que pasaron de Tapajós a la cuenca del río Xingú cuando la actividad en Itaituba terminó, junto con la segunda guerra. La extracción de látex para la producción de caucho en la Tierra del Medio tuvo picos de producción a lo largo del siglo XX, acompañando las oscilaciones del mercado internacional. Los patrones buscaban ejercer control sobre sus caucheros demandando metas altas de producción y prohibiendo la venta del caucho a otros caucheros.

"Toda la producción que la gente hacía vendía para ellos, para el patrón. Si se vendía un caucho por fuera a otro, otro jefe, ah, eso no se podía, no. Él se ponía bravo, era arriesgado quitarme de mi lugar para no vender. Tenía que vender para él." - José Pessoa del Nacimiento, "Jinu”, 71 años, Altamira, 2014.

A medida que el caucho de la Amazonia fue perdiendo espacio en el mercado internacional y que los caucheros se adaptaron al bosque hasta el punto de depender muy poco de los patrones, el control ejercido sobre la producción de los caucheros fue también volviéndose menos intensa. Caucheros que aprendieron a establecer una localidad y abrir sus propias carreteras podían enfrentar el monopolio impuesto por los patrones.

"Este nuestro lugar aquí [alto Riozinho] no era comandado por el Anfrísio. Mi padre, Otavio, vendía el caucho de él para quien él quisiera. Habían lugares que eran de Anfrísio, donde él mandaba abrir el camino, limpiar el camino, y eso iba por su cuenta, y el cauchero no pagaba, eso era botado por Anfrísio.

Hubo un tiempo que cogieron el caucho del Moés¹, allá abajo, que era del padre. El Frizán. Entonces mi padre llegó allí a Altamira y el caucho fue todo recogido. Porque el camino de mi padre no era colocado por el Frizán. Él era el patrón, pero la localidad no era hecha por él. Era del finado Anfrísio, el río, pero tampoco todo el lugar era de él. Con mi padre no tenía negocio. Él vendía la producción para quien él quisiera. El patrón era el finado Frizan, pero mi padre podía encontrar a otra persona para que él vendiera, tal como el Moés, que vino y negoció con nosotros mucho tiemp. El caucho de los otros caucheros el Frizan “empastelaba”, pero el de nosotros no “empastelaba”. “Empastelar” es mandar coger el caucho. De mi padre, los primeros [que compraban] eran el Frizán, el Moés y luego el Antônio Manelito. Había varias personas que compraban." - Francisco Castro, "Chico Caroço", 55 años, Lajeado, Riozinho do Anfrísio, 2014.

A lo largo de la permanencia de los caucheros en la Tierra del Medio, un conjunto de prácticas y conocimientos sobre el oficio fue siendo construido y transmitido a través de las generaciones. Pero también hubo cambios en las herramientas, en el modo de producir el caucho, en el volumen de producción, en las relaciones comerciales.

En las décadas de 1960 y 1970, muchos caucheros se dedicaron a la caza de felinos para vender pieles porque la renta obtenida con el caucho ya no era insuficiente. En los años 1980, varios establecimientos y senderos del caucho ya habían sido abandonados.

Familias enteras resolvieron ir a vivir en la ciudad o en lugares más cercanos de los ramales que acceden a la carretera Transamazónica. Los que se quedaron fueron sustituyendo paulatinamente la renta de la producción de caucho por otras actividades como la minería informal, pesca y extracción de caoba (la castaña siguió siendo extraída todo los años en los meses de invierno). Los mapas de las pág. 10 y 24, que presentan las localidades ribereñas actuales y antiguas, revela el número significativo de localidades abandonadas a medida que el interés comercial por el caucho fue decayendo.

Con la reducción del número de caucheros en la ribera, otro tipo de cambio es percibido por los más viejos: había disposición y ánimo para hacer caucho, los caucheros querían recolectar más caucho que los otros, y eso era una motivación para todos.

"No daba más para yo poder trabajar cortando jeringa y este era el caso de muchos. No estaba dando como para mantener la casa. Era el precio. No daba para comprar comida para la casa ni para comprar nada más. Antes, con un kilo de caucho se compraba un kilo de azúcar y sobraba. Y se llegó al punto de necesitar cuatro kilos de caucho para comprar un kilo de azúcar. La gente abandonó eso para hacer algo que diera realmente para manutención de la casa, e ir a aguantando. Fue lo que pasó.

La población nueva de hoy no tiene más aquella gran alegría de hacer caucho, porque no es como en los días antiguos. Cuando llegaba cerca de la época en que estamos, cada sujeto ya estaba cuidando de iniciar el corte del caucho, arreglando el camino, esperando salir por los senderos en la seca para cortar. Cada sujeto quería cortar más para hacer más caucho que el otro. Hoy no hay ese gran entusiasmo por eso, ¿sabe?" - Francisco Castro, "Chico Caroço", 55 años, Lajeado, Riozinho do Anfrísio, 2014.

Aunque la actividad haya perdido centralidad económica, actualmente muchas personas continúan cortando caucho. Esta obstinación por el oficio tiene relación con un valor habitual, con la identidad del pueblo ribereño, con la aptitud para un trabajo de resultado seguro y el gusto por el espacio de la floresta. La conversación con los caucheros de la ribera sobre ese trabajo conduce invariablemente a esas cuestiones.

"Si no fuera por el caucho, la gente no estaría aquí ni dando continuidad a ella ni queriendo crecer. Tiene una gran importancia para este lugar, porque es uno de los principales trabajos aquí, el más visto. El caucho es uno de los productos que no puede caer nunca, es un material que nunca puede acabar, tiene un gran valor no sólo para la comunidad, sino para todo el país. Hay mucho caucho ahí afuera que no había antiguamente, pero hoy hay, sólo que el caucho de aquí es la natural, caucho que existía de la Amazonia. Tiene buena calidad, es un caucho bueno." - Francisco Castro, "Chico Caroço", 55 años, Lajeado, Riozinho do Anfrísio, 2014.

Chico Blanco había dejado de cortar caucho, pero el aumento de precio y el suministro seguro del caucho para los compradores de fuera lo estimularon a volver a la actividad en los últimos años. Antes de eso, estaba trabajando en la pesca y considera que extraer caucho en el ambiente de la floresta es un trabajo más tranquilo que pescar.

"Para andar en el bosque, ando tranquilo. Me gusta mucho caminar en el bosque. Para mí, no sé de los demás por ahí que cortan caucho, pero lo que he cortado hasta ahora no faltó para mí, tengo mis cositas para comprar. En todo rincón ahí yo me ocupo de dos cosas: corta caucho y abrir camino." - Francisco Mendes, "Chico Branco", 49 años, Lajeiro, Río Iriri.

"Me parece muy bueno cortar caucho, me gusta caminar así en el bosque. En la roza es bueno también, pero la calentura es muy fuerte. En el bosque es fresco. Yo dejé estos tiempos de cortar por qué no tengo cómo cortar; vendí mi arma, me quedé sin arma." - Rizomar Soares, "Maneta", Paulo Afonso, Riozinho do Anfrísio, 2015.

Incluso aquellos que dejaron de cortar caucho, expresan su respeto por los caucheros. Se oye frecuentemente "fui criado en la leche del caucho", haciendo alusión a la propia leche materna, al deber a estos árboles el sustento de su familia. La experiencia adquirida por los caucheros en la rutina silenciosa que caracteriza el trabajo de cortar caucho amplifica la percepción y la comprensión de la floresta, enriquece el aprendizaje sobre las relaciones dinámicas entre árboles, animales y ambientes.

El trabajo en la extracción de látex tuvo una tal importancia en la construcción del modo de vida creado en la ribera que incluso con los sucesivos ciclos económicos no fue suplantado ni simbólica ni prácticamente. Las marcas de la historia de la actividad cauchera son visibles también en el paisaje de la floresta, en los numerosos árboles "rayados" existentes por todas partes. Los cortes encontrados en lo alto de los troncos de los caucheros son marcadores de tiempo, remiten al período de gran productividad e indican que hace decenas de años, en aquella floresta, en ese mismo árbol, un cauchero dedicó su fuerza de trabajo.

¹Moés era comprador de caucho, pero no llegó a actuar como cauchero.

Canoa y otras embarcaciones

La canoa es la principal embarcación de los ribereños del río del Anfrisio y del Río Iriri¹. Puede ser llamada también "casco", cuando se refiere específicamente al tronco excavado sobre el cual son colocados bancos y cargas². Las canoas eran impulsadas exclusivamente a remo hasta los años de 1970, cuando se introdujeron los primeros motores de cola. Esta modalidad de motor de popa pasó a ser un ítem indispensable para agilizar el transporte local, siendo encontrado en casi toda localidad ribereña en la Tierra del Medio.

Las canoas son importantes instrumentos de trabajo y ocio, además de fundamentales para viabilizar la educación escolar y la salud. Son utilizadas para acceder a áreas de trabajo más distantes, como senderos de caucho, castañales, rozas y áreas de extracción de copaiba, andiroba, paja, frutas. Transportan alumnos a la escuela diariamente; y pacientes que necesitan atención en los puestos de salud o en la casa de un rezador o especialista en medicamentos de la floresta. Cargan familias enteras para participar en fiestas y torneos de fútbol, ​​que ocurren con frecuencia en las riberas.

Las canoas movidas a motor no suelen viajar hasta Altamira, puede ser peligroso sobre todo si la canoa está muy cargada. Dependiendo de la época del año, hay puntos turbulentos del río, y pasar con la canoa cargada por esos puntos, aunque conducida por un buen canoero, es arriesgado. Los viajes de motor de cola a Altamira, requieren del coraje y la obstinación de los tripulantes.

El remo sigue siendo de uso frecuente. Se utiliza en desplazamientos cortos, para pescar, cazar, para visitar localidades más cercanas. A los ancianos les gusta remar largos trechos porque pueden mirar mejor el río y aprovechar oportunidades de caza que, en función del silencio, se vuelven más frecuentes. Los más jóvenes, creados en el tiempo del motor de cola, tienden a encontrar los viajes a remo demasiado lentos.

La canoa más común en la región está hecha de un tronco excavado, abombado en los laterales por medio de fuego, con popa y proa rectas. Las canoas de tronco excavado que no van al fuego se hacen con árboles muy grandes, y prácticamente no se ve más ese tipo de embarcación en la Tierra del Medio, aunque se reconozca que son mejores. Las canoas de casco entero, con la proa y popa embutidas, no tienen grietas resultantes del proceso de apertura, por lo que duran más tiempo. Aunque raramente, otros dos tipos de canoa también circulan en el alero: la catraia [bote simple] y la canoa de tres tablas.

La catraia, hecha de tablas, con los laterales más altos y la proa triangular, es considerada más segura para viajar en el Bajo Rio Iriri y en el Río Xingu. No se encontraron catraias construidas en la ribera y, generalmente, ese tipo de casco es traído de otra región.

La canoa de tres tablas tiene el piso horizontal de tabla única y los laterales hechos de dos tablas, una de cada lado, conectando la proa triangular a la popa recta. Se encontró sólo dos canoas de tres tablas: una siendo construida en la localidad Riso da Noite, donde funciona el taller de construcción de canoas del Tonheira y sus hijos³ y otra en Maribel.

Conforme al tamaño, cualquier canoa puede ser movida a remo o a motorde cola. Canoas o catraias muy grandes son pesadas y anchas, prácticamente inviabilizan la navegación a remo. En cambio, las canoas demasiado pequeñas no soportan el peso del motor en la popa. Las catraias son embarcaciones más robustas, e incluso las menores pueden ser motorizadas. Lo que va a determinar el tamaño de una canoa es su propósito. Las pequeñas, con 20 o 18 palmos, son hechas para navegar a remo, y son llamadas "canoas de marisco". Cargan una o dos personas y son utilizadas para la pesca en las inmediaciones de la localidad. Las canoas de marisco tienen una quilla en la popa, lo que las hace aplomadas.

Canoas grandes, con más de 20 palmos, son para desplazamientos mayores y navegan con motor. Estas canoas tienen la proa suspendida y no tienen quilla, y lo que garantiza el alzamiento es el propio motor de cola que acaba sirviendo de timón. Entre las canoas grandes, algunas son cargueras. Esas tienen el casco más profundo y aguantan peso sin que el borde de la canoa quede cerca del nivel del agua. Una canoa carguera que soporta 700 kilos es capaz de transportar a una familia de ocho personas más el equipaje. El maestro Tonheira, en el río del Anfrísio, hace cascos con capacidad de hasta una tonelada, pero la navegabilidad de esas embarcaciones es dificultada en el verano, principalmente en los trechos sinuosos de los cerrados.

El tamaño de una canoa puede ser medido en palmos o por el soporte de carga, ya sea en kilos, número de personas o en unidades conocidas como sacos de castaña o bloques de caucho.

"La mayor canoa que hice es la mía, de 30 palmos. Ella no está bien arreglada, pero yo ya puse cuatro, cuatro más, ocho, tres y más tres, seis, cuatro sacos de castaña míos, de caja y media, cuatro de yuca, de caja y media. Pusimos dos, tres de él, grande de dos y media, y tres míos de dos y media. Y aún llevaba en la base unas tres bolsas. Además de mi, él y el motor, todo en ese casco allí. "Y él no se bajó, no, aún quedó alzado; trajimos sólo una barcada, de ahí arriba del igarapé, de castaña." - Francisco Mariano Luna dos Santos, “Bode”, 40 años, São Pedro, Riozinho do Anfrísio, 2015.

Además de las canoas, los ribereños hacen barcos y lanchas. Son embarcaciones cubiertas, usadas en largos viajes, movidas por un motor de cola más potente o un motor de centro. Los barcos pueden ser hechos de tabla o a partir de cascos grandes, reforzados en los laterales, con proa triangular y una tolda de lona o madera. Las lanchas, en cambio, son grandes embarcaciones que soportan toneladas de carga, con una caseta de madera donde el piloto queda más alto, con visión privilegiada del río; en la parte delantera tiene espacio cubierto para carga y para atar redes, y en la popa una cubierta donde se prepara la alimentación de los viajeros. Los barcos que conducen a los alumnos en el Iriri son de ese tipo, así como los barcos de los pescadores y de los regateadores [vendedores minoristas].

En el río del Anfrísio, los tramos de cerrado (partes estrechas del río) limitan el paso de grandes embarcaciones. Por eso, el transporte de alumnos se hace con pequeños barcos (cascos o catraias con una tolda, el también llamado rabetão).

¹Brasil es posiblemente el país con la mayor diversidad de tipos de embarcación del mundo. Este patrimonio naval se fue desarrollando a lo largo de los siglos en cada región, considerando la inmensa extensión costera, y la posesión de una de las mayores reservas de agua dulce del planeta (sitio Iphan).

²Casco también puede designar cuerpos de metal y botes.

³La canoa en construcción en Riso da Noite era un pedido inusual.

Petróleo en el noreste: un relato de quienes resisten 

Author: Alicia Morais, , representante del segmento de recolectoras de mangaba [Hancornia speciosa] en el Consejo Nacional de Pueblos y Comunidades Tradicionales, guerrera de los territorios de las mangabeiras, en Indiaroba (Sergipe).

* Transcripción de una entrevista realizada en octubre del 2019 sobre la catastrófica situación en el noreste de Brasil durante la segunda mitad de 2019 y el protagonismo comunitario para superar este desafío. Ver noticias sobre el tema aquí.

“Aquí en Sergipe todo fue impactado, todo ....... Abais, Porto do Mato, Mangue Seco, que ya está entre Bahía y Sergipe ....... río Real, río Piauí, todas esas playas y ríos fueron alcanzados por mucho petróleo.”
 
SLos movimientos sociales se manifestaron para llamar la atención del gobierno estadual, del gobierno municipal y principalmente del gobierno federal ... Aquí, en Sergipe, el petróleo ha estado allí durante más de dos meses y no hemos visto ninguna iniciativa del gobierno respecto de las comunidades tradicionales (CT). Tuvimos la visita del Ministro de Medio Ambiente por dos veces, pero no hubo un posicionamiento ante las CTs. Se dijo que el gobierno estaba tratando de averiguar dónde estaba localizada la fuente y que aún no tenía una respuesta, pero no se mencionó la posibilidad de tomar ninguna providencia. Todas las comunidades ya estaban impactadas y directamente afectadas en la venta de mariscos, pues ya nadie quiere comprar pescado o mariscos por temor a tener residuos. Y con razón, porque los manglares ya están inundados por ese aceite, por lo que automáticamente sospechamos que los mariscos y peces que viven en los manglares ya están contaminados.

El turismo cayó, cayó mucho, alrededor del 95%. Sólo vienen turistas que hacen viajes en goleta, pero no tienen el coraje de ir al mar a bañarse, porque no existe tal posibilidad. Nosotros hacemos lo que podemos para limpiar el mar, las playas afectadas, sin la ayuda del gobierno; algunas organizaciones se están movilizando, haciendo algunas donaciones, de guantes, esas cosas, pero es muy poco; el gobierno aún no se ha posicionado en relación a eso. Las personas están limpiando directamente con las manos, porque tienen que limpiar para sobrevivir, porque hay personas que no tienen otro medio de ingreso; los ingresos vienen exclusivamente de la pesca, de la extracción. E incluso los recolectores de mangabeira, que viven de la pesca y la extracción, también lo sienten, porque el turista ya no viene a comprar los productos, y no hay forma de vender una cocada, nada, porque no hay nadie a quien vender.

Entonces, en cierto modo, todos están siendo directamente perjudicados. Esta contaminación afecta a todos. Nosotros, los que vivimos en comunidades, vivimos en un ciclo, es un ciclo el que mueve la forma en que vivimos. Entonces, si el turista no viene, no tengo forma de vender mi producto que fue hecho de mangaba más otras frutas de la restinga; contamos mucho con el turista para vender. Si no hay turista, no hay venta. El marisco está afectado al 100%. Otra cosa que nos preocupa es el residuo que estamos recolectando en las playas: nosotros los estamos dejando expuesto, es el alquitrán que está expuesto y termina contaminando el medio ambiente ... al sol se derrite y solo Dios sabe lo que eso causará en las plantaciones ... no hay manera de que podamos retirar esa cantidad de alquitrán... para botarlo ¿donde?

Que yo sepa, solo un ayuntamiento está recogiendo el alquitrán, los otros no. Aquí en Aracaju ya ha habido dos audiencias públicas convocadas por los movimientos sociales, los recolectores de mangabas, los recolectores de mariscos, los quilombolas, las mujeres campesinas y los pescadores. Celebramos esa audiencia para gritar que las comunidades tradicionales necesitan una respuesta del gobierno a este respecto, porque necesitamos continuar sobreviviendo y resistiendo en nuestras comunidades, lo que no es nada fácil. El gobierno se muestra preocupado solo por los animales marinos, como las tortugas, los delfines ... es muy importante que estos animales puedan sobrevivir, pero nosotros también, los pueblos y comunidades tradicionales que hemos vivido en estas áreas durante muchos, muchos años, necesitamos seguir viviendo y sobreviviendo en nuestro territorio vivo.
 
Lo único que oímos que el Presidente va a hacer - que aún no ha hecho, pero que va a hacer - es anticipar el seguro defeso [subsidio al pescador artesanal durante el período en que está impedido de realizar su actividad]. Entonces yo le digo: hay pescadores aquí que están hace más de tres, cuatro años sin recibir seguro defeso... y él viene a decirnos aquí que anticipará el seguro de diciembre. En realidad, él no anticipa el seguro defeso, él está pagando uno de los muchos atrasados ... y el seguro defeso es un derecho que el pescador ya tiene, independientemente de este desastre ambiental, este derrame de petróleo. El seguro defeso es un derecho de pescadores. Dar un seguro defeso no es un favor, lo que hay que hacer ahora es indemnizar a las comunidades tradicionales para que podamos seguir alimentándonos, pagando nuestras cuentas y sobreviviendo.
 
Por lo tanto, pagar un seguro defeso no resolverá la situación de las comunidades tradicionales, este es un derecho de los pescadores. Otra cosa, el seguro defeso aquí, en Sergipe, es solo en relación a los camarones, a sólo una especie de camarones. Y aquellos pescadores que no reciben seguro defeso porque no pescan ese tipo de camarones sino otro, o que pescan tainha, robalo, aratu, siri o cangrejo ... estos pescadores ¿es que no se vieron afectados? Eso es lo que preguntamos.
 
Otra cosa importante para dejar registrado: identidad no es profesión. Hay muchas recolectoras de mangaba, por ejemplo, que se identificaron como recolectoras de mangaba, que ya no tienen derecho a ser pescadoras, de vincularse con la colonia de pescadores y pesacoras, porque tienen que elegir una sola profesión, un segmento. Esto es muy difícil, es algo que salió del gobierno y a eso lamentablemente muchas colonias pesqueras han adherido. Nosotras somos recolectoras, extractivistas, somos muchas cosas en nuestro territorio ... la mangaba no da todo el año, tiene una zafra. Entonces, ¿cómo quedo en el período de entre-zafra si yo no recibo ningún seguro defeso en relación a la mangaba? Nosotros, los que vivimos en comunidades tradicionales, no hacemos una sola cosa: pescamos, recolectamos mariscos, recolectamos frutas, practicamos el extractivismo, construimos nuestras casas, somos manicuristas, peluqueros. Pueden llamarnos de albañil, de cantera, pero no es porque estamos construyendo nuestras casas que dejaremos de ser recolectoras de mariscos, recolectores de mangaba, pescadoras. Necesitamos de alguna manera mantenernos, porque no vivimos navegando en ríos de dinero.

El Gobierno tiene que averiguar quién es responsable para demandar respuesta y responsabilidad de este desastre que ya ha matado miles de vidas.

La gestión de la pesca en la Amazonía brasileña

Autoría: Antonio Oviedo (doctor en desarrollo sostenible)

La gestión participativa de la pesca en la Amazonía es conocida localmente bajo la designación general de "acuerdos de pesca". Estos son generados y reconocidos por algunas comunidades amazónicas y son válidos para tramos de ríos y lagos seleccionados. Son una herramienta importante para controlar el acceso desigual y la consiguiente degradación de los recursos. Los acuerdos son un paso hacia el equilibrio de intereses individuales y colectivos, generando beneficios en ambas dimensiones.

Los acuerdos de pesca son cada vez más relevantes para las políticas públicas que intentan definir los derechos de acceso a los recursos acuáticos en lagos y ríos. Al incorporar usuarios, los acuerdos representan una forma más eficiente de resolver muchos problemas asociados con la gestión de la pesca. Las comunidades ribereñas pueden usar de manera sostenible los recursos de propiedad común, y esto es particularmente cierto en casos que involucran el agotamiento de recursos en la cuenca, conflictos entre grupos de usuarios y diseño de políticas apropiadas.

Los modos de gestión participativa que han evolucionado en las planicies inundables de la Amazonía, especialmente en áreas protegidas, son el resultado de procesos de aprendizaje social que involucran iniciativas locales, gobiernos, universidades, ONGs y agencias internacionales de financiamiento. El aprendizaje social entre los actores ha creado oportunidades para una mejor comprensión de las innovaciones en la conservación de recursos y para suavizar la jerarquía entre los actores. Ese mismo aprendizaje creó un espacio para la integración de los conocimientos tradicionales al proceso de innovación. Y su implementación en las últimas tres décadas ha avanzado lo suficiente como para permitir el examen de los componentes principales de este sistema emergente.

Las planicies inundables amazónicas

Cada año, las aguas del río Amazonas y sus afluentes desbordan las orillas de sus extensas secciones inferiores e inundan un área inmensa estimada en 64’591,108 hectáreas. Estas planicies inundadas son las más grandes del planeta. Durante casi seis meses del año, las aguas se elevan de 10 a 15 metros, inundando los bosques circundantes y creando un ecosistema acuático único que depende de estas inundaciones periódicas. Los humedales son utilizados por animales notables como el pez de agua dulce más grande del mundo, pirarucu (Arapaima gigas), delfín rosado (Inia geoffrensis), nutria gigante (Pteronura brasiliensis), caimanes (Melanosuchus niger) y manatíes amazónicos (Trichechus inunguis), así como docenas de especies de peces que comen frutas y que habitan en los troncos de los árboles parcialmente sumergidos. Los investigadores han catalogado cientos de especies de peces y aves, una amplia variedad de mamíferos, reptiles y anfibios, así como una diversidad excepcional de árboles que viven o dependen de este ecosistema único.

Desde el punto de vista de las poblaciones ribereñas amazónicas, el paisaje de la planicie de inundación tiene cuatro componentes principales: los cauces principales de los ríos, los diques naturales que bordean estos cauces, los lagos permanentes de las planicies de inundación que ocupan gran parte del interior de estas áreas y los pastizales inundados estacionalmente que cubren la zona de transición entre diques y lagos.  Los lagos, en realidad, forman redes y varían en tamaño y duración (algunos se secan durante la temporada sin inundaciones). Pueden cubrir áreas muy grandes y varían considerablemente en tamaño, características ambientales y abundancia de recursos.

La tenencia de la tierra refleja patrones de uso de recursos. Las propiedades se miden en metros lineales de sus fachadas a lo largo de ríos inundados y se extienden tierra adentro, abarcando lagos o canales. Este sistema asegura que cada familia tendrá acceso a los cuatro componentes del paisaje mencionados anteriormente. Aunque se reconoce la propiedad privada, hay un cambio gradual del uso privado al uso colectivo a medida que cada propiedad se aleja de los diques naturales hacia los lagos. Los diques, donde se concentra toda la infraestructura del hogar, están claramente delimitados. Los pastizales, aunque nominalmente considerado como propiedad privada, tiende a ser tratado como un recurso común donde todos los residentes pueden colocar su ganado. Los lagos interiores también se consideran propiedad común de quienes poseen la tierra alrededor de sus costas, ya sean comunidades o grandes ganaderos.

Las políticas públicas destinadas a la conservación de los recursos acuáticos y la pesca en la región amazónica se han polarizado entre la intervención estatal y su omisión. Las soluciones comunitarias se han subestimado debido a la prevalencia de comportamientos y prácticas individualistas, típicos de situaciones en las que las regulaciones estatales son más efectivas. En este contexto, la metáfora de la "tragedia de los comunes" de Hardin ¹ es una referencia importante. Implementar estrategias que integren la conservación y el desarrollo es un verdadero desafío en este tipo de ambiente natural.

Según los estándares históricos, el pescado es un componente crucial de la dieta de las poblaciones ribereñas. Las técnicas de captura y conservación de vanguardia y los modos de transporte más eficientes han permitido que la pesca pase de las esferas limitadas de los mercados de subsistencia a mercados comerciales más grandes. Como resultado, desde la década de 1990 han disminuido tanto la cantidad como la calidad de las capturas en la pesca regional. Las poblaciones de algunas de las especies más tradicionales, como el pirarucu (Arapaima gigas), el tambaqui (Colossoma macropomum) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) están sufriendo las consecuencias de la sobrepesca. Las existencias de especies de importancia regional como el mandi (Pimelodus spp.) en el estado de Acre también están amenazadas por la sobrepesca.

Evolución de las políticas públicas de gestión de la pesca

Las bases para la gestión de la pesca en Brasil fueron establecidas en la década de 1960 y fueron mantenidas hasta fines de la década de 1990 por la SUDEPE [Superintendencia de Desarrollo de la Pesca] y su agencia sucesora, IBAMA [Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables]. Este modelo tenía como objetivo aumentar la producción, con poca o ninguna preocupación por la sostenibilidad de las poblaciones de pesca. No abordó las dimensiones sociales, culturales y ambientales. Este modo de regulación se basaba en estadísticas incompletas y era un reflejo del débil control regulatorio sobre la actividad pesquera.

No obstante, desde mediados de la década de 1980, el proceso de redemocratización nacional ha provocado cambios en el papel del gobierno. Hubo una fuerte tendencia hacia la descentralización de varias políticas públicas que anteriormente estaban bajo la exclusiva responsabilidad del gobierno federal. En un país de dimensiones continentales, el fin de la dictadura militar llevó a la creencia de que la gobernabilidad sería más efectiva si estuviera más enfocada a nivel regional y local. Las leyes y regulaciones sobre temas como la tala, la caza, la pesca, el uso de la tierra, la conservación, la protección del medio ambiente y el control de la contaminación se han descentralizado cada vez más. Esta fue una oportunidad para introducir una acción gubernamental más efectiva en términos de regulación, aplicación y control.

El IBAMA fue creado en 1989 y heredó, entre otras funciones, el papel de la SUDEPE en la regulación de la pesca. En este contexto, el Departamento de Pesca y Acuicultura de IBAMA implementó en 1992 el Programa de Organización de Pesca en las Cuencas Hidrográficas. Las acciones se centraron en las regulaciones para la actividad pesquera, incluyendo enfoques sobre el ordenamiento territorial. A la vez, surgió la percepción sobre la necesidad de incluir instituciones federales, estatales y municipales relevantes y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.

Realizado por IBAMA, el Proyecto IARA - Gestión de los Recursos Pesqueros del Medio Amazonas - fue importante para lograr mejoras en la gestión. Se implementó en Pará y Amazonas, de 1991 a 1995. Otras organizaciones colaboraron (institutos de investigación, gobiernos locales y colonias de pescadores) y el proyecto creó una importante base de datos socioeconómicos y ambientales, fortaleciendo el papel de las instituciones locales.

Desde 1996, las oficinas locales del IBAMA han ganado más autonomía para definir la regulación pesquera. Un ejemplo es la ordenanza emitida en el 2002 por la oficina de IBAMA en el estado de Amazonas, que aborda la pesca deportiva, recreativa y de subsistencia. Otro ejemplo, del mismo año, es la regulación que estableció la zonificación de lagos en el municipio de Lábrea, definiendo cuáles deberían quedar prohibidos al uso para el mantenimiento de las existencias y la reproducción, así como las normas sobre los usuarios y la imposición de sanciones. Esta descentralización alcanzó nivel municipal, como sucedió, por ejemplo, en el municipio de Silves. En el 2000, IBAMA emitió una ordenanza local sobre la zonificación de los lagos bajo su jurisdicción. Lagos diferentes son asignados a diferentes funciones, como la crianza de animales, la pesca de subsistencia y la pesca comercial. El mismo estatuto creó un Consejo de Control Municipal, responsable de la supervisión y el cumplimiento de las sanciones. En el 2005, los gobiernos municipales de Manoel Urbano y Feijó, y las tierras indígenas Kaxinawa de los ríos Purús y Tarauacá organizaron un foro con representantes de las comunidades pesqueras locales con la finalidad de reunir materiales para redactar propuestas de acuerdos de pesca a ser presentados ante el IBAMA. Las propuestas establecían reglas de manejo de la pesca y regulaciones específicas para el manejo del pirarucu en lagos seleccionados.

En el 2000, IBAMA dio un paso importante hacia la implementación de la gestión participativa de la pesca en la Amazonía. Con el apoyo de organizaciones internacionales, el Ministerio de Medio Ambiente e IBAMA iniciaron el Proyecto de Gestión de Recursos de Planicies Inundables Naturales - Pró-Várzea. Con el fin de crear bases técnicas y políticas para la conservación y gestión de los recursos de los humedales, Pró-Várzea identificó el ordenamiento territorial y la tenencia de la tierra como cuestiones estratégicas para la gestión participativa. El proyecto abogó por la necesidad de una nueva política de tierras que reconozca conjuntamente los derechos individuales y colectivos para usar lagos y pastizales de planicies inundables. Esta nueva política también debería fortalecer las instituciones de cogestión desarrolladas durante la década anterior.

Preocupados por el agotamiento de sus pesquerías, las comunidades comenzaron a presionar a IBAMA para bloquear la pesca comercial y negociar las normas de pesca. En 2003, IBAMA emitió un decreto que definió los criterios para la regulación de los acuerdos de pesca. Los acuerdos fueron definidos como "un conjunto de normas específicas que resultan de acuerdos de consenso entre usuarios de recursos pesqueros que se encuentran en una determinada área geográfica, o [...] un conjunto de reglas establecidas por las comunidades ribereñas para establecer acceso y formas de uso de los recursos de pesca en una región específica”. La Ordenanza 29/2002 de IBAMA allanó el camino para su integración en el marco regulatorio formal. Ella prohíbe las reglas que excluyen a “forasteros” (freeriders), pero apoya la adopción de reglas aceptadas tanto por moradores locales como por "forasteros".

A principios de la década del 2000, las bases para una política pública de implementación de los acuerdos pesqueros eran totalmente operativas con numerosos acuerdos pesqueros regulados por IBAMA a través de instrucciones normativas. La Ordenanza 29/2002 del IBAMA reconoció la pesca basada en la comunidad y abrió el camino para su integración en la estructura regulatoria formal.

En el 2001, el IBAMA creó un Programa de Agentes Ambientales Voluntarios, que colabora con sus actividades en los campos de educación y gestión de áreas ambientales protegidas. Esta medida fue extendida a agentes comunitarios voluntarios empeñados en la implementación de acuerdos de pesca ². El programa comenzó con inversiones en capacitación y desarrollo de capacidades para agentes voluntarios, pero terminó después de varios conflictos que involucraron a IBAMA, agentes voluntarios y miembros de la comunidad.

En julio de 2006, el INCRA inició una nueva política de uso y tenencia de la tierra en las zonas inundables. En Santarém, se adaptó un modelo de asentamiento llamado Proyecto de Asentamiento Agroextractivo, originalmente diseñado para beneficiar las áreas tradicionalmente colonizadas donde las poblaciones locales se involucrasen tanto en actividades extractivas como en agricultura. Una condición impuesta por el Ministerio Público para este nuevo modelo era que debería incluir acuerdos e instituciones pesqueras preexistentes. Las instituciones locales existentes diseñadas para la gestión de los recursos de las planicies inundables están siendo, de esa forma, adaptadas al nuevo marco político e institucional para la gestión de la pesca.

Desde 2017, la política de gestión de la pesca es compartida entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. La Ley Federal 140/2011 especificó que los derechos para regular la pesca en el dominio estadual pertenecen al gobierno estadual que puede ejercerlos u otorgarlos a instituciones locales. Además, el manejo de la pesca en las Unidades de Conservación está regulado por el Sistema Nacional de Unidades de Conservación (SNUC, Ley 9.985 / 2000) y sus planes de manejo, y en tierras indígenas está coordinado por la FUNAI, sobre la base de la política nacional de gestión territorial y ambiental de tierras indígenas (PNGATI) y los planes de gestión de tierras indígenas (PGTAs). En el caso del manejo del pirarucu, una especie que aparece como amenazada de extinción en las listas de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), los gobiernos federales y estaduales han establecido políticas de manejo, tamaño mínimo, transporte, procesamiento e incentivos para la prestación de servicios ambientales.

Avances en la gestión participativa

Varios estudios han mostrado resultados prometedores de los acuerdos de pesca, recogiendo entrevistas y resultados cuantitativos que informan sobre mejoras en la gestión participativa, la resolución de conflictos y el aumento de la productividad pesquera ³. Sin embargo, persisten desafíos en la fiscalización y aplicación de sanciones. A continuación, describimos algunas iniciativas en curso.

La región del bajo Amazonas en el municipio de Santarém es un ejemplo en el que los acuerdos de pesca han sido regulados para controlar la presión de la pesca sobre los sistemas de lagos locales. Raramente se especifica límites en los volúmenes de peces o tamaños mínimos de peces, que son medidas más difíciles de aplicar. Aunque algunos acuerdos buscan prohibir por completo la pesca comercial, la mayoría busca inhibirla. La preocupación central de los pescadores de las planicies inundables es mantener la productividad a un nivel satisfactorio empleando el equipamiento a su disposición.

Una característica importante de los acuerdos es que, en contraste con las políticas convencionales que protegen a los peces durante la temporada de desove, la mayoría de ellos apuntan a la temporada de aguas bajas cuando los peces quedan atrapados en cuerpos de agua más pequeños y, por lo tanto, son más vulnerables a la sobreexplotación. Los pescadores locales creen que el aumento del nivel del agua, que coincide con la temporada de desove, proporciona una protección natural adecuada. Las medidas típicas propuestas para la temporada de bajamar incluyen la prohibición del uso de redes y, en algunos casos, restricciones a la venta de pescado fuera de las comunidades.

Los acuerdos vigentes en Santarém incluyen normas sobre el uso de zonas inundables para la pesca, la agricultura y la ganadería. Un ejemplo son los "Acuerdos sobre búfalos", que adaptan el enfoque adoptado para la cogestión pesquera a la gestión de pasturas. Bajo la supervisión del Ministerio Público, el "Acuerdo de Ajuste de Conducta" se negocia entre los propietarios de ganado y otros residentes, estableciendo reglas para la cría de ganado y búfalos en las áreas de inundación. Estos acuerdos establecen plazos para que el ganado permanezca en los pastos de la comunidad y especifican una compensación por daños causados por el ganado a los cultivos. Los estudios centrados en pirarucu muestran que la producción en lagos gestionados en la región fue casi cinco veces mayor que en lagos no gestionados. En general, los lagos protegidos en Santarém tienen una productividad 60% mayor que los lagos no gestionados.

En la Reserva de Desarrollo Sostenible de Mamirauá, los acuerdos pesqueros y las medidas de gestión del pirarucu comenzaron en 1999. Con el tiempo y con resultados positivos, nuevas comunidades y regiones se integraron en el sistema de cogestión. Actualmente, los pescadores refieren un aumento significativo en la población adulta de pirarucus en lagos gestionados, de 4.500 a 12.000 individuos. Las lecciones aprendidas en la RDS Mamirauá se han replicado en más de 30 áreas protegidas en el Amazonas, como la RDS Cujubim, RDS Piagaçu Purús, RDS Uacari, RESEX del Medio Purús y RDSM Peixe Boi. Los resultados son muy positivos para la cadena de producción de pirarucu. Por ejemplo, en las Reservas Extractivas del Bajo Juruá y del Río Jutaí, el stock de pirarucu creció en casi un 150% en ambas áreas protegidas. Según ICMBio, el crecimiento promedio acumulado del stock de pirarucu en las áreas protegidas involucradas fue del 99% entre 2012 y 2016.

En la Reserva de Desarrollo Sostenible de Amanã se encuentra el sector de São José ⁴, donde un plan de gestión pesquera estableció la zonificación del sistema de lagos del Pantaleão, determinando los lagos de explotación comercial, los lagos de subsistencia y los de protección permanente. Los pescadores de fuera, con licencia de la Unión de Pescadores de Tefé y Alvarães, pueden beneficiarse de la pesca comercial si acuerdan acatar las reglas de manejo reguladas. Los acuerdos también establecen reglas para el manejo del pirarucu, que definen las cuotas de pesca y las operaciones de monitoreo y vigilancia. Los ingresos por ventas de pescado se dividen entre los miembros del grupo de gestión y las comunidades de acuerdo con su contribución a las acciones colectivas.

El Proyecto Alto Purús comenzó a operar en 2003 en los municipios de Manoel Urbano, Sena Madureira, Feijó y Tarauacá, a lo largo de los ríos Purús y Tarauacá. Los foros municipales, que reúnen a colonias de pescadores, IBAMA, el gobierno del estado de Acre, prefecturas y ONGs, aprueban las propuestas de acuerdos de pesca y definen un sistema de monitoreo voluntario. Los resultados muestran un aumento en la productividad de la pesca, así como una población estable de pirarucus ^{5 e 6}.

Las tierras indígenas también aportan modelos prometedores para la gestión sostenible de la pesca. Un ejemplo es la gestión de pirarucus por un conjunto de tierras indígenas: Acapuri de Cima, Deni, Macarrão, Paumari del lago Manissuã y del río Tapauá, que completa casi diez años de gestión y se ha convertido en la principal fuente de ingresos para las comunidades. El plan de manejo adoptado por las comunidades y la autorización de las cuotas de pesca y comercialización de pirarucu garantizan ingresos que brindan más autonomía e infraestructura para garantizar la calidad del manejo, así como también implementar operaciones de vigilancia en el territorio (que representan alrededor del 60% de costos de producción). La gestión de Pirarucu también ha ayudado a empoderar a las mujeres. Ellas comenzaron a participar en todas las etapas de la pesca, desde el recuento de existencias hasta el procesamiento de pescado.

Mirando hacia el futuro

En comparación con los sistemas convencionales, los sistemas de gestión participativa tienden a tener costos de oportunidad muy altos desde el punto de vista de los usuarios y del desempeño de las instituciones. Se tiene que participar activamente en el proceso de gestión, asistir a reuniones, crear reglas, mantener la infraestructura y patrullar los lagos. En la región amazónica, estas actividades tienden a ser muy caras por varias razones. Muchos sistemas de lagos son enormes y el combustible es costoso y difícil de obtener.

Un segundo desafío es el requisito de que los lagos locales permanezcan abiertos a los forasteros. Con la excepción de las áreas protegidas y los proyectos de asentamiento de planicies inundables (PAE), los acuerdos de pesca especifican cómo y cuándo pescar, pero no pueden especificar quién puede pescar. La ley brasileña considera todos los cuerpos de agua abiertos a la navegación libre. Sin embargo, esta interpretación confunde dos cuestiones fundamentalmente distintas: los derechos de navegación y los derechos de acceso a los peces en el agua. La navegación no tiene un efecto específico sobre el recurso, mientras que la pesca sí lo tiene.

Mecanismos efectivos para castigar a los infractores y resolver conflictos constituyen otro desafío para el éxito de la gestión participativa. Los agentes comunitarios voluntarios y los equipos de campo de IBAMA no han podido superar este desafío. Esto puede atribuirse en parte a la falta de recursos para llevar a cabo las operaciones de fiscalización, pero es más importante que eso refleja el hecho de que los agentes de IBAMA son reacios a compartir autoridad con miembros de la comunidad.

Finalmente, los mecanismos de responsabilización (accountability) para monitorear y evaluar las condiciones de pesca y el impacto de las reglas. La recopilación de información es una parte vital para crear un sentido local de ownership y de comprensión sobre cómo las regulaciones ayudan a lograr objetivos colectivos. La información también es esencial para lograr indicadores de desempeño, de modo que los usuarios vean los efectos de sus iniciativas, reforzando su motivación para administrar el sistema. Los acuerdos de pesca por lo general no incluyen procedimientos para recopilar información. La percepción de las comunidades ribereñas se basa principalmente en observaciones empíricas y no sistemáticas. Este contexto abre innumerables perspectivas futuras en innovación y desarrollo de tecnologías adaptativas de accountability.

En las últimas dos décadas, se han logrado avances considerables en la creación de modelos participativos de gestión de la pesca en la Amazonía. Las iniciativas de planificación y gestión espacial en la región revelan ejemplos de cómo diversos actores (comunidades, colonias pesqueras, ONGs, frigoríficos, agencias gubernamentales y agencias de cooperación internacional) pueden trabajar juntos para desarrollar un nuevo enfoque de las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible de la región, protegiendo los recursos locales y los medios de subsistencia, así como ampliando las oportunidades de mercado. También ilustran la capacidad de los participantes para aprender del proceso y ajustar el modelo.

La implementación de acuerdos de pesca es un proceso a largo plazo. No existe una solución única para la Amazonía. Sin embargo, existe una red de instituciones y acuerdos de pesca - formales e informales - que opera en muchas áreas diferentes y complementarias. El marco legal e institucional actual es adecuado para soluciones participativas, pero aún carece de acción gubernamental que brinde seguridad jurídica y asesoramiento a estas iniciativas.

Saiba Mais

• AMARAL, E., DE SOUSA, I.S., GONÇALVES, A.C.T., BRAGA, R., FERRAZ, P., CARVALHO, G.Manejo de Pirarucus (Arapaima gigas) em Lagos de Várzea de Uso Exclusivo de Pescadores Urbanos. Série Protocolos de Manejo de Recursos Naturais 1, Tefé, AM, 2011.
• AYRES, D.L. A implantação de uma unidade de conservação em área de várzea: a experiência de Mamirauá. In: Eds. D'INCAO, M.A. and SILVEIRA, I. M., eds. Amazônia e a crise da modernização. Belém, Pará: Museu Paraense Emílio Goeldi, p. 403-409, 1994.
• CASTELLO, L., PINEDO-VASQUEZ, M. and VIANA, J. P. . Participatory conservation and local knowledge in the Amazon várzea: the pirarucu management scheme in Mamirauá. In: PINEDO-VASQUEZ, M., RUFFINO, M., PADOCH, C. J. BRONDÍZIO, E.S. (eds). The Amazon Varzea: The Decade Past And The Decade Ahead, pp. 261-276. New York: Springer-Verlag, 2011b.
• OVIEDO, A.F.P. A gestão ambiental comunitária da pesca na Amazônia: o estudo de caso do alto Purus. PhD dissertation. Centro de Desenvolvimento Sustentável . Brasília: Universidade de Brasília, 2006.
• OVIEDO, A.F.P. Social Learning and Community Adaptation: Local level study of environmental impacts and adaptation to climate change. Annals 5th Community based Adaptation Conference. Dhaka: IIED, 2011.
• OVIEDO, A.F.P. and RUFFINO, M.L. Addressing common demands of community fisheries in the Brazilian Amazon. Annals Second International Symposium on the management of large rivers for fisheries. LARS2. Phnom Penh, p. 118-136, 2003.
• OVIEDO, A.F.P. and CROSSA, M.N. Manejo do pirarucu - sustentabilidade nos lagos do Acre. WWF-Brasil, Brasília, p. 67, 2011.

Notas e Referências

1. The tragedy of the commons. Science, 162, p. 1243-1248, 1968.
2. IBAMA. Manual Dos Agentes Ambientais Colaboradores. MMA. Brasília: IBAMA, 2001.
3. ALMEIDA, Oriana T.; LORENZEN, Kai; MCGRATH, D. G. Fishing agreements in the lower Amazon: for gain and restraint. Fisheries Management and Ecology, v. 16, n. 1, p. 61-67, 2009.
4. MANEJO DE PIRARUCUS (Arapaima gigas) EM LAGOS DE VÁRZEA DE USO COMPARTILHADO ENTRE PESCADORES URBANOS E RIBEIRINHOS. Diponible aquí.
5. OVIEDO, Antonio Francisco Perrone. Pescadores de Manoel Urbano e a construção de um território de pesca numa perspectiva etnoecológica. REVISTA CIÊNCIAS DA SOCIEDADE, v. 1, n. 2, p. 103-126, 2018.
6. Cartilha MANEJO DO PIRARUCU NA TERRA INDÍGENA PRAIA DO CARAPANÃ - POVO HUNI KUĨ - Disponible aquí.